Explosi¨®n de deuda

La deuda auton¨®mica se ha convertido en un problema grave para la estabilidad financiera espa?ola, aunque no pocos Gobiernos aut¨®nomos se empe?en en minimizarlo o, incluso, negarlo. Las estad¨ªsticas difundidas por el Banco de Espa?a no dejan lugar a dudas. El a?o pasado la deuda de las comunidades subi¨® el 17,2% y se situ¨® en 140.083 millones, el 13,1% del PIB. Los compromisos de estabilidad presupuestaria, siempre renovados con ¨¦nfasis y nunca cumplidos, no han bastado para que la deuda venga creciendo anualmente desde 1995 a ritmo de r¨¦cord. No es sensato, ni siquiera cre¨ªble, desviar la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica culpando al Estado del desbordamiento financiero; y tampoco pueden quejarse ahora los ejecutivos de las autonom¨ªas de la profundidad de los recortes presupuestarios, porque fueron advertidos con mucha antelaci¨®n, tanto en periodos de crecimiento como de recesi¨®n, de la necesidad de pol¨ªticas austeras.

La explosi¨®n de la deuda auton¨®mica tiene que ver con dos claras disfunciones financieras p¨²blicas, relacionadas entre s¨ª. Las autonom¨ªas se han constituido hist¨®ricamente como instrumentos de gasto que se pagaba con ingresos recaudados y cedidos, cada vez en mayor proporci¨®n, por el Estado. En ¨¦pocas de bonanza ninguna comunidad acept¨® la evidencia de que pod¨ªa imponer sus propias tasas o grav¨¢menes, porque tales decisiones hubieran acarreado, en los c¨¢lculos pol¨ªticos de vuelo bajo, un coste inaceptable en las urnas. Pero el caso es que cuando los impuestos nacionales y regionales se han hundido, las Consejer¨ªas de Hacienda se ven obligadas a imponer recargos que probablemente ten¨ªan que haber impuesto mucho antes. Y todo con menos eficacia recaudatoria y m¨¢s irritaci¨®n ciudadana que si se hubiesen decidido a tiempo.

Tampoco hay que olvidar que en no pocas ocasiones los Gobiernos regionales tienen que pagar servicios para los que no han recibido la debida financiaci¨®n. Por todo ello, el Gobierno central tiene que aplicarse a construir un sistema de financiaci¨®n que sirva para ¨¦pocas de prosperidad y de recesi¨®n, que implique a la pol¨ªtica econ¨®mica de las comunidades y que ponga fin a una amenaza persistente de quiebra que, de concretarse, arruinar¨ªa los esfuerzos de solvencia exterior. El Gobierno se juega en este envite la credibilidad; ha de demostrar que puede imponer a los Gobiernos aut¨®nomos la austeridad que ha comprometido en Europa.