Archivado el 'caso Salm¨®n', que imputaba por cohecho al presidente del PP canario

La magistrada instructora del llamado caso Salm¨®n, Margarita Varona, ha archivado hoy la denuncia presentada contra el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Jos¨¦ Manuel Soria, por un presunto delito de cohecho, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

En un auto difundido por el alto tribunal canario, Varona decreta el sobreseimiento de las diligencias previas y el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos denunciados, primero por el periodista Carlos Sosa y despu¨¦s en una querella por la Asociaci¨®n Justicia y Sociedad, no son constitutivos de delito.

No hubo soborno

En sus fundamentos, la magistrada se?ala que no puede considerarse como un soborno la aceptaci¨®n por parte de Soria de la invitaci¨®n que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega, e indica que tampoco queda acreditado el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios p¨²blicos imputado al diputado regional y secretario general del PP, Manuel Fern¨¢ndez.

Seg¨²n el auto, la invitaci¨®n a Soria no fue premeditada, sino surgi¨® a iniciativa del m¨²sico Justus Franz para que los matrimonios Lyng y Soria fueran a un concierto que iba a dirigir en Salzsburgo en agosto de 2005. La magistrada subraya que el empresario no puso a disposici¨®n del pol¨ªtico su avi¨®n ni lo flet¨® para el uso exclusivo del matrimonio Soria, sino que les invit¨® a que les acompa?aran porque iba a ir tambi¨¦n al concierto. Se?ala que, excepto los gastos del avi¨®n alquilado por Lyng en el que viaj¨® el matrimonio Soria hasta Austria, los vuelos que efectu¨® el pol¨ªtico con su mujer entre ese pa¨ªs, Noruega y Gran Canaria, fueron abonados con cargo a las cuentas del pol¨ªtico y su esposa.

Soria pag¨® por sus vacaciones

Igualmente indica que las vacaciones de verano comprendidas entre los a?os 2002 y 2008 de la familia Soria en el complejo Anfi del Mar, propiedad de Lyng, tambi¨¦n fueron abonadas con el precio que fija la empresa a los clientes con "buenas referencias y solvencia econ¨®mica". El director general de Anfi del Mar hasta 2007 Calvin Lucock declar¨® en la instrucci¨®n que Soria "nunca estuvo alojado gratis" en el complejo, y en lo relativo a los pagos que hizo en efectivo en el complejo, el auto aclara que el matrimonio posee solvencia econ¨®mica suficiente para pagar sus vacaciones de esa manera debido a los ingresos que percibe en met¨¢lico por su actividad profesional, lo "cual no es il¨ªcito".

Respecto a la relaci¨®n de este viaje con el posterior informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcci¨®n de 3.600 camas tur¨ªsticas en el establecimiento propiedad del empresario, se?ala que Soria no estuvo presente en el Consejo de Gobierno de la corporaci¨®n insular, celebrado el 20 de octubre de 2005.

En esa reuni¨®n se acord¨® trasladar al Gobierno canario la petici¨®n del Grupo Anfi para que el proyecto se declarara de inter¨¦s general, ¨²nica excepci¨®n que permite la moratoria tur¨ªstica para edificar este tipo de complejo. El informe del anteproyecto tur¨ªstico era de inter¨¦s general para la isla, seg¨²n los informes elaborados por los t¨¦cnicos del Cabildo competentes en la materia, refiere el auto, que agrega que Soria "tampoco hizo gesti¨®n alguna" ante ellos ni se interes¨® en modo alguno por la tramitaci¨®n del expediente.

Por ello, concluye que la aceptaci¨®n de la invitaci¨®n por parte de Soria "no tiene el alcance jur¨ªdico penal que se pretende en la denuncia y en la querella interpuesta". Se acredita ¨²nicamente que dicha invitaci¨®n "es s¨®lo un acto de decisi¨®n unilateral de Lyng acorde a su capacidad econ¨®mica" y a la relaci¨®n de amistad que ten¨ªan ambos matrimonios.

Negociaciones l¨ªcitas

En cuanto al dirigente del PP Manuel Fern¨¢ndez, a quien Justicia y Sociedad en su querella imputaba un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios p¨²blicos, tampoco advierte que se haya producido. Aclara que Fern¨¢ndez hab¨ªa solicitado compatibilizar el desempe?o de su cargo de diputado con el de representantes y asesor de varias empresas, entre ellas el Grupo Anfi.

En cualquier caso, en cumplimiento de la cl¨¢usula ¨¦tica de su contrato de asistencia y consultor¨ªa, el diputado tampoco asisti¨® a la sesi¨®n de la Comisi¨®n Parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n Territorial, de la que era miembro, cuando dictamin¨® sobre la declaraci¨®n de inter¨¦s general del proyecto tur¨ªstico de Lyng, y no particip¨® en el pleno del Parlamento donde se vot¨®.

A juicio de la magistrada, el solo hecho de pertenecer a la citada comisi¨®n "no determina la comisi¨®n del delito de negociaciones prohibidas que se le imputa". As¨ª, concluye que "no se ha acreditado actividad alguna desempe?ada por Fern¨¢ndez que haya comprometido su funci¨®n de diputado o haya vulnerado la compatibilidad concedida".