?Qu¨¦ fue del 'caso Guateque'?

La investigaci¨®n judicial abierta por la mayor trama de corrupci¨®n destapada en el Ayuntamiento de Madrid cumple hoy un a?o sin visos de que llegue a su fin por los obst¨¢culos para realizar los peritajes econ¨®micos. Pese a los 365 d¨ªas transcurridos, las pesquisas judiciales del caso Guateque ponen ahora su punto de mira sobre los empresarios que entregaron suculentas mordidas a los funcionarios imputados a cambio de que les agilizasen los tr¨¢mite de las licencias de sus locales. El juez Santiago Torres concluir¨¢ el pr¨®ximo diciembre estas comparecencias, que se sustentan en los pagos anotados en las agentes intervenidas a los imputados que actuaban como intermediarios entre los empresarios y los empleados p¨²blicos encargados de la tramitaci¨®n de los expedientes.

Una vez que concluya esta fase, s¨®lo quedar¨¢n los dict¨¢menes periciales del patrimonio de los acusados, la auditoria de los expedientes y su posterior an¨¢lisis. Cuando el magistrado tenga sobre la mesa estos tres informes, lo que se podr¨ªa prolongar durante varios meses, transformar¨¢ la causa en procedimiento abreviado, es decir, pondr¨¢ punto y final a la investigaci¨®n. No obstante, la parte econ¨®mica est¨¢ paralizado desde el inicio de la causa por la negativa del Gobierno regional de adelantar fondos para practicar el peritaje. Los tent¨¢culos de la trama han tocado a funcionarios del Area de Urbanismo y Medio Ambiente, sin alcanzar a altos cargos del consistorio madrile?o. No ocurre lo mismo en el caso del Gobierno de Esperanza Aguirre. El viceconsejero de Transportes, Luis Armada, es el ¨²nico imputado de la esfera pol¨ªtica a cuenta de las anomal¨ªas detectadas en su gesti¨®n como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de 1997 a 2003.

El 'caso Becara'

No obstante, el juez desgaj¨® en julio de esta investigaci¨®n el caso Becara, que salpic¨® de lleno al presidente de la Junta de Salamanca, I?igo Henr¨ªquez de Luna. Esta nueva causa surgi¨® a instancias de una denuncia de unos vecinos del n¨²mero 18 de la calle Juan Bravo que relataron una serie de irregularidades cometidas en la afamada tienda de decoraci¨®n Becara por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El germen del caso est¨¢ en la Gerencia de Urbanismo y la Concejal¨ªa de Medio Ambiente, que focaliz¨® la atenci¨®n de la Guardia Civil desde el inicio de las indagaciones, que se extendieron a ocho Juntas Municipales de los 21 distritos que conforman la capital. Los investigadores descubrieron una red de cobro de comisiones ilegales que hasta entonces gozaba de una impunidad que casi se hizo cr¨®nica. Un informe del Instituto Armado activ¨® el primer cap¨ªtulo de la operaci¨®n.

El documento puso al juez en sobreaviso de que un grupo de funcionarios aprovechaba la falta de controles internos en los expedientes para obtener dinero a cambio de acelerar o paralizar los tr¨¢mites de estos permisos, cuya obtenci¨®n pod¨ªa demorarse hasta dos a?os. La primera fase arranc¨® a primera hora del 14 de noviembre y se sald¨® con 16 detenidos. Agentes de la Guardia Civil, acompa?ados de la Polic¨ªa Municipal, irrumpieron en Urbanismo, en Medio Ambiente y en las Juntas de Centro, San Blas y Chamber¨ª. El juez levant¨® as¨ª el velo de una tupida organizaci¨®n ilegal, cuya investigaci¨®n policial se inici¨® el 9 de marzo de 2006 a ra¨ªz de la denuncia de un particular, al que solicitaron 20.000 euros. Entre los detenidos estaban los supuestos cabecilla de la red: Victoriano Ceballos, hasta entonces jefe de Divisi¨®n de Impacto y An¨¢lisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez de Castro, que era el jefe del Departamento de Evaluaci¨®n Ambiental. El juez de guardia les envi¨®, junto a otros tres arrestados, a prisi¨®n por presuntos delitos de corrupci¨®n, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias.

El cerebro de la trama

En la c¨²spide de la red se sit¨²a Ceballos, quien lleg¨® en 1980 a la Junta de Moratalaz gracias a su cu?ado Saturnino Zapata, entonces concejal socialista de Personal. A?os despu¨¦s accedi¨® a la Concejal¨ªa de Medio Ambiente, donde se le abri¨® un expediente en 1987 por falsedad documental en la tramitaci¨®n de licencias para el citado distrito. Al final, se le apart¨® de la investigaci¨®n por falta de pruebas. Ademas de los cerebros de la trama, se decret¨® el ingreso en la c¨¢rcel de los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la empresa AC93 (dedicada a la gesti¨®n de licencias), y Antonio Sanz Escribano, administrador ¨²nico de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores. La sociedad AC93 es una de las piezas clave de la instrucci¨®n, puesto que se encargaba de falsificar documentos para solicitar las licencias que formaron parte del entramado corrupto. El 20 de noviembre, el juez mand¨® a prisi¨®n a Carmelo Garc¨ªa S¨¢nchez, un funcionario jubilado, adscrito en su momento a la Gerencia de Urbanismo. Garc¨ªa S¨¢nchez estuvo implicado en el caso similar, el Sauna Para¨ªso del que se le exoner¨®.

La revelaci¨®n de la trama abri¨® la veda de la bronca pol¨ªtica por la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento en permitir que sus funcionarios se lucraran gracias a la obtenci¨®n de sobornos, que oscilaban entre los 8.000 y 20.000 euros. Para frenar las acusaciones, Alberto Ruiz-Gallard¨®n se mostr¨® partidario de colaborar con la Justicia. El propio juez le solicit¨® ayuda directa para canalizar el gran n¨²mero de denuncias aportadas al procedimiento por particulares. La segunda fase salt¨® el 27 de diciembre de 2007, con el registro de seis sedes municipales y diez nuevas detenciones de personas vinculadas a la trama. Esta fase se produjo tras analizar minuciosaente la documentaci¨®n incautada en los primeros registros y los 187 expedientes requisados.

En este bloque, el instructor mand¨® a prisi¨®n a Manuel S¨¢nchez Romanillos (de la Junta de Chamart¨ªn); Miguel Angel Garc¨ªa Jodar (t¨¦cnico de Medio Ambiente); Alfonso Clemente Garc¨ªa (que trabaj¨® en la Junta de Carabanchel); y Fernando Ruiz Torrej¨®n (de Urbanismo). Adem¨¢s, decret¨® el 9 de enero prisi¨®n provisional para los empresarios Juli¨¢n Rub¨¦n L¨®pez y Eduardo Agustinos, quienes se encontraban huidos de la Justicia desde el 27 de diciembre. Casi dos meses y medio despu¨¦s, el magistrado puso en libertad a Ceballos y a los otros funcionarios -tambi¨¦n los detenidos en la segunda fase- bajo fianza de 60.000 euros, mientras que los empresarios pudieron eludir la c¨¢rcel tras abonar un pago de 100.000 euros. Una vez excarcelado, Ceballos acudi¨® el 2 de enero a declarar de nuevo y dijo que "s¨®lo" se adelantaban "los expedientes que dec¨ªan los pol¨ªticos que se adelantaran". En otra de sus comparecencias, celebrada en julio, admiti¨® que recibi¨® gratificaciones por parte de una arquitecta por colaborar en proyectos de expedientes que posteriormente se remit¨ªan al Area de Medio Ambiente. Esta revelaci¨®n le sirvi¨® para que le imputaran un delito de actividades prohibidas para los funcionarios.