Los Ayuntamientos no colaboran en la lucha contra el delito urban¨ªstico

La crisis ha hecho que en algunas fiscal¨ªas disminuya el volumen de delitos urban¨ªsticos, aunque suben las diligencias de investigaciones y los procedimientos abiertos durante el a?o pasado. Tambi¨¦n aumentan las sentencias condenatorias. Un 37% respecto a 2007. Suman 301 y contribuyen a que decrezca la sensaci¨®n de impunidad. Lo que s¨ª se mantiene es la escasez de medios materiales y humanos para perseguir los delitos, as¨ª como la falta de colaboraci¨®n por parte de la administraci¨®n p¨²blica, seg¨²n la Memoria 2008 de la Fiscal¨ªa Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, a cuyo frente est¨¢ el fiscal Antonio Vercher.

A pesar del paulatino aumento de medios, siguen faltando recursos materiales y humanos. En alg¨²n caso, carecen de fax y de esc¨¢ner. Tambi¨¦n faltan fiscales y personal auxiliar. Pero en las fiscal¨ªas en que s¨ª ha aumentado el n¨²mero de fiscales especialistas no ha mejorado el sistema organizativo. "El problema inform¨¢tico y de unificaci¨®n de sistema es un problema generalizado", seg¨²n la memoria. Esto dificulta la coordinaci¨®n entre fiscal¨ªas y juzgados. Cuando se trata de investigar grandes proyectos, adem¨¢s de consumir los escasos medios de que disponen, los responsables suelen quedar impunes.

Las irregularidades que investigan las fiscal¨ªas se producen en clara connivencia con las autoridades municipales

D¨®nde est¨¢ la Administraci¨®n

A la falta de medios se suma la de colaboraci¨®n de la administraci¨®n p¨²blica. Algunos ayuntamientos "hacen absoluta dejaci¨®n de sus funciones" y no trasladan a las fiscal¨ªas expedientes incoados cuando hay indicio de delito.

Las irregularidades que investigan las fiscal¨ªas se producen en clara connivencia con las autoridades municipales; en Salamanca, se cita entre otros, al municipio de Ciudad Rodrigo con m¨²ltiples irregularidades urban¨ªsticas: chal¨¦s en suelo r¨²stico, obras sin licencia y expedientes administrativos que acaban caducando por inacci¨®n de los ediles, tal como comprob¨® la Guardia Civil a instancias de la Fiscal¨ªa. En C¨¢ceres, se alude a concesi¨®n de licencia para edificar en zonas inundables del r¨ªo, con el consiguiente riesgo; en Santa Br¨ªgida (Gran Canaria) es el propio ayuntamiento el que construye un velatorio en suelo r¨²stico de protecci¨®n ambiental. En Fuerteventura, habla de posible edificaci¨®n dentro del Parque Natural de Jand¨ªa, en P¨¢jara (Fuerteventura). Obras que se basaban en un plan parcial declarado nulo por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia canario.

Tambi¨¦n destaca la memoria diligencias informativas incoadas a ra¨ªz de las quejas y denuncias formuladas por instituciones culturales por el pol¨ªgono industrial proyectado en las inmediaciones de Bienes de Inter¨¦s Cultural, como Numancia o el casco antiguo de la Ciudad de Soria, entre otros emplazamientos.

Por Comunidades Aut¨®nomas, Andaluc¨ªa se lleva la palma en lo que se refiere a la actuaci¨®n de las fiscal¨ªas en delitos contra la ordenaci¨®n del territorio y urbanismo: m¨¢s del 50% del total de las diligencias de investigaci¨®n; el 62% de los procedimientos abiertos en toda Espa?a; el 78% de las sentencias condenatorias y el 72% de las absolutorias.

Novedades

Al recoger la actuaci¨®n de las fiscal¨ªas la memoria de 2008 incorpora los diferentes criterios de actuaci¨®n en la lucha contra el delito urban¨ªstico. Destaca que la Fiscal¨ªa de Granada extiende la acci¨®n penal a las empresas de gesti¨®n de publicidad o asesor¨ªa inmobiliaria en promociones ilegales, compa?¨ªas que antes se quedaban al margen de la investigaci¨®n penal como imputados. Abre el abanico a quienes parcelan suelo no urbanizable ya sean constructoras, promotoras o agencias inmobiliarias mediadoras que tendr¨¢n que responder como responsables de la posible demolici¨®n o indemnizaciones a los terceros de buena fe. Y, mientras las fiscal¨ªas de C¨®rdoba y de Sevilla son alabadas, la memoria pone en evidencia a las de C¨¢ceres y Elche que dejan actuar con total impunidad al promotor cuando se trata de un particular por una "interpretaci¨®n an¨®mala" y restrictiva del concepto de promotor en el C¨®digo Penal.

Contrasta la falta de colaboraci¨®n de la administraci¨®n, con la de los ciudadanos. El grueso de las denuncias de infracci¨®n de normativa ambiental y urban¨ªstica se debe a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones vecinales. Aunque no siempre es una colaboraci¨®n desinteresada cuando se trata de particulares y aparecen motivaciones revanchistas e, incluso, colectivos que ejercen presi¨®n para pedir la regularizaci¨®n, con cargo a fondos p¨²blicos, de urbanizaciones ilegales, seg¨²n denuncian algunas fiscal¨ªas.