Cuatro empresarios imputados en la 'trama de Uni¨®' reconocen haber hecho facturas falsas
De los cinco adminitradores citados en el juzgado, uno se ha acogido a su derecho a no declarar
Varios empresarios imputados en la presunta trama de Uni¨® Democr¨¢tica de Catalunya (UDC) han reconocido hoy haber realizado facturaci¨®n por servicios no realizados al grupo de empresas IMS, seg¨²n fuentes judiciales.
De los cinco administradores citados a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21, que investiga el caso, uno de ellos, Eduardo R. G., se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que los otros cuatro, Antonio M. B., Maria Luisa Z. P., Jes¨²s G. P. y Andr¨¦s D. P. han explicado que aceptaron la facturaci¨®n falsa.
Seg¨²n el escrito del fiscal, en el periodo comprendido entre 2004 y 2006, se emitieron por parte del grupo de empresas IMS facturas que "no correspond¨ªan a ning¨²n servicio" por valor de m¨¢s de 1,78 millones de euros. Solo en una peque?a parte de estas facturas se ha podido acreditar una efectiva contraprestaci¨®n.
En la querella el fiscal asegura que estas personas "se brindaron a figurar como administradores ficticios o testaferros de las empresas, colaborando, por lo tanto, en la trama de elaboraci¨®n de la 'pelota' financiera".
Los cabezillas se negaron a declarar
Los ex vocales de la Fundaci¨® Catalunya i Territori Juan Albert L¨®pez -que tambi¨¦n ocup¨® el cargo de tesorero- y Miquel ?ngel Cort¨¦s, considerados los cabecillas de la trama, se acogieron el pasado d¨ªa 15 de octubre a su derecho a no declarar como principales imputados por las presuntas irregularidades en la gesti¨®n de la fundaci¨®n, vinculada a UDC.
El presidente de la fundaci¨®n, Josep Boqu¨¦, citado para el mismo d¨ªa, no acudi¨® a declarar, porque no hab¨ªa sido localizado en la citaci¨®n, seg¨²n fuentes judiciales. Otro de los imputados, Santiago Conesa, administador de una de las empresas imputadas, tampoco acudi¨® por problemas en su citaci¨®n.
La Fiscal¨ªa present¨® una querella en julio -que fue admitida a tr¨¢mite poco despu¨¦s- contra 15 personas, a las que acusa de delitos de apropiaci¨®n indebida, administraci¨®n desleal, falsificaci¨®n y estafa. Muchos de los querellados est¨¢n vinculados al mismo tiempo a la fundaci¨®n y al grupo de empresas IMS.
La Fiscal¨ªa tambi¨¦n apunta a un supuesto fraude de cinco millones de euros a distintos bancos cometido hasta 2008 por parte de los entonces altos cargos de la Fundaci¨® que solicitaban financiaci¨®n para su grupo empresarial -IMS- mediante documentaci¨®n falsa.
Los cinco millones defraudados a entidades bancarias los consegu¨ªan los querellados utilizando dos niveles de grupos de empresas: el primero solicitaba a los bancos l¨ªneas de descuento para hacer frente a facturas -que resultaban ser falsas- y que deb¨ªan abonar las sociedades del segundo nivel. Los descubiertos se iban tapando gracias a nuevos cr¨¦ditos, y as¨ª hasta crear una pelota financiera que concluy¨® en un concurso de acreedores.
Para el fiscal, el concurso de acreedores "evidencia la maniobra absoluamente fraudulenta" ya que apenas existen en dichos concursos de las diferentes empresas del grupo otros acreedores que no sean las propias entidades financieras.
Alquiler de cinco locales a UDC
El fiscal observa indicios de un delito de administraci¨®n desleal en el alquiler de cinco locales propiedad de la Fundaci¨® a UDC, desde 2002, ya que desde 2005 la fundaci¨®n no percibi¨® ning¨²n alquiler de parte del partido, adem¨¢s de su posterior venta de estos locales "por un precio sensiblemente inferior al de mercado".
Para la Fiscal¨ªa, resulta "razonable" que debido a la "afinidad ideol¨®gica y los v¨ªnculos estrechos entre fundaci¨®n y partido", la disposici¨®n de bienes de una a favor de la otra no se produzca necesariamente a precios de mercado, pero "una cosa es no obtener beneficios en la transmisi¨®n o procurar al comprador un precio ventajoso, y otra diferente es consentir el impago del alquiler durante m¨¢s de cuatro a?os o vender cuatro inmuebles por poco m¨¢s del valor catastral".
El fiscal puntualiza que en el caso de que la instrucci¨®n judicial acredite los hechos expuestos en la querella, UDC podr¨ªa resultar afectada como beneficiario a t¨ªtulo lucrativo tanto por el pago de sus servicios por parte del grupo IMS como por la obtenci¨®n de locales.
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