Isabel Garc¨ªa Marcos pide que se anulen sus declaraciones

Jos¨¦ Luis Rueda, abogado de Isabel Garc¨ªa Marcos, ha asegurado esta ma?ana durante el juicio del caso Malaya que los pinchazos telef¨®nicos y el registro de la casa de su defendida, donde la Polic¨ªa intervino 378.000 euros, fue ilegal. Bas¨¢ndose en ello, mantiene que las declaraciones que hizo la ex primera teniente de alcalde marbell¨ª en sede judicial son nulas y no se pueden tener en cuenta en el juicio. El juez Torres, primer instructor de la causa, envi¨® a prisi¨®n preventiva a Garc¨ªa Marcos porque consideraba que hab¨ªa concertado contratos con empresarios y "exigi¨® cantidades" para llevar a Pleno la concesi¨®n del servicio de gr¨²a municipal. La antigua edil, expulsada del PSOE, se enfrenta a una petici¨®n fiscal de 12 a?os de prisi¨®n.

Para apoyar la nulidad de las intervenciones telef¨®nicas, Rueda ha citado una sentencia por un caso de tr¨¢fico de drogas redactada por la sala que enjuicia el caso Malaya, y en la que el presidente del tribunal Jos¨¦ Godino act¨²a como ponente. "El juez de instrucci¨®n no puede ser vicario de la fuerza instructora, de la Polic¨ªa. No ha existido un verdadero control judicial de la medida, distinguiendo entre autorizaci¨®n judicial y las pr¨®rrogas", ha explicado. La defensa de Garc¨ªa Marcos ha conectado el registro domiciliario con las interveciones telef¨®nicas. "Todo proviene de una prueba que consideramos il¨ªcita, si el registro es il¨ªcito y las conversaciones son il¨ªcitas, las declaraciones de mi patrocinada deben considerarse nulas y expulsarse del proceso. Si eliminamos eso no queda nada", ha expuesto.

Le ha seguido en el turno de palabra Pablo Jim¨¦nez de Parga, abogado de Ismael P¨¦rez Pe?a, el empresario que gestionaba la gr¨²a de Marbella. El letrado ha defendido que el juez Torres no ten¨ªa competencia territorial para investigar a su defendido y tambi¨¦n ha pedido que se anulen las escuchas.

Jim¨¦nez de Parga ha pedido al tribunal que se pregunte por qu¨¦ se practicaron detenciones judiciales de forma sistem¨¢tica, cuando se trata de una medida excepcional. "Habr¨ªa que plantearselo a estas alturas, cuando ya han intervenido 50 letrados".

La defensa del ex concejal del GIL, Miguel Jim¨¦nez Guerra, tambi¨¦n se ha cuestionado la necesidad de adoptar unas medidas tan severas. Rafael Mesa ha relatado "el calvario" que su cliente ha sufrido tras su imputaci¨®n. Su mujer, secretaria de Jes¨²s Gil durante 12 a?os, falleci¨® al ver a la polic¨ªa en la puerta de su casa ."Le acusan de recibir sobres, pero no han encontrado indicios en la contabilidad de Roca que acrediten esos sobornos. La Polic¨ªa no ha conciliado ninguna de las siglas con su nombre (...) Se habla con inconcreciones", ha relatado Mesa. El letrado ha sido el primero ha sido el primero en solicitar abiertamente el "sobreseimiento inmediato" de los cargos contra su cliente. "No se le puede mantener ni un minuto m¨¢s sometido a la pena de banquillo", ha a?adido.