Gobierno y Junta blindan la gesti¨®n del Guadalquivir durante seis meses

Seis meses. Es el plazo que se han dado el Gobierno central y la Junta de Andaluc¨ªa para encontrar una soluci¨®n definitiva sobre las competencias y la gesti¨®n del Guadalquivir, que se han quedado en el aire tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que anul¨® el art¨ªculo 51 del Estatuto auton¨®mico. Y seis meses es la duraci¨®n que tendr¨¢ el convenio que las dos administraciones firmar¨¢n el lunes por el que el Ministerio de Medio Ambiente encomendar¨¢ temporalmente a la Junta la gesti¨®n de los "recursos y aprovechamientos" de las aguas del r¨ªo que transcurren por Andaluc¨ªa.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, y Mar Moreno, consejera de la Presidencia de la Junta, han anunciado que el lunes se firmar¨¢ ese convenio para encomendar de forma transitoria la gesti¨®n, que no las competencias, que ahora estar¨¢n en manos del Gobierno central. Lo han hecho despu¨¦s de reunirse en la comisi¨®n mixta de transferencias, en la que tambi¨¦n participaron el Ministro de Pol¨ªtica Territorial y Administraci¨®n P¨²blica, Manuel Chaves, y el consejero de Medio Ambiente, Jos¨¦ Juan D¨ªaz Trillo.

La encomienda es la f¨®rmula que se ha buscado para blindar la gesti¨®n del r¨ªo tras el fallo del Constitucional y ante el peligro de caer en un limbo jur¨ªdico. El convenio servir¨¢ para cubrir legalmente las espaldas de las dos administraciones en los pr¨®ximos seis meses. Pero, seg¨²n se?al¨® Moreno, tambi¨¦n servir¨¢ para blindar los dos ¨²ltimos a?os de gesti¨®n de la Junta, que recibi¨® las competencias el 1 de enero de 2009. Seg¨²n la consejera, en la encomienda se dejar¨¢ claro que "los actos y resoluciones dictados [en estos dos ¨²ltimos a?os] no son susceptibles de ser revisados". Se trata de un "dique" frente a las posibles reclamaciones de alg¨²n perjudicado durante estos dos ¨²ltimos a?os de gesti¨®n del r¨ªo por parte de la Junta. La semana pasada, por ejemplo, la asociaci¨®n agraria Asaja reclam¨® a la Junta que, de oficio, devuelva todo el dinero que se ha cobrado desde 2009 en concepto de c¨¢nones de regad¨ªo y sanciones. Moreno rechaz¨® tambi¨¦n esta posibilidad: "Todos los actos han sido v¨¢lidos y por eso los hemos declarado no revisables". La consejera asegur¨® que la doctrina del Constitucional est¨¢ de su parte en este asunto, aunque no descart¨® la posibilidad de que alg¨²n particular opte por acudir a la justicia.

Respecto al futuro m¨¢s pr¨®ximo, cuando se apruebe el convenio Andaluc¨ªa tendr¨¢ durante seis meses encomendada la gesti¨®n del r¨ªo. Pero la situaci¨®n cambiar¨¢ respecto a los dos ¨²ltimos a?os. Las competencias volver¨¢n al Gobierno central y ser¨¢ el Ministerio de Medio Ambiente el que tendr¨¢ la capacidad para resolver. Por ejemplo, si ha de imponerse una sanci¨®n por un vertido, la Junta podr¨¢ completar la tramitaci¨®n solo hasta el momento de elevar una propuesta de sanci¨®n. Ser¨¢ el ministerio el que firme e imponga finalmente esa sanci¨®n. Lo mismo ocurrir¨¢ con las concesiones de aguas para la agricultura.

El convenio que se firmar¨¢ el lunes sustituir¨¢ al real decreto de 17 de octubre de 2008, por el que se transfirieron las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta. Este decreto fue recurrido ante el Tribunal Supremo por los gobiernos aut¨®nomos de Extremadura y Castilla-La Mancha y por una asociaci¨®n de ingenieros de Caminos. Esta norma se basaba en el art¨ªculo 51 del Estatuto, anulado por el Constitucional. El Supremo recibi¨® la semana pasada la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, por lo que no tardar¨¢ en pronunciarse sobre el decreto de transferencias.

Seg¨²n detallaron fuentes del ministerio de Medio Ambiente, en el convenio que se firmar¨¢ el lunes tambi¨¦n se incluir¨¢ una cl¨¢usula en previsi¨®n de que el Supremo tumbe el decreto de transferencias de 2008, algo bastante probable. La encomienda de gesti¨®n quedar¨¢ abierta para que se puedan incluir las recomendaciones u obligaciones que determine el Supremo, indicaron las mismas fuentes.

Respecto a la soluci¨®n definitiva que se busque para el Guadalquivir, la salida ser¨¢ compleja, ser¨¢ "un trabajo arduo, complejo y sin precedentes de arquitectura jur¨ªdica", seg¨²n escribi¨® en EL PA?S el presidente andaluz, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. La consejera tambi¨¦n insisti¨® en ese asunto en Madrid y record¨® que, hasta ahora, no se hab¨ªa anulado en Espa?a una competencia transferida que estuviera ya en vigor.

El Gobierno y la Junta acordaron tambi¨¦n crear una subcomisi¨®n, dentro de la comisi¨®n mixta de transferencias, que se encargar¨¢ de buscar una soluci¨®n definitiva para el Guadalquivir. Este grupo de trabajo estar¨¢ formado por seis miembros de la Junta y otros tantos de la Administraci¨®n central. No estar¨¢n representadas el resto de comunidades aut¨®nomas por las que transcurren las aguas de la cuenca del Guadalquivir, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente asegur¨® con estas regiones el di¨¢logo ser¨¢ "cotidiano y habitual".

Antes de celebrarse el encuentro entre la Junta y el Gobierno, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fern¨¢ndez Vara, pidi¨® que se alcance un "modelo de gesti¨®n compartida" en materia de cuencas hidrogr¨¢ficas entre el Gobierno central y las comunidades aut¨®nomas implicadas. Se tratar¨ªa, seg¨²n se?al¨® Fern¨¢ndez Vara, de una "f¨®rmula cooperativa".