El Senado descarta a Enrique L¨®pez y al 'n¨²mero dos' de Justicia para acceder al Constitucional

La Mesa del Senado ha rechazado hoy a dos de los candidatos propuestos por las comunidades aut¨®nomas para ingresar en el Tribunal Constitucional. Uno de ellos es el principal escollo de todo el proceso de nombramiento, el candidato del PP Enrique L¨®pez, radicalmente inaceptable para el PSOE hasta hace unos d¨ªas. El m¨¢ximo ¨®rgano del Senado, con la oposici¨®n del PP, ha decidido que no cumple con el requisito de tener 15 a?os de experiencia en la judicatura tal y como exige la Ley Fundamental.

La oposici¨®n del PP a que se rechace a estos candidatos ha obligado a votar la decisi¨®n. La votaci¨®n se ha producido a las 12.45 y ha contado con los votos a favor de los tres representantes socialistas m¨¢s el de CiU.

Lo que ha votado la Mesa es el informe que los servicios jur¨ªdicos del Senado realizaron en octubre de 2008 para analizar el cumplimiento por parte de los candidatos de los requisitos que exige la Constituci¨®n. Estos son, por un lado, que sean juristas de reconocido prestigio. Por otro, que tengan 15 a?os de ejercicio profesional. Aquel informe explicaba que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso del fiscal general del Estado Eligio Hern¨¢ndez, los a?os que pasa un jurista en situaci¨®n de servicios especiales no cuentan para el c¨®mputo de los 15 a?os. L¨®pez y Campo pasaron siete a?os en el anterior Consejo General del Poder Judicial. Si se eliminan esos a?os de su curr¨ªculum, no cumplen el m¨ªnimo de ejercicio profesional exigido para acceder al Tribunal Constitucional.

L¨®pez ha asegurado a EL PA?S que no comparte el criterio del Senado porque "no se puede entender que las funciones de vocal del Consejo General del Poder Judicial no son funciones de jurista", informa Manuel Altozano. L¨®pez fue miembro del organismo a petici¨®n del PP.

El candidato ahora rechazado ha recordado que "a los vocales del Poder Judicial que no proceden de la judicatura se les exige 15 a?os de ejercicio" y ha insistido en que "no se puede entender alejada de la funci¨®n judicial la funci¨®n de gobierno del Poder Judicial".

Al aplicar este criterio, queda fuera tambi¨¦n otro candidato, el actual secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, propuesto por el PSOE en Andaluc¨ªa. De los 23 candidatos, por tanto, la lista se queda en 21. Campo fue nombrado secretario de Estado de Justicia mientras su situaci¨®n como candidato estaba boqueada. Al menos otro de los candidatos, ?ngel Juanes, propuesto por el PSOE en Extremadura, ha cambiado tambi¨¦n de puesto en este periplo. Juanes era magistrado del Tribunal Supremo cuando fue propuesto y ahora es presidente de la Audiencia Nacional.

El vicepresidente del Senado, Isidre Molas, ha explicado que la C¨¢mara ofrecer¨¢ a los Parlamentos aut¨®nomos que propusieron a unos de estos dos candidatos que lo sustituya por otro nuevo. Esto significar¨ªa pedir al menos un candidato distinto a las cinco comunidades aut¨®nomas que propusieron a L¨®pez, m¨¢s otro en Andaluc¨ªa. Se abre de esta forma la posibilidad de que el PP ponga otros seis candidatos distintos para negociar la renovaci¨®n. Los Parlamentos tienen de plazo hasta el pr¨®ximo 29 de junio.

Desbloquear los nombramientos

La portavoz socialista en la C¨¢mara alta, Carmela Silva, ha explicado en rueda de prensa, una hora antes de producirse esta decisi¨®n, que el criterio de su grupo en caso de que alg¨²n candidato no sea considerado apto es que se pida otro al Parlamento aut¨®nomo que lo nombr¨®. Esto significar¨ªa pedir al menos un candidato distinto a las cinco comunidades aut¨®nomas que propusieron a L¨®pez (Madrid, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Cantabria y La Rioja), m¨¢s otro en Andaluc¨ªa, para lo que concede un plazo que concluir¨¢ el pr¨®ximo 29 de junio. Se abre de esta forma la posibilidad de que el PP ponga otros seis candidatos distintos para negociar la renovaci¨®n.

La ¨²ltima vez que el Senado intent¨® cumplir con su obligaci¨®n de nombrar a cuatro magistrados del Constitucional, a finales del verano de 2008, el PP ignor¨® la posibilidad que le ofrec¨ªa la ley de proponer un candidato distinto en cada autonom¨ªa. As¨ª estaba previsto en la ley, de forma que luego los partidos tuvieran una amplia lista de nombres sobre los que negociar. El PP, en una maniobra coordinada desde G¨¦nova y que el PSOE interpret¨® como un enga?o intolerable, propuso a los mismos dos candidatos en todos los Parlamentos. Adem¨¢s, se trataba de Enrique L¨®pez y Francisco Jos¨¦ Hernando, dos nombres inaceptables para los socialistas.

La maniobra del PP logr¨® meter la renovaci¨®n en un callej¨®n sin salida que ahora, a ra¨ªz de la petici¨®n del Gobierno de Catalu?a, el PSOE y los partidos nacionalistas tratan de desbloquear.