La Junta rechaza enviar a la juez del 'caso ERE' las actas de los consejos de Gobierno desde 2001
El Gobierno andaluz ofrece toda la documentaci¨®n relacionada con la investigaci¨®n de los expedientes irregulares
El Ejecutivo andaluz ha anunciado esta ma?ana que no entregar¨¢ a la juez Merecedes Alaya las actas de los consejos de Gobierno de los ¨²ltimos 10 a?os, tal y como solicit¨® la magistrada como parte de la investigaci¨®n de los presuntos fraudes cometidos en los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo. El Ejecutivo aut¨®nomo entiende que la petici¨®n de la juez, dado a conocer en un auto del pasado 21 de marzo, es adem¨¢s de "in¨¦dito", "va m¨¢s all¨¢ de lo razonable", al no solicitar de "manera motivada" su requerimiento.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha asegurado que los Servicios Jur¨ªdicos del Junta de Andaluc¨ªa consideran imposible "levantar la reserva con car¨¢cter general e indiscriminado" de las actas de todas las reuniones de todos los gabinetes de los ¨²ltimos a?os, tal y como hab¨ªa solicitado la juez. Mercedes Ayala acus¨® al Ejecutivo que dirige Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n de "cierta falta de colaboraci¨®n". La portavoz ha anunciado que el Ejecutivo andaluz enviar¨¢ al Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla un "requerimiento de incompetencia" acompa?ado de una oferta para enviarle todos los informes y acuerdos adoptados "sobre el caso que nos ocupa". Seg¨²n Mar Moreno, el Ejecutivo aut¨®nomo incumplir¨ªa la ley de Gobierno de la comunidad si diera todos los documentos a la juez, ya que el art¨ªculo 31. 1 se?ala: "Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendr¨¢n car¨¢cter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos p¨²blicos".
El Gobierno regional no considera necesario aportar a la magistrada los acuerdos administrativos relacionados con otros asuntos. Y le ha pedido a la juez Alaya que concrete qu¨¦ informaci¨®n es la que requiere.
En el caso de que la encargada del caso no acepte esta decisi¨®n, ser¨¢ la propia juez la que debe elevar un conflicto de jurisdicci¨®n ante el Tribunal Supremo. Seg¨²n la Junta de Andaluc¨ªa no existe ning¨²n precedente en Espa?a de que otro Gobierno haya planteado antes esta discusi¨®n.
Mar Moreno, que ha recordado que la Junta est¨¢ personada en el caso como acusaci¨®n particular, ha dicho que si la juez le pide los informes concretos, le remitir¨¢ certificados de los acuerdos con toda la documentaci¨®n.
La consejera de la Presidencia ha dicho que no teme las previsibles cr¨ªticas de la oposici¨®n andaluza de que est¨¢n ocultando datos a la magistrada. "Si tuvi¨¦ramos algo que ocultar nos hubi¨¦ramos ido de inmediato al Tribunal Supremo. Estamos interesados en remitir el documento uno al 2001. Moreno ha dicho que la Junta ha enviado a la juez del caso 150.000 folios con la informaci¨®n que ha pedido y tambi¨¦n con el resultado de la investigaci¨®n abierta por la Consejer¨ªa de Empleo.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n al que recurren las administraciones p¨²blicas que plantean reparos a los diferentes tribunales del pa¨ªs, resolvi¨® el a?o pasado siete asuntos. La Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco o el Ayuntamiento de Sagunto plantearon las dudas a este tribunal que preside C¨¢rlos D¨ªvar como presidente del Tribunal Supremo. El tribunal tiene seis miembros, y junto a D¨ªvar figuran los magistrados Jos¨¦ Manuel Bandr¨¦s, Octavio Herrero, y tres miembros del Consejo de Estado.
Seg¨²n estas pesquisas, hay 183 irregularidades en el caso de los ERE, de los 72 son intrusos (personas que nunca han trabajado en las empresas y 111 "discordancias administrativas".
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