La juez de los ERE amenaza a la Junta con acusarla de desobediencia
Mercedes Alaya da 72 horas al Ejecutivo de Gri?¨¢n para que entregue en sobre lacrado las 480 actas de sus reuniones desde 2001
La juez que investiga el esc¨¢ndalo de los ERE fraudulentos subvencionados con fondos de la Junta de Andaluc¨ªa, Mercedes Alaya, ha ordenado al Gobierno que preside Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n que le env¨ªe en un sobre cerrado las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para que la instructora las custodie mientras el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales decide sobre la cuesti¨®n.
La juez Alaya amenaza al Ejecutivo y le avisa de que si no entrega copia de las actas durante los pr¨®ximos tres d¨ªas estar¨ªa cometiendo un delito de desobediencia y otro por incumplimiento de una medida cautelar. La juez exige asimismo copia de las actas de los consejos de direcci¨®n de las consejer¨ªas de Presidencia, Econom¨ªa e Innovaci¨®n, Hacienda y Empleo desde 2001. Alaya dicta su auto "para evitar en el terreno de las hip¨®tesis que pudieran ocultarse o alterarse parte de las actas".
La magistrada hab¨ªa solicitado las actas al Ejecutivo andaluz porque considera que no son "ni reservadas ni secretas" y "solo ser¨¢n secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos", seg¨²n un auto de la semana pasada. Ayer el letrado de la Junta reiter¨® su negativa a entregar las actas y la magistrada ha respondido con otro auto en el que ordena la entrega de las actas porque desconf¨ªa de que la Junta no manipule dichas actas, y le concede tres d¨ªas para que las entregue.
La juez se basa en el art¨ªculo 12 de la ley org¨¢nica 2/1987 de conflictos jurisdiccionales, que establece: "El requirente y requerido conservar¨¢n, en su caso, testimonio de lo necesario para realizar las actuaciones provisionales que hayan de adoptarse o mantenerse para evitar que se eluda la acci¨®n de la justicia". La semana pasada Alaya dijo que busca las actas que aclaren si el acuerdo que dio v¨ªa libre en 2001 al fondo para empresas en crisis se ratific¨® en Consejo de Gobierno; si el convenio se renov¨® despu¨¦s de que caducara en 2003; si se adopt¨® alg¨²n acuerdo ante los reparos de la Intervenci¨®n y la C¨¢mara de Cuentas; y las ampliaciones de presupuesto que afectaron al fondo. Para aclarar esos conceptos la juez considera necesario revisar las 480 actas. "Si esta instructora conociera qu¨¦ actas son relevantes para la investigaci¨®n solo pedir¨ªa esas", alega Alaya.
Adem¨¢s, la magistrada acus¨® al presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, en su etapa como consejero de Econom¨ªa, de conocer los informes de la Intervenci¨®n General que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo para el fondo de empresas en crisis. El Ejecutivo niega la mayor.
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