El juez investiga un posible delito electoral del PP en las generales de 2008
Pedreira ve indicios de siete delitos en el Gobierno de Camps y la trama G¨¹rtel.- Remite al Tribunal Superior de Valencia la causa por financiaci¨®n ilegal, cohecho propio, contra la Hacienda P¨²blica, falsedad en documento mercantil, asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales y prevaricaci¨®n
El juez que instruye el caso G¨¹rtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, se?ala en un auto hecho p¨²blico este mi¨¦rcoles que el PP pudo incurrir en un delito de financiaci¨®n ilegal en la campa?a de las elecciones generales de 2008. Seg¨²n Pedreira, "se encuentra pendiente informe de la AEAT [Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria] sobre si los pagos investigados se refieren a la campa?a electoral de las elecciones celebradas el 9 de marzo de 2008". De ser as¨ª, "los hechos podr¨ªan ser constitutivos de un delito electoral del que ser¨ªa autor el administrador general del Partido Popular en esas elecciones cuya identidad en este momento se desconoce", a?ade el auto, en el que destaca que tambi¨¦n existen indicios de delito fiscal del PP valenciano en 2007 porque no declar¨® 2,5 millones de euros
El juez ha decidido, adem¨¢s, inhibirse en favor del de Valencia, ya que ha observado numerosos indicios de diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps. Pedreira ha atendido a una petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y estima que varios dirigentes del PP valenciano y de la Administraci¨®n regional podr¨ªan haber incurrido en delitos relacionados con la financiaci¨®n ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirig¨ªa Francisco Correa a cambio de contratos a dedo de la Administraci¨®n valenciana.
El auto se?ala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla; al ex secretario general y diputado auton¨®mico, Ricardo Costa; al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del PP valenciano, Yolanda Garc¨ªa Santos. Nada m¨¢s conocer la noticia, Rambla, que protagonizaba un acto con los otros dos vicepresidentes, Gerardo Camps y Juan Cotino, para conmemorar los tres a?os de la victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana, declar¨® simplemente que es "una cuesti¨®n de competencia entre tribunales" y ha a?adido: "Llevamos a?os en pol¨ªtica y la gesti¨®n se ha caracterizado siempre por ser honesta. Por eso merece que se tenga en cuenta la presunci¨®n de inocencia y los derechos que a todo el mundo le corresponden".
El vicepresidente primero del Gobierno de Camps conoci¨® la noticia a trav¨¦s de una alerta en su tel¨¦fono m¨®vil, que le ha hecho cambiar la expresi¨®n de su cara, informa Joaqu¨ªn Ferrandis.
Se trata del segundo rev¨¦s judicial para la c¨²pula del PP valenciano en una semana, despu¨¦s de que el pasado d¨ªa 18 el Tribunal Supremo rechazara la jurisprudencia alegada por el TSJCV, que por dos votos a uno decidi¨® archivar la causa abierta contra Camps por cohecho pasivo, al apreciar que los regalos recibidos por el presidente valenciano y otros altos cargos "se hicieron de forma repetida y con aparente opacidad".
Precisamente el auto del Supremo ha desencadenado la decisi¨®n de Pedreira, que considera que deben acumularse ambos procesos con el fin de evitar la prescripci¨®n de los posibles delitos cometidos.
Camps y Costa, part¨ªcipes
Pedreira basa su auto en los informes de la Agencia Tributaria del pasado 6 de mayo, que confirmar¨ªan que el PP de Valencia ocult¨® 2,5 millones de las elecciones de 2007, tal y como public¨® EL PA?S. Entonces, el PP anunci¨® una querella contra el funcionario de Hacienda que redact¨® el documento por prevaricaci¨®n y falsedad en documento p¨²blico.
Por ello, asegura el juez, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podr¨ªa no ser el contemplado en el art¨ªculo 426, esto es, el impropio, sino "los tipificados en los art¨ªculos 425, 410 o 420", es decir, el cohecho puro y duro.
El mismo informe del 6 de mayo sirve a Pedreira para sospechar de varios delitos electorales cometidos durante la campa?a para las elecciones auton¨®micas de 2007. En concreto, el magistrado hace referencia al art¨ªculo 149 de la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General.
Al respecto, Pedreira apunta directamente a la participaci¨®n del ex secretario general, Ricardo Costa, y a?ade que "tampoco puede desde?arse el cargo que ocupa en el PPCV otro de los imputados en la causa tramitada en Valencia [se refiere a la que investiga el cohecho impropio], Francisco Camps Ortiz, y que no es otro que el de presidente de dicho partido".
Larga connivencia
Seg¨²n la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel, la red corrupta vinculada a varios Gobiernos auton¨®mos del PP, qued¨® acreditado que Camps y otros altos cargos del Ejecutivo valenciano recibieron valiosos regalos de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia, y la empresa que ¨¦ste mont¨® poco despu¨¦s de la llegada de Camps al poder, Orange Market.
As¨ª, el presidente de la Generalitat Valenciana y su familia fueron agasajados con trajes por valor de 12.000 euros, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol. En una de las conversaciones telef¨®nicas grabadas durante la investigaci¨®n del caso, Camps llamaba "amiguito del alma" a El Bigotes, al que posteriormente la mujer del presidente valenciano, Isabel Bas, recriminaba la val¨ªa de algunos regalos: "Con el m¨ªo te has pasado 20 pueblos".
Seg¨²n un informe remitido a finales de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso G¨¹rtel en esa comunidad, la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno valenciano, as¨ª como siete consejer¨ªas, adjudicaron al menos 85 contratos entre 2004 y 2008 a nueve empresas de la red corrupta dirigida por Francisco Correa. Estos contratos ten¨ªan un valor global de 7,2 millones de euros y se?al¨® que en muchas adjudicaciones menores se fraccionaba "el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contrataci¨®n -negociado o abierto-, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contrataci¨®n p¨²blica".
Se busca al "cantante" y al "pr¨ªncipe"
La investigaci¨®n de los tejemanejes de la trama G¨¹rtel en Valencia ha a?adido dos inc¨®gnitas: ?qui¨¦nes son "el cantante" y "el pr¨ªncipe"?. Ninguno de los dos ha podido ser identificado de momento, pero sus roles en la red son fundamentales, ya que eran los encargados de cobrar a empresas valencianas los servicios que Orange Market, la empresa de ?lvaro P¨¦rez, el Bigotes, supuestamente hab¨ªa prestado al PP durante la campa?a electoral para las elecciones valencianas de 2007.
La referencia al "cantante" figura en la p¨¢gina ocho del auto de inhibici¨®n hecho p¨²blico por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Esa persona fue la encargada de "cobrar, o al menos entregar, el importe facturado a las mercantiles Grupo Vallalba, Constructora Hormigones y Pavimentos del Suroeste a los responsables de Orange Market". Y las facturas ten¨ªan como "¨²nica finalidad el pago de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana durante la campa?a electoral de 2007". Es decir, que ser¨ªa un posible part¨ªcipe en un delito electoral.
El "pr¨ªncipe", por su lado, ser¨ªa la persona que figurar¨ªa en la contabilidad B o Barelona que habr¨ªa pagado 200.000 euros. En el listado de pagos supuestamente el negro figura consignado tambi¨¦n el PP valenciano. Cantante y pr¨ªncipe habr¨ªan cooperado en un supuesto delito electoral con Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, altos cargos del PP o de la Generalitat Valenciana. Para el juez Pedreira, todos van en el mismo saco del posible delito electoral.
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