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La violencia de la crisis financiera en Espa?a y las cr¨ªticas al Gobierno de Rajoy por parte de la Comisi¨®n Europea y del Banco Central Europeo (BCE) incrementan la sensaci¨®n de deterioro de las instituciones en Espa?a. No se ve salida a la crisis del euro, surgen dificultades serias en varios de los ¨®rganos sobre los que se asienta el entramado institucional del pa¨ªs y se corre el riesgo de que aumente la desconfianza pol¨ªtica.

Se trata de un extra?o estado de cosas solo seis meses despu¨¦s de las elecciones generales. Adem¨¢s de lo que pueda hacer Europa respecto a la crisis financiera, hay que restablecer r¨¢pidamente el normal funcionamiento de las instituciones en Espa?a.

Es evidente que el Ejecutivo actual da sensaci¨®n de desbordamiento. Los resultados quedan lejos de las promesas electorales del PP, que hab¨ªa ofrecido su llegada al poder como elemento suficiente para provocar un cambio radical de tendencia. Rajoy dispone de mayor¨ªa absoluta y cuenta con la legitimidad emanada de las urnas, pero ¨¦l mismo ha tenido sobrada ocasi¨®n de comprobar que eso no le basta para sacar al pa¨ªs de la crisis. Se necesitan m¨¢s ayudas, incluidas las de los mejores expertos, la del primer partido de la oposici¨®n y, probablemente, las de CiU y PNV, que son corrientes pol¨ªticas centrales en sus respectivas autonom¨ªas. Para contener el deterioro institucional, les toca pactar.

Particular importancia reviste la cuesti¨®n del Banco de Espa?a. No solo por la crisis del sistema financiero, sino por el empe?o del PP en atacar al gobernador dimisionario y en persistir en el error de que basta un cambio de personas para recuperar ¡°el prestigio perdido¡±. Esa estrecha mentalidad partidista sobra por completo y el jefe del Gobierno deber¨ªa haberla cortado. No se trata de colocar a un amigo en el Banco de Espa?a, sino al m¨¢s competente. Todo ello sin perder de vista el incierto camino esbozado por la Comisi¨®n Europea y por el presidente del BCE, en el sentido de constituir un sistema bancario a escala europea y centralizar la autoridad encargada de su control. La realizaci¨®n de esa hip¨®tesis implicar¨ªa una cesi¨®n importante de soberan¨ªa nacional, cuando a¨²n no ha emergido un poder econ¨®mico europeo, pero en todo caso es una cuesti¨®n que implica a m¨¢s de un partido pol¨ªtico.

En el caso del Poder Judicial, se alude al consenso PSOE-PP, que precedi¨® al nombramiento de los actuales consejeros y de su presidente, Carlos D¨ªvar, como la prueba de un fracaso de los partidos. Una vez m¨¢s, es necesario matizar: cuando se descubre que la soluci¨®n adoptada ha devenido en un fiasco, a ellos les toca rectificar y alumbrar otra m¨¢s competente. Algo similar puede decirse del Tribunal Constitucional, algunos de cuyos miembros llevan a?os con el mandato caducado y han amenazado con tomar ¡°medidas dr¨¢sticas¡± si no se les renueva. Puesto que tales nombramientos corresponden legalmente a las c¨¢maras parlamentarias, es exigible que resuelvan de una vez. El propio Congreso de los Diputados mantiene un perfil general demasiado bajo, con la mayor¨ªa resignada al papel de correa de transmisi¨®n del Gobierno, sin abordar los asuntos que m¨¢s preocupan a la ciudadan¨ªa; en especial el de la crisis de Bankia.

Para responder al evidente deterioro institucional se necesita un rearme del sistema democr¨¢tico. Es dif¨ªcil concebir a los partidos pol¨ªticos como el instrumento necesario para corregir lo que ellos mismos se han encargado de llevar tan mal, pero eso es lo que les toca. Las urnas les legitiman y deben demostrar que son capaces de restablecer el prestigio de las instituciones, como primer paso para recuperar esa confianza que se va cuarteando en el proyecto de Espa?a.