M¨¢s que trajes
El juez de G¨¹rtel en Madrid vincula los regalos a Camps con m¨¢s delitos que el cohecho impropio
Era cuesti¨®n de tiempo que la investigaci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los contratos ama?ados entre la Administraci¨®n valenciana y la trama G¨¹rtel entre 2004 y 2009 alcanzara a altos cargos de la Generalitat y que tuviera que pasar al Tribunal Superior de esa comunidad en raz¨®n del aforamiento de varios implicados.
La ley dice que el instructor de una causa se inhibir¨¢ desde el momento en que aparezcan indicios contra un aforado, pero en la inhibici¨®n del instructor del caso G¨¹rtel en Madrid, Antonio Pedreira, a favor de su colega valenciano, Jos¨¦ Flors, hab¨ªa tambi¨¦n una raz¨®n de urgencia: la inminente prescripci¨®n del delito electoral presuntamente cometido al asumir varias constructoras valencianas el pago de actos facturados por la trama G¨¹rtel al PP valenciano, con motivo de las elecciones auton¨®micas y locales de 2007.
El archivo, primero, de la causa de los trajes y, despu¨¦s, su reapertura por el Tribunal Supremo van a tener un efecto beneficioso para la justicia, al haberse podido descubrir nuevos datos sobre el verdadero significado de esos regalos, no tan inocentes y penalmente inocuos como se hab¨ªa pretendido. Para el juez Pedreira, apuntan a delitos m¨¢s graves que el de cohecho impropio: su investigaci¨®n sit¨²a a los trajes en el eje de las contrataciones entre la Generalitat valenciana y la trama G¨¹rtel, incluida la cobertura televisiva de la visita del Papa en 2006, y en su estela de mutuos favores. Ser¨ªan, si se quiere, la guinda del pastel de las contrataciones ama?adas, con mutuo beneficio, entre la Administraci¨®n valenciana y la trama G¨¹rtel, pero un elemento propio y no desgajado de ese pastel.
El primer efecto que tendr¨¢ la inhibici¨®n del juez Pedreira es un cambio profundo de la causa de los trajes. La tipificaci¨®n delictiva se agravar¨¢ si, como sostiene, tales regalos tienen conexi¨®n con actuaciones propias del cohecho propio y de la prevaricaci¨®n, y encubridoras de delitos electorales, contra la Hacienda P¨²blica, de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. La causa se ampl¨ªa a nuevos implicados: junto a Camps, Betoret, Campos y Costa aparecen otros altos cargos del Gobierno y del PP valencianos. Y alcanza al hasta hace poco tesorero del PP, Luis B¨¢rcenas, que lo era cuando en 2007 algunas constructoras pagaron las deudas electorales del PP valenciano, as¨ª como a los gestores de estas constructoras y a los cerebros de la trama G¨¹rtel.
Al instructor del caso en Valencia le espera un arduo trabajo. Y presiones m¨¢s o menos encubiertas dada la relevancia pol¨ªtica y social de los implicados. Al primer instructor del asunto, Baltasar Garz¨®n, el PP intent¨® descabalgarle cuanto antes del sumario. Y al juez Pedreira no ha dejado de ponerle piedras en su investigaci¨®n utilizando la acusaci¨®n popular no para perseguir a los corruptos sino para procurar su impunidad.
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