Consentir la ilegalidad

El Gobierno se dispone a afrontar el problema de las urbanizaciones ilegales construidas en toda Espa?a, en especial en el litoral, con un proyecto de amnist¨ªa urban¨ªstica dif¨ªcil de aceptar por los ciudadanos que hayan adquirido legalmente su vivienda (una gran mayor¨ªa) y pagado puntualmente los impuestos. Fomento ha enviado a las comunidades aut¨®nomas, para recoger las alegaciones oportunas, un documento en el que se plantea, a trav¨¦s de modificaciones en las leyes del Suelo, de Propiedad Horizontal y de Econom¨ªa Sostenible, que las sentencias para demoler una edificaci¨®n ilegal queden suspendidas cuando se demuestre que tales viviendas las habita un tercero (es decir, un comprador de la vivienda que la ha adquirido a un promotor) de buena fe.

Como suele suceder, la declaraci¨®n de intenciones del documento nada tiene que ver con los efectos que producir¨ªa si se convierte en una amnist¨ªa efectiva y menos a¨²n con los objetivos pol¨ªticos que deja traslucir. Un cambio legal de esta naturaleza acabar¨ªa con la inquietud de decenas de miles de compradores de viviendas en urbanizaciones con licencias irregulares. Resolver¨ªa tambi¨¦n un atasco administrativo, puesto que los tribunales tramitan con excesiva lentitud las causas contra las promociones ilegales y la ejecuci¨®n de los derribos se eterniza. La amnist¨ªa reconocer¨ªa as¨ª, de forma impl¨ªcita, la incapacidad de la legislaci¨®n y del aparato jur¨ªdico espa?ol para aplicar con presteza las soluciones adecuadas.

Pero esta condonaci¨®n urban¨ªstica colocar¨ªa en desventaja a los municipios y ciudadanos que actuaron correctamente, los que han sufrido el rigor de los tr¨¢mites y pagado las tasas e impuestos correspondientes. Y dejar¨ªa en situaci¨®n desairada a los jueces que han dictado las demoliciones de acuerdo con leyes y reglamentos que respeta una mayor¨ªa de la poblaci¨®n. Equivaldr¨ªa a una claudicaci¨®n. No es posible suspender demoliciones aprobadas judicialmente, de la misma forma que no se puede amnistiar a un defraudador fiscal condenado con sentencia firme.

Tampoco es aceptable medir o pesar la buena fe del comprador. Quien compra una vivienda est¨¢ obligado a cerciorarse, porque nada le exime de cumplir la ley, si satisface los requisitos administrativos necesarios. Exactamente por la misma raz¨®n que no se le olvida comprobar que no tiene cargas hipotecarias.

La propuesta de Fomento tiene lecturas pol¨ªticas desfavorables. Una interpretaci¨®n veros¨ªmil es que el Gobierno pretende granjearse los votos de los compradores implicados, de buena o mala fe, en promociones ilegales. Ser¨ªa adem¨¢s un error que la econom¨ªa que quiere recuperar el Gobierno estuviera fundada en la construcci¨®n y en una nueva etapa de recalificaci¨®n masiva de suelos. El problema pol¨ªtico es que los votantes no ven hoy las consecuencias de una burbuja inmobiliaria, con sus secuelas de desorden urban¨ªstico y corrupci¨®n, con los mismos ojos que en 1999.