Penalizar al jubilado
El Gobierno hace recaer el peso del ajuste sanitario en asalariados y pensionistas
La medida estrella del Gobierno de Mariano Rajoy para recortar el gasto sanitario es acabar con la gratuidad de los f¨¢rmacos de la que disponen hoy la mayor parte de los jubilados espa?oles. Esta medida, la ¨²nica concreta y novedosa presentada ayer por la ministra de Sanidad Ana Mato tras reunirse con los consejeros auton¨®micos, va a reportar unos ahorros indudables por cuanto el 70% del gasto farmac¨¦utico p¨²blico proviene justamente del consumo de medicinas de los jubilados. El aumento entre un 10% y un 20% m¨¢s del precio de los f¨¢rmacos para la poblaci¨®n activa en funci¨®n de su renta tambi¨¦n va a suponer un ahorro que se compensa solo en parte con la exoneraci¨®n del pago de los parados sin prestaci¨®n alguna, una propuesta razonable.
La nueva medida, sin embargo, deteriora la equidad del sistema sanitario espa?ol y no responde, ni de lejos, a la anunciada progresividad que defend¨ªa el Gobierno de Rajoy. Los ahorros que provengan de este cap¨ªtulo se realizar¨¢n a costa de los enfermos y no de manera proporcionada de todos los contribuyentes en raz¨®n de su renta. Gobiernos anteriores han renunciado a medidas similares por considerar que la mayor complejidad burocr¨¢tica podr¨ªa comerse los ahorros logrados. El sistema anunciado por Ana Mato puede que evite abusos en el consumo farmac¨¦utico, pero no solo aumenta la carga burocr¨¢tica al distinguir a los pacientes seg¨²n su renta y su situaci¨®n laboral, sino que obliga a aportar al sistema sanitario una informaci¨®n financiera del contribuyente que hasta ahora solo manejaba Hacienda. Dado que el nuevo sistema solo tiene en cuenta el IRPF en un pa¨ªs de alto nivel de econom¨ªa sumergida y no el patrimonio, cabe afirmar que el peso de este ajuste recaer¨¢ en los asalariados y los pensionistas.
Resulta parad¨®jico que Mato no cuantificara el ahorro que se lograr¨¢ con esta medida y, sin embargo, pusiera cifras a cada una de las que desgran¨® a continuaci¨®n y que provienen de decisiones e incluso pactos anteriores. Se trata de intentar abaratar las medicinas, poner en marcha una central de compras o combatir el turismo sanitario. Todas debieran estar ya en marcha. Estas y otras son necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sorprende que se conf¨ªe solo en ellas para lograr el anunciado ahorro de 7.000 millones de euros que se sigue presentando sin base documental y fiable alguna.
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