Camps ser¨¢ investigado por m¨¢s delitos en Valencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado remitir a su hom¨®nima de Valencia la parte de la trama G¨¹rtel que afecta al presidente de la Generalit valenciana, Francisco Camps, y otros altos cargos de su Gobierno. As¨ª pues, el c¨²mulo de delitos -financiaci¨®n ilegal, tr¨¢fico de influencias, falsedad, cohecho propio...- que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la polic¨ªa atribuyen a Camps y otros miembros de su Gobierno y del partido deber¨¢n ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Por dos razones, la mayor¨ªa de los implicados son aforados y adem¨¢s esos supuestos delitos se habr¨ªan cometido en Valencia.

En el auto que ha dictado hoy el Tribunal Superior de Madrid, los magistrados Francisco Vieira, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano y Emilio Fern¨¢ndez Castro rechazan el recurso interpuesto por el PP contra la decisi¨®n que adopt¨® en mayo el juez Antonio Pedreira, instructor del caso G¨¹rtel en Madrid, de inhibirse a favor del Superior de Valencia de las diligencias que afectan a esa comunidad. La Sala Penal de Madrid se?ala en el auto que, dado que los supuestos delitos se cometieron en Valencia y adem¨¢s recaen sobre aforados, debe ser el Superior de esta comunidad el que investigue el asunto y tambi¨¦n el que determine qu¨¦ delitos y a qui¨¦n cabe atribu¨ªrselos.

El PP, que act¨²a como acusaci¨®n particular en el caso G¨¹rtel -la fiscal¨ªa ha pedido que se le expulse del proceso porque su actitud, m¨¢s que de acusaci¨®n, es de defensa de los intereses del PP y de su cargos-, quer¨ªa que Pedreira investigase tanto lo de Madrid como lo de Valencia para no romper la continencia de la causa. Pero no, la financiaci¨®n ilegal y los otros delitos deber¨¢n indagarlos los ¨®rganos judiciales valencianos.

Supuesta financiaci¨®n ilegal del PP

El Superior de Valencia ya tuvo en su poder, a finales de julio de 2009, un exhaustivo informe policial que detallaba la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP de esa comunidad, pero lo devolvi¨® a los agentes y opt¨® por no investigarlo. Este informe lo redact¨® la polic¨ªa en el curso de la investigaci¨®n que desarrollaba en ese momento en relaci¨®n con la trama red corrupta que dirig¨ªa Francisco Correa y el asunto del regalo de los trajes a Camps y otros altos cargos de su Gobierno por parte de una de sus sociedades G¨¹rtel, Orange Market, que dirig¨ªa en Valencia ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. Los agentes hab¨ªan registrado Orange Market y descubrieron una contabilidad B en la que hab¨ªa anotaciones contables que, junto a pinchazos telef¨®nicos, evidenciaba recepciones de dinero de empresas privadas con las que la red G¨¹rtel se cobraba actos que hac¨ªa para el PP.

La Sala que presid¨ªa De la R¨²a devolvi¨® ese informe tras se?alar que no lo hab¨ªa pedido a la polic¨ªa y que all¨ª solo se investigaba el asunto de los trajes regalados a Camps, que luego archiv¨® su Sala, con el voto en contra de uno de los tres jueces. Posteriormente el Tribunal Supremo ha reabierto este caso al entender que el regalo de los trajes pod¨ªa ser constitutivo de cohecho impropio.

Pero el asunto de la financiaci¨®n ilegal no quedar¨ªa ah¨ª. El POSE de Valencia present¨® ante el mismo tribunal de De la R¨²a una querella, basada en el citado informe policial sobre la financiaci¨®n ilegal, contra Camps y otos 15 altos cargos. El Superior de Valencia decidi¨® remitir esa querella al juez Pedreira y en el auto en el que adopt¨® la medida, fechado el pasado 16 de febrero, ya indicaba que la querella "contiene hechos de posible significaci¨®n delictiva". Fue entonces cuando pidi¨® a Pedreira que "practicara las diligencias que estimase oportunas" y que si de sus pesquisas entend¨ªa que los delitos se confirmaban y sus autores pod¨ªan ser aforados, le remitiese la causa.

Investigar estos hechos es lo que han hecho en el ¨²ltimo a?o el juez Pedreira, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Brigada de Blanqueo de Capitales, la UDEF. Aquel informe policial que ya acreditaba la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano se ha visto ampliado en los ¨²ltimos meses con otros informes policiales m¨¢s exhaustivos y otro de la Agencia Tributaria. Ninguno de los informes ofrece dudas de que empresas valencianas que han recibido en los ¨²ltimos cinco a?os suculentas contratas del Gobierno de Camps pagaron de sus arcas actos del PP de esta comunidad a trav¨¦s de Orange Market. Entre esas empresas que pagaron actos del PP est¨¢ Sedesa, de la familia de Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat valenciana, y tambi¨¦n figura la firma Ortiz e Hijos, cuyo due?o tambi¨¦n se ha visto salpicado en el caso Brugal, que afecta al presidente de la Diputaci¨®n de Alicante, Joaqu¨ªn Ripoll.

Cuando las diligencias lleguen a Valencia, el Superior de Valencia tendr¨¢ sobre su mesa muchos delitos por investigar. No es ya solo el asunto de los trajes regalados a Camps por la trama G¨¹rtel que en Valencia encabezaba su "amiguito del alma", El Bigotes, sino que los jueces de Valencia deber¨¢n investigar otros muchos delitos. En concreto, los seis delitos que apreci¨® en un auto el instructor del G¨¹rtel en Madrid, Antonio Pedreira.

El pasado 15 de junio, Pedreira desestim¨® el recurso de reforma interpuesto por el PP contra su decisi¨®n de 25 de mayo en la que se inhib¨ªa de seguir investigando la trama G¨¹rtel referida a Valencia y se la enviaba a Jos¨¦ Flors (el juez designado por la Sala de Valencia como instructor del asunto de los trajes de Camps) porque entend¨ªa que hab¨ªa indicios de la comisi¨®n de al menos siete delitos por parte de aforados valencianos. La inhibici¨®n se acord¨® para evitar la prescripci¨®n de los delitos electorales a los que alude un informe de la Agencia Tributaria fechado el 6 de mayo de 2010. El informe deja claro que el PP de Valencia recibi¨® dinero de empresas de esa regi¨®n para pagar sus actos electorales.