El PP se enroca en defensa de Camps pese a la acusaci¨®n del fiscal

La posici¨®n del presidente de la Generalitat valenciana es cada vez m¨¢s dif¨ªcil de defender. Y parece que, despu¨¦s de un nuevo rev¨¦s judicial en el caso de sus trajes, la primera conclusi¨®n de Francisco Camps es que las penas se pasan mucho mejor en compa?¨ªa. Por eso hoy tiene previsto presentar en Alzira (Valencia), junto a una selecci¨®n de altos cargos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, a los candidatos del partido en los municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes de cara a las pr¨®ximas elecciones.

El PP espera que la asistencia al acto sea multitudinaria, y que los militantes hagan olvidar que ayer Camps recibi¨® varias comunicaciones judiciales que resultaron todas contrarias a sus intereses. El popular hab¨ªa instado al ministerio p¨²blico a pedir el archivo del caso de los trajes, y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n present¨® ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un severo escrito de conclusiones en el que pide sentarlo en el banquillo por un delito de cohecho continuado: haber recibido en consideraci¨®n de su cargo "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama G¨¹rtel entre los a?os 2005 y 2008. Su abogado hab¨ªa intentado, paralelamente, dilatar el procedimiento planteando nuevas diligencias, y tanto el juez instructor, Jos¨¦ Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, las rechazaron.

Anticorrupci¨®n pide para Camps una pena de multa de cinco meses y 15 d¨ªas con una cuota diaria de 250 euros. En total: 41.250 euros. La fiscal¨ªa recuerda que el castigo que reclama para el presidente valenciano es acorde con el C¨®digo Penal vigente cuando se cometieron los hechos. Con la nueva redacci¨®n del C¨®digo Penal, pactada el a?o pasado por PSOE y PP, el mismo comportamiento est¨¢ castigado con pena de prisi¨®n de seis meses a un a?o y suspensi¨®n de empleo y cargo p¨²blico de uno a tres a?os.

El Partido Popular reaccion¨® a la noticia con extrema cautela. El presidente de la Generalitat -que se encontraba en ese momento de regreso a Valencia de un viaje oficial a Berl¨ªn con escala en Madrid- logr¨® que G¨¦nova saliese en su defensa con una declaraci¨®n en la que se volvi¨® a descalificar la actuaci¨®n de la fiscal¨ªa, se reiter¨® la confianza en la inocencia de Camps y se tach¨® de "desproporcionada" la pena de multa solicitada.

G¨¦nova ve "doble rasero"

G¨¦nova sostiene que una vez m¨¢s la fiscal¨ªa aplica un "doble rasero" al investigar el esc¨¢ndalo de la trama G¨¹rtel y casos que afectan a los socialistas, como las supuestas prejubilaciones falsas en la Junta de Andaluc¨ªa.

En Valencia, la direcci¨®n regional del PP reforz¨®, poco despu¨¦s, el pronunciamiento de G¨¦nova al insistir en que "todo el partido" en la Comunidad Valenciana respalda a Camps como candidato a la reelecci¨®n. Las mismas fuentes indicaron tambi¨¦n que la fiscal¨ªa ha fracasado en su intento de vincular el caso de los trajes a la financiaci¨®n irregular del partido.

La direcci¨®n del PP hace hincapi¨¦ en que el escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n recoge la acusaci¨®n de cohecho impropio, pero no alude en ning¨²n momento al cohecho propio ni a una posible financiaci¨®n irregular, desmontando en su opini¨®n "la campa?a de insidias" de aquellos que pretend¨ªan hacer del caso G¨¹rtel una causa general contra el PP. La supuesta financiaci¨®n ilegal del PP no forma parte, de momento, del caso de los trajes, y a¨²n est¨¢ pendiente de ser asumida por el Tribunal Superior valenciano. Adem¨¢s, en contra de lo que afirma el PP, la Fiscal¨ªa, en el escrito entregado hoy en Valencia, vuelve a solicitar la acumulaci¨®n de m¨¢s delitos a la causa de Camps, entre ellos el de financiaci¨®n ilegal, delito electoral, cohecho y contra la Hacienda P¨²blica.

La direcci¨®n del PP insiste en la inocencia del presidente de la Generalitat y cree que as¨ª lo acabar¨¢ demostrando la Justicia. Adem¨¢s, da por seguro que ser¨¢ su candidato a las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas. El presidente del PP, Mariano Rajoy, asegur¨® hace un par de semanas que estaba convencido de que Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su carrera pol¨ªtica por la acusaci¨®n de no haber pagado tres trajes.

Petici¨®n de dimisi¨®n

La oposici¨®n se ha mostrado menos comprensiva y ha pedido de nuevo que Camps deje el cargo. La coordinadora de Esquerra Unida del Pa¨ªs Valenci¨¤ (EUPV) y diputada en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, destac¨® que el escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n le acerca a Camps "al banquillo de los acusados". En opini¨®n de la coordinadora de EUPV "lo que deber¨ªa hacer Camps es evitar la fotograf¨ªa de un presidente de la Generalitat sentado ante un juez por cohecho, dejar al cargo y acudir al tribunal sin ostentar el cargo".

En la misma l¨ªnea, el portavoz del grupo parlamentario Comprom¨ªs, Enric Morera, opin¨® que el escrito de la fiscal¨ªa "deja bien claro que Camps recibi¨® regalos de la trama G¨¹rtel en atenci¨®n a su cargo" y que el caso "conduce irremediablemente al presidente al banquillo de los acusados". Morera ha exigido de nuevo que Camps "deje su cargo y deje as¨ª de perjudicar la imagen de la instituci¨®n que preside".

Intento de dilatar el caso de los trajes

La decisi¨®n de los jueces frustr¨® ayer lo que a estas alturas parece el ¨²nico objetivo de la defensa de Camps: retrasar hasta donde sea posible la apertura de juicio oral. Tanto el juez instructor, Jos¨¦ Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, desestimaron las nuevas diligencias solicitadas por la defensa.

El entorno del presidente ten¨ªa puestas sus esperanzas en el recurso de apelaci¨®n visto el martes por la Sala Civil y Penal. La misma que archiv¨® la causa en 2009 con una interpretaci¨®n que vaciaba de contenido el delito de cohecho pasivo impropio, lo que llev¨® al Tribunal Supremo a reabrir el caso en 2010.

El abogado de Camps solicitaba incorporar a la causa una conversaci¨®n entre Pablo Crespo, n¨²mero dos de la trama G¨¹rtel, y su abogado, grabada en prisi¨®n, porque consideraba que beneficiaba a la defensa. Pero esas grabaciones, record¨® ayer la sala, fueron declaradas ilegales por el TSJ de Madrid y no es posible rescatarlas. Crespo, adem¨¢s, ha declarado en la causa lo mismo que dec¨ªa en las grabaciones.

Es probable que la sala tenga que volver a pronunciarse. Flors tambi¨¦n rechaz¨® ayer dos peticiones de la defensa, y parece seguro que esta recurrir¨¢.

Misma pena para Costa

La fiscal¨ªa solicita la misma pena de Camps para Ricardo Costa, que en el momento de los hechos era secretario general del PP valenciano y hoy es diputado regional; y Rafael Betoret, que era jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo y es ahora jefe de protocolo de la Diputaci¨®n. Para V¨ªctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat, pide una multa de 35.000 euros. Los cuatro habr¨ªan recibido regalos de la trama por valor de 40.374 euros en tres a?os.

El ministerio p¨²blico considera acreditado que Francisco Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, "con el fin de ganarse la amistad y el favor" de los imputados, "les hicieron llegar de forma continuada y en consideraci¨®n a la naturaleza y rango de sus cargos determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir". Y que los acusados los recibieron siendo conscientes de que les eran entregados por su cargo, "desde el que pod¨ªan tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre materias en relaci¨®n con las cuales Correa, P¨¦rez y Crespo manten¨ªan importantes intereses econ¨®micos".

Entre 2004 y 2009, Orange Market, la empresa de El Bigotes (a quien Camps se refer¨ªa como "amiguito del alma"), obtuvo contratos del Gobierno valenciano por unos 16 millones de euros.

Los regalos, se?alan las fiscales, eran adquiridos en las tiendas Milano y Forever Young y eran abonados por seis empresas de la trama: Easy Concept, Dise?o Asim¨¦trico, Good & Better, Servimadrid y Orange Market. Los pagos a veces eran en efectivo y otras, a trav¨¦s de cheques y transferencias. Previamente, los empleados de las tiendas contactaban con los imputados para tomarles medidas. Camps y los otros tres acusados recib¨ªan las prendas en sus domicilios, en casa de El Bigotes, o en Orange Market.

Anticorrupci¨®n ofrece un anticipo del circo en el que se convertir¨¢ el TSJ valenciano si, como todo apunta, se abre juicio oral. La fiscal¨ªa solicita interrogar a los acusados y que comparezcan 22 testigos y peritos policiales, de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ante un jurado popular.

El ministerio p¨²blico insiste en suspender el procedimiento hasta que no se resuelvan las dos inhibiciones del juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso G¨¹rtel, en favor del TSJ valenciano. Su aceptaci¨®n implicar¨ªa el traslado a Valencia de nuevos delitos (cohecho, financiaci¨®n ilegal, delito electoral, contra la Hacienda p¨²blica y otros) en los que estar¨ªan implicados 14 miembros del Gobierno y el PP valencianos.