La fiscal¨ªa investiga desde julio las maniobras de Batasuna para presentarse a las municipales

El cese de las acciones armadas de ETA no ha condicionado la labor del ministerio p¨²blico contra el terrorismo de la banda ni contra las actividades de su frente pol¨ªtico-institucional. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional abri¨® el pasado 22 de julio unas diligencias de investigaci¨®n para obtener informaci¨®n sobre las maniobras en el seno de la izquierda abertzale para estar presente en las municipales del 22 de mayo de 2011. El objetivo es acumular indicios para instar un posible cese de actividades de la nueva marca electoral o enviarlos a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo para que presente la demanda de ilegalizaci¨®n que prev¨¦ la Ley de Partidos. La principal sospecha es que, esta vez, recurrir¨¢n a la creaci¨®n de una nueva formaci¨®n.

La investigaci¨®n, ordenada por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, y encargada a los fiscales Vicente Gonz¨¢lez Mota (coordinador de asuntos de terrorismo) y Daniel Campos, naci¨® con la llegada a fiscal¨ªa de un informe de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n de la polic¨ªa sobre la intenci¨®n de la ilegalizada Batasuna de buscar f¨®rmulas para estar presente en los comicios. Su objetivo es acreditar la existencia de una estrategia del "entramado pol¨ªtico-institucional" de ETA (el nombre dado en la Audiencia al brazo pol¨ªtico de la banda) para alcanzar ese fin y dilucidar cu¨¢les ser¨¢n los cauces que la izquierda abertzale pretender¨¢ utilizar para obtener representaci¨®n pol¨ªtica a partir del 22 de mayo. Lo que Gonz¨¢lez Mota y Campos pretenden conocer desde hace meses es si los radicales recurrir¨¢n a alianzas con partidos legales (como Aralar o EA), a la creaci¨®n de agrupaciones de electores o la instrumentalizaci¨®n de partidos durmientes, como ocurri¨® con el PCTV.

Para ello, la investigaci¨®n sigue dos l¨ªneas. La primera, de tipo policial, es solicitar informes a la polic¨ªa, la Guardia Civil y la Ertzaintza. Al mismo tiempo, los fiscales tratan de racionalizar todas las pruebas e indicios que puedan aparecer en los procesos que se est¨¢n investigando en los distintos juzgados de la Audiencia y los que se inicien hasta las pr¨®ximas elecciones municipales. Se trata de bucear en al menos una decena de sumarios en busca de datos sobre reuniones de tipo pol¨ªtico, actos e informes policiales de cara a plantearlos en un ¨²nico procedimiento.

Hasta el momento, la fiscal¨ªa ha recibido un informe de cada uno de los cuerpos policiales. Los tres confirman, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, la inequ¨ªvoca voluntad de ETA y Batasuna de estar en las instituciones. Otros documentos en poder del ministerio p¨²blico, como el incautado en la operaci¨®n que desarticul¨® Bateragune, la comisi¨®n de coordinaci¨®n de la izquierda abertzale, recog¨ªa un an¨¢lisis sobre las ¨²ltimas elecciones vascas y formulaba sus l¨ªneas de actuaci¨®n estrat¨¦gica en materia electoral para los dos a?os siguientes.

La principal sospecha es que el instrumento elegido ser¨¢ la creaci¨®n de un nuevo partido. Por eso, en los ¨²ltimos d¨ªas, la fiscal¨ªa ha vuelto a pedir a los tres cuerpos policiales que investiguen esa hip¨®tesis. El resultado de esas pesquisas se recoger¨¢ en nuevos informes que se a?adir¨¢n a la investigaci¨®n. Los recabados hace ya m¨¢s de tres meses, no descartaron ninguna de las posibilidades a las que la formaci¨®n ilegalizada ha recurrido hasta ahora (nuevas siglas, agrupaciones o partidos durmientes).

Todas las pruebas acumuladas a trav¨¦s de los cuerpos policiales y en los diferentes casos abiertos en la Audiencia podr¨ªan utilizarse para poner en marcha las dos formas previstas por la ley para desactivar un partido pol¨ªtico. La primera es el cese de actividades previsto en el C¨®digo Penal que ya utiliz¨® el juez Baltasar Garz¨®n en su momento con Batasuna, Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV), PCTV, Democracia Tres Millones y Askatasuna.

Para ello, el ministerio p¨²blico plantear¨ªa un nuevo caso en el juzgado de la Audiencia que correspondiera por los delitos de integraci¨®n o colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista o instar¨ªa la suspensi¨®n en uno de los procedimientos ya abiertos contra el entorno de la banda.

Una segunda posibilidad -acumulable a la suspensi¨®n de actividades- ser¨ªa la de mandar todo ese material a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo para presentar una demanda de ilegalizaci¨®n ante la Sala Especial del art¨ªculo 61 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, a la que la Ley de Partidos encarga el estudio de estos casos. Solo la fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado pueden iniciar ese procedimiento, seg¨²n esa misma ley.