Controlar el Consejo del Poder Judicial

Coincidiendo con el peor momento de valoraci¨®n de la justicia en Espa?a, tras la renuncia por primera vez del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo por su criticable gesti¨®n de los fondos p¨²blicos, el ministro de Justicia, se?or Gallard¨®n, ha presentado su proyecto para la organizaci¨®n de la Justicia en Espa?a. Las reformas que propugna responden a una misma idea: reducir la independencia del Poder Judicial y asegurar el control de las instituciones judiciales y del gobierno de los tribunales por jueces cercanos a su ideolog¨ªa conservadora.

Para la consecuci¨®n de este objetivo proyecta volver a la elecci¨®n de los jueces que integran el Consejo del Poder Judicial exclusivamente por los propios jueces, al margen de cualquier intervenci¨®n parlamentaria. El ministro Gallard¨®n es un jurista. Fiscal de carrera abandon¨® el ejercicio de su profesi¨®n para dedicarse a la pol¨ªtica auton¨®mica y municipal. Ha regresado ahora, un cuarto de siglo despu¨¦s al mundo del derecho, y lo hace como si no hubiese transcurrido el tiempo, posicion¨¢ndose en pol¨¦micas de anta?o con el ¨ªmpetu del reci¨¦n llegado. Es verdad que a mediados de los a?os ochenta el sistema de elecci¨®n de los vocales del CGPJ que la Ley del Poder Judicial de 1985 atribuy¨® al Parlamento, era una controversia viva. Pero la historia judicial sigui¨® adelante y algunas ense?anzas pueden sacarse de ella. Quiz¨¢s, la m¨¢s importante, que la administraci¨®n de justicia que precisa nuestro pa¨ªs no puede fraguarse sin grandes consensos. As¨ª lo entendieron los ministros del Partido Popular que le precedieron, los se?ores Acebes y Michavilla y por eso su estrategia se centr¨® en un gran acuerdo con la oposici¨®n en lo que se denomin¨® el Pacto de Estado de la Justicia. El Pacto levant¨® enormes perspectivas de cambio y modernizaci¨®n en la Justicia. Ni todos en el Partido Popular, ni todos en el Partido Socialista estaban de acuerdo con el Pacto. La gran pol¨ªtica, la que mira hacia lejos con perspectiva hist¨®rica, sucumbi¨® como casi siempre a las ambiciones de unos y a los estrechos intereses partidarios de otros. Como siempre la sociedad espa?ola fue la gran perjudicada. Volatizadas las perspectivas de cambio, la justicia se vio inmersa en las pol¨ªticas de confrontaci¨®n, de disenso, de falta de respeto por las instituciones y de prevalencia de los intereses partidistas a toda costa.

Uno de los pocos frutos que sobrevive de aquel Pacto de Estado es el actual sistema de elecci¨®n de vocales del Consejo del Poder Judicial. En el vigente sistema son los jueces los que proponen ternas entre las que el Parlamento elige los vocales del Consejo del Poder Judicial. Se respeta el principio de soberan¨ªa nacional y la elecci¨®n parlamentaria recae sobre aquellos que los jueces, entre ellos, han elegido como los mejores. Es verdad que el Parlamento no siempre ha hecho la selecci¨®n m¨¢s acertada y tambi¨¦n que los partidos pol¨ªticos nunca han dejado de tratar de influir en las decisiones que la Constituci¨®n quiere se adopten por ¨®rganos independientes, como la elecci¨®n del presidente del Consejo del Poder Judicial. Son patolog¨ªas del funcionamiento de nuestro sistema democr¨¢tico que deben ser permanentemente combatidas. Pero las patolog¨ªas de la democracia no se combaten acabando con el paciente, sino trabajando para que recupere la vitalidad da?ada. Cuando el ministro afirma que el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial mejorar¨¢ alejando su elecci¨®n del Parlamento, deja entrever su escasa confianza en la instituci¨®n parlamentaria, lamentablemente compartida por muchos ciudadanos, desconfianza que ha dado hist¨®ricamente lugar al surgimiento de opciones corporativas, como la que ahora propone el ministro, que no han hecho sino ahondar en los d¨¦ficits democr¨¢ticos, en un peligroso camino de deslegitimaci¨®n.

La receta es la transparencia, la cr¨ªtica, el control, la ¨¦tica, la honestidad y el respeto a la Ley

El ministro de Justicia ha anunciado una segunda medida. Lo hace aprovechando la ola de recortes que parecen justificarlo todo. Su idea es que solo el presidente del Consejo se dedique plenamente a las tareas propias del gobierno judicial. Los otros vocales que lo integran compatibilizar¨ªan estas tareas con su trabajo jurisdiccional. Parece que el se?or ministro no conoce bien el funcionamiento del Consejo y, lo que es m¨¢s preocupante, el funcionamiento de los tribunales. El Consejo General del Poder Judicial es el ¨®rgano de gobierno de casi 5.000 jueces. Entre sus competencias se encuentra la inspecci¨®n de los tribunales, la formaci¨®n de los jueces, la escuela judicial, la imposici¨®n de sanciones, el informe de anteproyectos de Ley y otras muchas que ser¨ªa demasiado largo enumerar. En un Consejo como el que quiere el ministro, el ejercicio de sus competencias requerir¨ªa de una estructura burocr¨¢tica al servicio de su presidente, similar a la existente en cualquier ministerio, que fuese la que de hecho ejerciese el gobierno de los jueces. Nada que ver con el Gobierno colectivo dise?ado por la Constituci¨®n. La funci¨®n de los vocales en estas condiciones consistir¨ªa poco m¨¢s que en el refrendo de lo actuado por su presidente.

Es la hora de fortalecer el Poder Judicial no de controlarlo

Pero tambi¨¦n olvida el se?or ministro que el ejercicio de la jurisdicci¨®n requiere en casi todos los destinos un trabajo intenso de dif¨ªcil compatibilizaci¨®n con otras tareas. La realizaci¨®n de las tareas de juez y las funciones propias de vocal obligar¨ªa a la suspensi¨®n de juicios y comparecencias y crear¨ªa complejas situaciones de gobierno como que el juez-vocal se encontrase bajo la dependencia del presidente de un tribunal que ¨¦l mismo ha votado, o no. Realmente la propuesta del se?or Gallard¨®n solo puede entenderse en una perspectiva de reducci¨®n de los poderes del ¨®rgano de Gobierno de los jueces: de su independencia.

Volvamos al principio. El Consejo General del Poder Judicial atraviesa una profunda crisis que no es sino consecuencia de la ausencia de valores que ha conducido a la actual crisis, que es econ¨®mica pero tambi¨¦n pol¨ªtica, pues se enmarca en la ineficacia de las instituciones y el escaso aprecio de los ciudadanos a quienes las ocupan. El mal funcionamiento del Consejo no es sino un reflejo del mal funcionamiento de nuestra democracia. La receta es la transparencia, la cr¨ªtica, el control, la participaci¨®n, la honestidad de quien asume funciones p¨²blicas, la ¨¦tica, el respeto a la Ley; y tambi¨¦n el consenso sobre el dise?o de las grandes instituciones del Estado para que estas desempe?en con plenitud sus funciones constitucionales. No se trata de aprovechar el deterioro institucional para sacar ventaja, para reducir la independencia del poder judicial o asegurarse el control del gobierno de los jueces. Si la crisis es una consecuencia del mal funcionamiento de las instituciones, se trata de fortalecerlas. Es la hora de fortalecer el Poder Judicial no de controlarlo. La reciente elecci¨®n de un magistrado de indiscutido prestigio como nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial es un importante impulso para que el Consejo comience a salir de su laberinto.

Montserrat Comas d¡¯ Argemir y Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro son magistrados y ex vocales del Consejo General del Poder Judicial.