Justicia cercenada

El aumento de las tasas judiciales que proyecta el ministro de Justicia, Alberto Ru¨ªz-Gallard¨®n, por el que pretende recaudar hasta 306 millones de euros al a?o, puede acentuar la desigualdad real de los ciudadanos ante la justicia, inevitablemente asociada a su disponibilidad econ¨®mica. El ministro ha vinculado el aumento a los objetivos de reducir la litigiosidad, evitar los ¡°abusos¡± y financiar la justicia gratuita de la que se benefician los ciudadanos que puedan demostrar que carecen de recursos para pagarla. Pero, m¨¢s all¨¢ de esos prop¨®sitos, lo que puede resultar en la pr¨¢ctica es que se cree una zona de exclusi¨®n social en el ¨¢mbito de la justicia, en la que quede atrapada una parte de la poblaci¨®n, imposibilitada de ejercer plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva.

El informe que ha elaborado la vocal del Consejo del Poder Judicial Margarita Robles, y a partir del cual el ¨®rgano de gobierno de los jueces deber¨¢ emitir esta semana su dictamen al anteproyecto de ley de Ruiz-Gallard¨®n, advierte del riesgo de que el aumento propuesto, ¡°excesivo¡± en unos casos y ¡°exorbitante¡± en otros, se convierta para muchos ciudadanos en un obst¨¢culo insalvable para acceder a la jurisdicci¨®n, contrariando la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional al respecto.

Ruiz-Gallard¨®n ha se?alado que la primera instancia estar¨¢ libre de tasas y que solo se exigir¨¢ su pago en los tr¨¢mites judiciales iniciados a partir de la segunda instancia, como si ¨¦stos fueran un lujo o a?adido que podr¨¢n pagar o no los ciudadanos seg¨²n sus medios. Se trata de un supuesto falso: el derecho a la tutela judicial efectiva no es troceable, de modo que baste para salvaguardarlo poder ejercerlo en primera instancia ante los tribunales, aunque se obstaculice su ejercicio en los posteriores recursos judiciales.

Tratar de financiar la justicia ¡°a costa de los usuarios¡± ¡ª algo que el informe de la vocal del Poder Judicial atribuye a la medida de Ruiz-Gallard¨®n¡ª supondr¨ªa dar un paso preocupante en la senda de la privatizaci¨®n, no ya de un servicio esencial, sino de un derecho fundamental que debe garantizar el Estado. No es de recibo tampoco pretender acabar con el exceso de litigiosidad con medidas disuasorias que alejen a los ciudadanos de la justicia, en lugar de promover los mecanismos de arbitraje para la soluci¨®n extrajudicial de conflictos, a los que el anteproyecto de Ruiz-Gallard¨®n no hace menci¨®n alguna.