El Parlamento pide a la C¨¢mara de Cuentas que fiscalice las ayudas a los ERE desde 2001

El Parlamento andaluz ha aprobado hoy por unanimidad (PSOE, PP e IU) pedir a la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa que haga un "informe fiscalizador con car¨¢cter integral" de las ayudas dadas por la Junta a trabajadores afectados por expedientes de regulaci¨®n de empleo y empresas en crisis, desde 2001 hasta 2010.

Lo ha acordado la Comisi¨®n de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica, al aprobar una iniciativa en este sentido del Consejo de Gobierno y otras de PSOE y PP, al final unificadas por acuerdo de ambos grupos, para que la C¨¢mara de Cuentas haga un informe "con car¨¢cter integral" sobre el asunto de los ERE, cuyas presuntas ilegalidades investiga la juez de Instrucci¨®n 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Estas iniciativas mandan al ¨®rgano fiscalizador a investigar esas ayudas otorgadas en la ¨²ltima d¨¦cada tras las presuntas irregularidades detectadas, que una investigaci¨®n de la Consejer¨ªa de Empleo cifra en 183, con 72 intrusos que nunca trabajaron en las empresas afectadas y 111 casos con "discordancias administrativas".

El diputado del PSOE Jos¨¦ Caballos ha resaltado que la primera de estas iniciativas que entr¨® en el Parlamento fue "la del propio Gobierno", porque se busca una "transparencia total" y que un ¨®rgano de extracci¨®n parlamentaria y espec¨ªfico como la C¨¢mara de Cuentas "investigue qu¨¦ ha ocurrido" con esas ayudas.

Se trata de "investigar la gesti¨®n del propio Gobierno", seg¨²n Caballos, que ha aseverado que est¨¢ "clar¨ªsimo" que la Junta est¨¢ "colaborando totalmente con la Justicia, salvo la discrepancia surgida con las actas de los consejos de Gobierno".

Ha destacado que los socialistas quieren que se investigue hasta el final "caiga quien caiga" y que "quien haya metido la mano, lo pague", a diferencia del PP, pues el PSOE "no lo dice, sino que lo hace", ha dicho en respuesta a las acusaciones del parlamentario popular Francisco Delgado Bonilla.

Ha admitido que "se han producido irregularidades" en esas ayudas y, "en su caso ilegalidades, lo que determinar¨¢ la juez", pero ha insistido en que mientras tanto el Gobierno andaluz y el PSOE est¨¢n "colaborando con la Justicia" y "llevando la iniciativa".

El objetivo es que la C¨¢mara de Cuentas establezca "profesional y t¨¦cnicamente lo que ha ocurrido, pero sin disparar contra todo lo que se mueva, sin confundir la peque?¨ªsima parte con el todo, ni deslegitimando todas la pol¨ªticas sociolaborales que han beneficiado de manera justa, legal, leg¨ªtima y correcta a muchos trabajadores y empresas", como pretende el PP, seg¨²n el parlamentario socialista.

Delgado Bonilla (PP) ha recalcado que el presidente andaluz, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, compa?ero suyo como inspector de trabajo y seguridad social, "en su d¨ªa prometi¨® o jur¨® cumplir con sus obligaciones y defender las funciones de vigilancia del cumplimiento del orden social y laboral", por lo que ha apelado a que cumpla su compromiso.

Para el diputado del PP, el Gobierno est¨¢ en una "huida constante del derecho administrativo para entrar de lleno en el C¨®digo Penal" y est¨¢ bajo sospecha" por el mal uso de fondos p¨²blicos, "y ya se ver¨¢ si es por intereses partidistas o por beneficiar a amiguetes".

Ha denunciado que "todo lo que toca" el PSOE, "lo corrompe, lo contamina y lo prostituye", como "un instrumento jur¨ªdico muy eficaz como los ERE", y ha dicho que "tuvo que haber muchos padrinos" y que hay que "depurar responsabilidades e investigar los expedientes ya pagados" o 'muertos', adem¨¢s de preguntarse si el Fondo de Garant¨ªa Salarial "tambi¨¦n estar¨¢ contaminado".

Pedro Vaquero (IU) ha coincidido en que hay que investigar, pero que, igual que se aprueba que la C¨¢mara de Cuentas fiscalice esas ayudas, tambi¨¦n deber¨ªa de haberse creado una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Parlamento, y ha exigido que "se depuren todas las responsabilidades pol¨ªticas y se coja el toro por los cuernos".