La Fiscal¨ªa de Alicante, colapsada por los delitos urban¨ªsticos

El aluvi¨®n de denuncias, la mayor¨ªa relacionadas con la delincuencia urban¨ªstica (tramas pol¨ªtico-empresariales gestadas a la sombra del boom del ladrillo) ha acabado por desbordar el destacamento de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante, puesto en marcha a finales de 2004. Desde esa fecha, y de manera ascendente, el departamento ha recibido una media de 100 denuncias anuales, lo que materialmente incapacita a su titular, Felipe Briones, para realizar una "supervisi¨®n con detenimiento" antes de enviarlas a los juzgados para iniciar la correspondiente investigaci¨®n.

Esta "ingente" carga de trabajo de Anticorrupci¨®n, seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa de la Audiencia de Alicante, ha llevado al fiscal-jefe, Juan Carlos L¨®pez Coig, a replantearse esa ¨¢rea. La primera iniciativa pasa por el aumento de fiscales en esta ¨¢rea, "uno como m¨ªnimo, aunque lo deseable ser¨ªan dos dedicados exclusivamente a Anticorrupci¨®n", precisan fuentes del ministerio p¨²blico. L¨®pez Coig ya ha cursado esa demanda al Fiscal General del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido.

Y mientras llega la respuesta de la Fiscal¨ªa General del Estado, L¨®pez Coig ya ha dado algunos pasos para conseguir "aligerar" de trabajo a Briones. Una de las primeras decisiones ha sido designar un fiscal de apoyo en los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja (estos dos n¨²cleos urbanos de La Vega Baja centraron la investigaci¨®n de Anticorrupci¨®n en sus dos primeros a?os de andadura). Otra medida, en este caso para el resto de partidos judiciales de la provincia, es repartir las denuncias propias del destacamento entre los fiscales de la zona, est¨¦n o no especializados la materia.

La precariedad de medios del destacamento de Anticorrupci¨®n es tan severa, que incluso el despacho carece de rotulaci¨®n identificativa.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante se puso en marcha a finales de 2004 con el primitivo objetivo de luchar contra las redes mafiosas instaladas en la provincia, y en especial en la comarca de La Vega Baja. En esa zona anidaban grupos organizados criminales relacionados con el tr¨¢fico de drogas y la prostituci¨®n que blanqueaban sus il¨ªcitos beneficios mediante el negocio inmobiliario.

Sin embargo, pronto el fondo de las denuncias presentadas ante el destacamento que dirige el fiscal Felipe Briones deriv¨® hacia tramas pol¨ªtico-empresariales vinculadas, b¨¢sicamente, con programas urban¨ªsticos municipales. En la actualidad, seg¨²n mantiene la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el grueso de las denuncias que tramita incluye siempre presuntos delitos de cohecho y prevaricaci¨®n relacionados con el urbanismo.

La creaci¨®n de este departamento de anticorrupci¨®n, seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa, actu¨® como incentivo ante los ciudadanos y los partidos pol¨ªticos para sacar a la luz supuestas tramas corruptas, ante la garant¨ªa de que sus denuncias iban a ser canalizadas por un fiscal con dedicaci¨®n exclusiva.

Briones estima que anualmente su departamento recibe un centenar de denuncias. La cifra multiplica por diez las diligencias que tramitan los destacamentos hom¨®logos que operan en el resto de Espa?a, donde las diligencias que incoan los correspondientes titulares apenas superan la decena.

El volumen de denuncias, seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa, frustra, primero, una investigaci¨®n detallada de los casos antes de ser remitidos a los juzgados y, en segundo t¨¦rmino, el seguimiento de la instrucci¨®n en primera persona del fiscal Briones.

De las cerca de 500 denuncias que han llegado al departamento desde su creaci¨®n, Briones s¨®lo est¨¢ presente a t¨ªtulo personal en la instrucci¨®n y en calidad de acusador p¨²blico en 40 causas. Las dem¨¢s est¨¢n en manos de los fiscales de los distintos departamentos. Este dato, derivado la falta personal, "desvirt¨²a" la naturaleza de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n fuentes del ministerio p¨²blico.

Solo en dos de los 40 sumarios, la intervenci¨®n de Briones ha obedecido a una orden expresa de la Fiscal¨ªa General del Estado. Se trata de las causas del supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa p¨²blica Mercalicante y de la denuncia por supuestos delitos urban¨ªsticos y contables en el Ayuntamiento de Orihuela.

Al primer sumario, y por lo que respecta a uno de los primeros implicados, el ex alcalde de Alicante y diputado auton¨®mico Luis D¨ªaz Alperi, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de echarle el cierre definitivo. El alto tribunal ha rechazado el ¨²ltimo recurso, presentado por el PSPV, contra la exculpaci¨®n del ex regidor alicantino.

Mientras, el segundo sumario, desglosado en 16 causas (la principal contra el ex alcalde Jos¨¦ Manuel Medina, del PP, por el uso de bienes de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales) prosigue una cansina instrucci¨®n en las distintas oficinas judiciales del palacio de justicia oriolano. La causa que afecta al ex alcalde ha sido archivada inicialmente por el juez y est¨¢ pendiente del recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia.

Al caso Orihuela, en La Vega Baja se suma el sumario abierto al actual alcalde de Torrevieja, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, del PP, por supuesto tr¨¢fico de influencia en la compraventa de una finca, el falso soborno de San Fulgencio y el cohecho y cuatro delitos urban¨ªsticos del ex alcalde socialista de Bigastro.