La Fiscal¨ªa pide archivar la querella contra el rey Juan Carlos por delitos fiscales presentada por exmagistrados del Supremo y exfiscales

La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo ha informado a favor de inadmitir y archivar la querella contra Juan Carlos I por cinco delitos fiscales, que presentaron ante la Sala Segunda del alto tribunal en noviembre varios exmagistrados del Supremo y exfiscales. Los denunciantes sostienen que la regularizaci¨®n que el Monarca em¨¦rito hizo fue ilegal, aunque el ministerio p¨²blico la tuvo en cuenta para archivar su investigaci¨®n.

Los hechos por los que se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscal¨ªa del Supremo, qui¨¦n archiv¨® entonces las diligencias al entender que el rey em¨¦rito hab¨ªa regularizado su situaci¨®n tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que exist¨ªa una investigaci¨®n contra ¨¦l por fraude fiscal. Los querellantes consideran que la excusa absolutoria utilizada por el antiguo monarca ¨Dla regularizaci¨®n¨D no cumpli¨® los requisitos legales para su aplicaci¨®n.

En su escrito, la Fiscal¨ªa del Supremo recuerda ahora que ya abri¨® diligencias sobre el Rey em¨¦rito el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020 y que, ¡°tras una exhaustiva investigaci¨®n¡±, se archivaron el 2 de marzo de 2022. El ministerio p¨²blico aduce, para apoyar que la causa se inadmita y luego se archive, que en la actual querella ¡°no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintas a las ya consideradas para dictar el archivo¡± entonces.

La actual querella ha sido impulsada por magistrados jubilados del Tribunal Supremo como Clemente Auger y Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, y fiscales anticorrupci¨®n, tambi¨¦n retirados, como Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, a la que se suma el fil¨®sofo Santiago Alba y la periodista Pilar del R¨ªo. Los querellantes sostienen que la Fiscal¨ªa inform¨® al rey em¨¦rito de que la investigaci¨®n se abri¨® por la existencia de posibles infracciones tributarias y que los delitos no han prescrito a¨²n. Seg¨²n la querella, el rey em¨¦rito pag¨® m¨¢s de cinco millones de euros de las regularizaciones extraordinarias con 12 pr¨¦stamos realizados por personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas, cuando ¡ªse?ala el texto¡ª no es posible ¡°la regularizaci¨®n de las defraudaciones tributarias despu¨¦s de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa, que le advirti¨® de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias con anterioridad a su regularizaci¨®n¡±.

Ahora, el ministerio p¨²blico asegura sobre la primera de las diligencias de 2020, que en el decreto de archivo se hac¨ªa constar que ¡°pese a que la investigaci¨®n desarrollada en el marco de las Diligencias de Investigaci¨®n 40/2020 no permite ejercitar acci¨®n penal alguna contra Su Majestad don Juan Carlos de Borb¨®n en atenci¨®n a las diferentes razones que se exponen a lo largo del Decreto ¡ªb¨¢sicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripci¨®n del delito, la inviolabilidad del jefe del Estado o la regularizaci¨®n fiscal¡ª, ha sido precisamente la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas p¨²blicas, cuant¨ªa correspondiente a las cuotas tributarias adeudadas por Juan Carlos de Borb¨®n a la Hacienda P¨²blica, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora¡±.

Y, en relaci¨®n con las segundas diligencias de investigaci¨®n, el escrito de la fiscal¨ªa apunta que el decreto de archivo se?alaba que ¡°entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borb¨®n, ni en su gesti¨®n ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ning¨²n momento ha tenido la condici¨®n de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas¡±. Y especifica que, ¡°en todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva la abdicaci¨®n deel Rey Don Juan Carlos I y qued¨® sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad que para el Rey de Espa?a establece el art¨ªculo 56.3 de la Constituci¨®n espa?ola, las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuant¨ªas que en ning¨²n caso alcanzar¨ªan la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda P¨²blica, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente espa?ol, algo de lo que no existe constancia alguna¡±.