La cultura de la corrupci¨®n

No est¨¢ cient¨ªficamente demostrado que el ser humano lleve el gen de la corrupci¨®n en su mapa gen¨¦tico. Sin embargo, debemos admitir que todos somos potencialmente corruptibles. Solo los principios ¨¦ticos y las convicciones democr¨¢ticas nos pueden inmunizar contra esta plaga. Las sociedades tolerantes con un alto ¨ªndice de corrupci¨®n se deslizan peligrosamente hacia el descr¨¦dito internacional. La honestidad y la transparencia en el manejo de lo p¨²blico han sido y son valores revolucionarios.

Todos los corruptos consideran los fondos p¨²blicos como un patrimonio que se puede gastar indebidamente y sin rendir cuentas a nadie. Disponen del dinero p¨²blico sin miramientos y no admiten cr¨ªticas ni limitaciones a su omnipotencia. Si estas premisas son ciertas las conductas que se atribuyen a Carlos D¨ªvar podr¨ªan ser incluidas en el cat¨¢logo de los comportamientos corruptos. Como persona tiene un problema que debe dilucidar cuanto antes. Pero es que, adem¨¢s, el ciudadano D¨ªvar es presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por lo que el problema lo tenemos todos.

El ciudadano D¨ªvar interpelado por los vocales del Consejo General del Poder Judicial sobre sus retiros de fin de semana a Marbella ha contestado altaneramente que sus viajes son de car¨¢cter reservado por lo que no tiene que explic¨¢rselos a nadie. Al parecer estima que los ciudadanos que pagan sus impuestos para el mantenimiento de las cargas p¨²blicas deben soportar impert¨¦rritos que la cabeza visible del Poder Judicial se d¨¦ a toda clase de lujos; escoltas excesivos, veh¨ªculos a plena disposici¨®n y gasto, facturas de restaurantes sin m¨¢s limitaci¨®n que su omn¨ªmoda voluntad, suites en hoteles de cinco estrellas y contactos en la m¨¢s estricta reserva.

A muchos nos llama la atenci¨®n el silencio sepulcral del Tribunal Supremo que D¨ªvar preside. M¨¢s all¨¢ de una posible molestia por el comportamiento de su presidente, exteriorizada en la frialdad del trato, deben reconocer que sus actividades l¨²dicas y despilfarradoras impactan tambi¨¦n sobre la dignidad del cargo que ostenta en el Poder jurisdiccional. ?Se ha reunido la Sala de Gobierno para tratar del caso y exigirle explicaciones?

El ciudadano asiste estupefacto al espect¨¢culo de la prestidigitaci¨®n interpretativa de las normas penales

En su pat¨¦tica huida hacia el abismo el presidente D¨ªvar alega, sin rubor, que aprovechaba las estancias en Marbella para mantener contactos con personas pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ?Cu¨¢l era la finalidad de estas secretas convenciones? Solo Dios y D¨ªvar lo saben. Si el ministro del Interior, que algo debe conocer del funcionamiento de los cuerpos de seguridad, est¨¢ al corriente debe salir a la palestra y tranquilizar a los espa?oles.

Algunos personajes de la vida judicial y pol¨ªtica de nuestro pa¨ªs siempre pensaron que acceder a una vocal¨ªa del Consejo General del Poder Judicial era una prebenda que proporcionaba un sueldo, ligeramente superior al de los Magistrados del Tribunal Supremo, acompa?ada del boato y esplendor que proporciona un autom¨®vil de alta gama, escolta y una absoluta e incontrolada posibilidad de disponer del dinero p¨²blico para viajes oficiales. Adem¨¢s, desde hace unos a?os la l¨ªnea de separaci¨®n entre viaje oficial y desplazamiento personal se ha difuminado hasta desaparecer de la contabilidad oficial.

El conflicto de intereses entre lo p¨²blico y lo privado viene de atr¨¢s y no ser¨ªa justo carg¨¢rselo en exclusiva al actual Consejo. El sistema se pervirti¨® cuando las dietas que cubr¨ªan los gastos del vocal viajero no daban para cubrir los fastos suplementarios. Las dietas se sustituyeron por el pago ¨ªntegro de los gastos del viaje oficial, aunque los justificantes contuvieran partidas tan llamativas como 400 d¨®lares de lavander¨ªa en pa¨ªses latinoamericanos.

La estrategia de D¨ªvar para eludir la dimisi¨®n es inaceptable. Se escuda en la decisi¨®n del Fiscal General del Estado de no abrir la v¨ªa judicial por estimar que estos gastos no constituyen una malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. La sorpresa de los ciudadanos no ha sido calmada por explicaciones y actitudes posteriores. Una vez m¨¢s, el ciudadano asiste estupefacto al espect¨¢culo de la prestidigitaci¨®n interpretativa de las normas penales. No se sabe lo que es m¨¢s escandaloso, si legitimar el despilfarro de fondos p¨²blicos cubri¨¦ndolo con tiritas administrativas o cercenar la investigaci¨®n sin llegar al fondo y sin que el implicado facilite explicaciones p¨²blicas sobre su conducta.

Respeto profundamente la intimidad de las creencias personales, pero en este caso es el personaje en cuesti¨®n el que se encarga de airearlas sin recato. Los que conocemos hace tiempo al ciudadano D¨ªvar sabemos que su personalidad se nutre de la m¨ªstica a cuyos padres fundadores cita con frecuencia en los discursos oficiales. L¨¢stima que no haya impregnado su cultura en la sobriedad de los asc¨¦ticos. Si es coherente con las creencias que exhibe, su ¨²nica salida pasa por pedir excusas y devolver los caudales p¨²blicos que ha gastado en sus estancias de lujo y esplendor en la costa de Marbella, con prolongaciones a Marruecos, seg¨²n consta documentado.

El abismo entre la ¨¦tica de la sociedad civil y la valoraci¨®n jur¨ªdica de unos hechos de esta naturaleza amenaza con romper la cohesi¨®n necesaria entre los ciudadanos y el Estado. Ya sabemos que la ¨¦tica y el derecho penal se sit¨²an en planos distintos pero no pueden alejarse tanto que se pierdan de vista el uno al otro. La decencia y la normalidad democr¨¢tica solo pueden ser restauradas con su renuncia al cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Jose Antonio Martin Pallin, abogado, es magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas (Ginebra).