?Qu¨¦ es la Corte Penal Internacional?

Si el Consejo General del Poder Judicial ratifica ma?ana la petici¨®n de traslado a la Corte Penal Internacional cursada por el juez Baltasar Garz¨®n, ¨¦ste pasar¨ªa a formar parte de uno de los grupos m¨¢s selectos de asesores de la justicia internacional.

En marcha desde 2002, y vinculada a Naciones Unidas, la Corte es el ¨²nico foro permanente contra el genocidio y los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad. El primero, es el "delito de los delitos". El cargo m¨¢s grave imputable, puesto que contempla la eliminaci¨®n sistem¨¢tica de un grupo social por motivos de pol¨ªticos, de raza o religi¨®n. Los otros dos son igualmente terribles, pero no conllevan el lastre de episodios como el Holocausto jud¨ªo. O bien su versi¨®n m¨¢s reciente: el exterminio de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica, en 1995, por las tropas serbobosnias.

Heredera del Proceso de Nuremberg, que juzg¨® los cr¨ªmenes nazis, la CPI est¨¢ formada por cuatro ¨®rganos: presidencia, divisiones judiciales, oficina del fiscal y registro (secretar¨ªa). Cuenta con 18 jueces y tambi¨¦n con una oficina para las v¨ªctimas y otra para la defensa. La denominada Asamblea de los Estados Parte, supervisa la gesti¨®n de la Corte y la forman los Estados firmantes del Estatuto de Roma, su texto fundacional. Hasta la fecha, 110 pa¨ªses lo han ratificado.

La Asamblea es adem¨¢s el ¨®rgano legislativo de la CPI y funciona de manera independiente para preservar su imparcialidad pol¨ªtica. Para poder abrir una causa deben cumplirse una serie de requisitos. As¨ª, la Corte s¨®lo act¨²a cuando un pa¨ªs no juzga, o bien no puede hacerlo, los cr¨ªmenes que sean de su competencia. Sin efecto retroactivo, no puede perseguir hechos o delitos cometidos antes del a?o 2002. Tampoco est¨¢ facultada para perseguir a presuntos criminales que fueran menores de edad (18 a?os) al cometerse los delitos. Por el contrario, nadie est¨¢ por encima de su jurisdicci¨®n y puede acusar a jefes de Estado en ejercicio, normalmente protegidos por la inmunidad relativa a su cargo. Los cr¨ªmenes que investiga no prescriben.

A pesar del logro que supone haber abierto un tribunal con jurisdicci¨®n universal, pa¨ªses como Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba a Irak, no han firmado el Estatuto de Roma. Los dos primeros, son las grandes potencias tradicionales. China a India son las potencias emergentes, y ninguna quieren ceder en temas de inmunidad. El caso de Washington es significativo. Invadi¨® Irak vulnerando las resoluciones de la ONU y abri¨® la v¨ªa a posibles cargos por cr¨ªmenes de guerra.

Sin embargo, ha prohibido extraditar a su personal de servicios exteriores (entre ellos los soldados). En cuanto a los agentes de la Corte, tienen prohibido investigar en territorio estadounidense. En estos momentos, los casos en marcha se refieren a la Rep¨²blica Democr¨¢tica de Congo, Uganda, la Rep¨²blica Centroafricana y Sud¨¢n. Aunque en todos los pliegos de cargos aparecen cr¨ªmenes de guerra o contra la humanidad, tal vez el m¨¢s reconocible sea el de los ni?os soldado.

Que a Garz¨®n le invitara el fiscal general de la CPI, el argentino Lu¨ªs Moreno-Ocampo (en Kenia hasta el pr¨®ximo d¨ªa 12), resulta singular pero no sorprendente. Experto en perseguir los cr¨ªmenes perpetrados durante la dictadura de su pa¨ªs, Ocampo no ha ocultado nunca su consideraci¨®n por la labor del espa?ol al investigar los del franquismo.

En un entorno como el de la CPI, que cuenta ya con otros asesores en su sede de La Haya, de Garz¨®n se espera que ayude a mejorar las t¨¦cnicas de investigaci¨®n. Con causas abiertas en pa¨ªses inestables, la principal dificultad de la fiscal¨ªa es llegar a los testigos y recabar pruebas de lo ocurrido. En Sud¨¢n, los expertos de la fiscal¨ªa apenas pueden pisar tierra en zonas tan castigadas como Darfur. Con el propio presidente sudan¨¦s, Omar el-Bashir, imputado por genocidio, resulta demasiado peligroso.

El a?o pasado, la Corte anunci¨® en nombramiento de Juan M¨¦ndez, antiguo consejero de la ONU para la prevenci¨®n del genocidio, como asesor especial para la prevenci¨®n de cr¨ªmenes. Durante la dictadura militar argentina, M¨¦ndez fue detenido y torturado y es un especialista en derechos humanos. La labor de Garz¨®n en La Haya, en un servicio de car¨¢cter externo, ser¨ªa compatible su situaci¨®n actual. Siempre puede ejercer la abogac¨ªa en sus m¨²ltiples formas.