Pedreira rechaza anular el 'caso G¨¹rtel' por las grabaciones a los abogados defensores

El juez del caso G¨¹rtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha dictado hoy un fundamentado auto en el que desmonta la principal estrategia de las defensas de los 65 imputados para enterrar la investigaci¨®n de la mayor trama de corrupci¨®n que afecta al PP desde el caso Naseiro. En su auto, que ocupa 59 folios, Pedreira demanda "cordura" y da un rapapolvos a los abogados que atacaron al juez Baltasar Garz¨®n, -primer instructor del caso G¨¹rtel- por haber ordenado intervenciones telef¨®nicas entre los principales implicados en la trama y algunos de sus abogados. Seg¨²n se?ala el juez, sobre algunos letrados exist¨ªan indicios de connivencia con sus clientes para tratar de apartar del alcance de la justicia espa?ola "millones de euros" depositados por la trama en pa¨ªses extranjeros.

El instructor desestima ¨ªntegramente los recursos interpuestos por los abogados de Jos¨¦ Luis Izquierdo (contable de la red corrupta que dirig¨ªa Francisco Correa) y Javier Nombela Olmos (ex vocal del PP de una junta de distrito de Madrid) en los que solicitaban la nulidad de las resoluciones dictadas por Garz¨®n y referidas a la intervenci¨®n de las comunicaciones telef¨®nicas. En concreto, se trata de escuchas realizadas a los supuestos cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine S¨¢nchez- con sus abogados, en el centro penitenciario donde cumplen prisi¨®n por esta causa. Existe una conversaci¨®n en la que, por ejemplo, Crespo y su abogado hablan de sacar el dinero depositado por la red en Suiza antes de que la justicia espa?ola bloque su salida.

"Debe respetarse el derecho de defensa y el secreto profesional [de los abogados], pero siempre y cuando no se pretenda con ello infringir otro precepto constitucional", se?ala Pedreira, en alusi¨®n a que este derecho "no es ilimitado" ni supone una patente de corso al letrado para colaborar en la comisi¨®n de un delito.

"La decisi¨®n de Garz¨®n estaba justificada"

Las defensas pidieron la nulidad al entender que las intervenciones violaban lo dispuesto en el art¨ªculo 51,2 de la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria (LGP, que permite a los directores de c¨¢rceles grabar conversaciones entre abogados y reclusos por orden judicial y en casos de terrorismo. Pedreira alude al art¨ªculo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al juez pinchar tel¨¦fonos para investigar delitos sin excluir expresamente a nadie. Partiendo de que la decisi¨®n de Garz¨®n "estaba justificada, puesto que exist¨ªan indicios delictivos" en la conducta de algunos letrados, Pedreira se?ala que el citado art¨ªculo 579 "nada dice sobre la impenetrabilidad de las comunicaciones del abogado", ni "restringe la intervenci¨®n de las comunicaciones a los abogados con car¨¢cter general", ni tampoco el art¨ªculo 51,2 de la LGP "restringe" los pinchazos en los que se puedan ver involucrados abogados a "supuestos de terrorismo".

Pedreira explica: "La profesi¨®n de la abogac¨ªa es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en los despachos profesionales, pueden de forma motivada acordarse las intervenciones de comunicaciones".

"La intervenci¨®n no se adopt¨® arbitrariamente por el juzgado. El abogado realiza una funci¨®n esencial en la sociedad. Ahora bien, en todas las ¨¦pocas y en todos los tiempos, el abogado ten¨ªa el deber de respetar la ley. El respeto a la misma es la que conduce a la libertad de defensa. Los abogados tienen derecho a que se respete la libertad de defensa, que aqu¨ª fue respetada", contempla. Adem¨¢s, el TSJM declara la absoluta improcedencia del alcalde de la nulidad solicitada por los abogados, puesto que supone un abuso de la llamada doctrina del '¨¢rbol envenenado que todo lo contamina'. Esta doctrina hace referencia a una met¨¢fora legal empleada en algunos pa¨ªses para describir evidencia recolectada con ayuda de informaci¨®n obtenida ilegalmente.