Farmaindustria no apelar¨¢ al Supremo el decreto andaluz que regula la receta electr¨®nica
La patronal dice que su recurso pretend¨ªa "evitar inequidades" en el acceso a los medicamentos
Farmaindustria, la patronal de la industria farmac¨¦utica, ha anunciado que no recurrir¨¢ ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) en la que desestima la demanda que elevaron contra el decreto andaluz que regula la receta electr¨®nica.
La patronal ha se?alado que su objetivo era "evitar inequidades" en el acceso de los pacientes a determinados f¨¢rmacos que vienen recogidos en el nomenclator de medicamentos aprobados en Espa?a. Farmaindustria asegura que no est¨¢ en contra del decreto, si no que el recurso inicial contra el proyecto Receta XXI vino por "temor de que se hiciese un mal uso de ella".
"El conjunto del fallo del TSJA nos ha tranquilizado en este sentido, por lo que nos mostramos razonablemente satisfechos con la explicaci¨®n que se da en el mismo", enfatizan desde Farmaindustria. No obstante, no descartan apelar en un futuro al Supremo si la Administraci¨®n sanitaria andaluza realizase una modificaci¨®n del actual modelo de receta electr¨®nica que "pudiese lesionar" la equidad al acceso de cualquier f¨¢rmaco inscrito en el nomenclator.
La sentencia del Alto Tribunal andaluz hace suyos los argumentos esgrimidos por la Consejer¨ªa andaluza de Salud en defensa de esta prestaci¨®n, entre ellos, el que con dicha herramienta se pretende "evitar" que los pacientes cr¨®nicos se vean obligados a acudir al m¨¦dico s¨®lo para obtener las recetas de continuaci¨®n de sus tratamientos. Tambi¨¦n apoya que se facilite que el facultativo consiga "dedicar m¨¢s tiempo a sus pacientes" y se "mejore" la adherencia terap¨¦utica en los tratamientos de estos pacientes y se mejore la comunicaci¨®n con el farmac¨¦utico.
Por contra, rechaza las alegaciones elevadas por Farmaindustria en las que entend¨ªa, entre otra razones, el que con este decreto de receta electr¨®nica se "invad¨ªa" las competencias propias del Estado, se "vulneraba" el r¨¦gimen de prescripci¨®n, dispensaci¨®n y financiaci¨®n de f¨¢rmacos contenidos en la Ley del Medicamento de 2006 y se "lesionaba" el principio de igualdad de acceso.
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