Querella por cr¨ªmenes contra la humanidad contra Netanyahu por el abordaje de la flotilla
El escrito de querella contra el primer ministro israel¨ª y seis de sus ministros basa la competencia de la Audiencia Nacional en las supuestas detenciones ilegales, traslados a Israel y deportaciones forzosas de tres espa?oles
Un crimen de lesa humanidad con resultado de tres detenciones ilegales, tres deportaciones forzosas y tres delitos de tortura. Estos y otro delito contra personas protegidas en conflicto armado son los il¨ªcitos por los que la asociaci¨®n Solidaridad con la Causa ?rabe, en representaci¨®n de los activistas espa?oles Laura Arau y Manuel Espinal, y el periodista David Segarra, presentar¨¢ el viernes una querella en la Audiencia Nacional contra el primer ministro israel¨ª Benjam¨ªn Netanyahu , otros seis miembros de su Gobierno y el militar al mando del abordaje del Mavi Marmara, el barco de la Flotilla de la Libertad en el que viajaban los espa?oles y con el que se trataba de romper el bloqueo de Gaza. Los soldados israel¨ªes mataron a nueve cooperantes.
Los querellados son, adem¨¢s de Netanyahu, el ministro de Defensa, Ehud Barak; el de Exteriores, Abigdor Lieberman; el de Inteligencia y Asuntos At¨®micos, Dan Meridor; el de Asuntos Estrat¨¦gicos, Moshe Ya'alon; el de Interior, Eli Yishai y el ministro sin cartera Benny Bergin. Tambi¨¦n est¨¢ entre ellos el vicealmirante Eliezer Marom. La querella considera que todos ellos se reunieron "desde el momento en que se tuvo conocimiento de la partida de la flotilla" para "concretar la operaci¨®n ", "en el marco del ataque sistem¨¢tico y generalizado contra la poblaci¨®n civil palestina" y con el objeto de "abortar cualquier intento de acci¨®n solidaria contra la poblaci¨®n palestina".
Debido a la reforma de la jurisdicci¨®n universal que limit¨® la competencia espa?ola a los casos en los que hubiera v¨ªctimas espa?olas, la querella se centra en la detenci¨®n, la deportaci¨®n y las torturas supuestamente sufridas por Segarra Arau y Espinar, que fueron "detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israel¨ª y deportados a territorio turco al margen de lo estipulado en el derecho internacional", dice la querella. El escrito, sin embargo, enmarca esos delitos en un contexto "de ataque generalizado e institucionalizado sobre la poblaci¨®n palestina, concretamente en la franja de Gaza" hacia donde la flotilla "transportaba cooperantes y voluntarios, adem¨¢s de toneladas de ayuda humanitaria".
"Las fuerzas israel¨ªes", contin¨²a, "obedeciendo el plan acordado por estos siete ministros, abordaron en aguas internacionales a la flotilla, la atacaron con gran desproporci¨®n en cuanto a los medios empleados, dispararon a matar, asesinaron a personas desarmadas, civiles, lesionaron a otras muchas, las detuvieron y encarcelaron en una prisi¨®n de territorio israel¨ª, y tras 72 horas las deportaron a Estambul".
La querella tambi¨¦n considera que los hechos pueden suponer un delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Recuerda que las personas que viajaban a bordo del Mavi Marmara -cooperantes, periodistas, parlamentarios, poblaci¨®n civil en general y los heridos por la operaci¨®n de abordaje- est¨¢n protegidos seg¨²n el art¨ªculo 608 del C¨®digo Penal y los tratados internacionales suscritos por Espa?a.
El juez de la Audiencia Nacional al que corresponda la querella deber¨¢ decidir ahora si la admite a tr¨¢mite. Si as¨ª fuera, dar¨ªa lugar a la segunda investigaci¨®n judicial por cr¨ªmenes internacionales supuestamente cometidos por miembros del Gobierno de Israel que se sigue en Espa?a. La anterior -la matanza de una decena de civiles, entre ellos varios ni?os, en un bombardeo selectivo para acabar con un l¨ªder de Ham¨¢s en 2002, investigada por el juez Fernando Andreu- gener¨® un conflicto diplom¨¢tico entre Espa?a e Israel.
La ex ministra de Asuntos Exeriores israel¨ª, Tzipi Livni, exigi¨® a su hom¨®logo espa?ol, Miguel ?ngel Moratinos, una reforma de la legislaci¨®n espa?ola para evitar procesos como ¨¦ste. Esa modificaci¨®n, que restringi¨® el principio de jurisdicci¨®n universal a los casos en los que hubiera espa?oles, entr¨® en vigor d¨ªas antes de que la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional recurriera ese caso investigado por Andreu a la Sala de lo Penal que, finalmente, le dio carpetazo.
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