Frustrante proceso

El tr¨¢nsito del r¨¦gimen especial de la Seguridad Social de las empleadas de hogar al sistema general est¨¢ resultando, de momento, frustrante. Los empleadores han dispuesto de un plazo de seis meses ¡ªhasta el 30 de junio¡ª para modificar los contratos y la cotizaci¨®n de las empleadas y ni siquiera bajo amenaza de multa se ha logrado que la integraci¨®n al r¨¦gimen general se haya extendido a las m¨¢s de 300.000 trabajadoras que ya cotizaban en el especial. Los datos m¨¢s actualizados ¡ª151.934 modificaciones a 31 de mayo¡ª indican que el sector podr¨ªa incluso haber aumentado su ya alto porcentaje de empleo sumergido salvo que las regularizaciones se hayan multiplicado en junio exponencialmente.

?El Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero, cumpliendo una promesa electoral, puso en marcha la integraci¨®n al r¨¦gimen general para terminar con una discriminaci¨®n hist¨®rica en el empleo dom¨¦stico que afecta fundamentalmente a mujeres inmigrantes. Bajo el r¨¦gimen especial, estas empleadas estaban expuestas a condiciones abusivas: horarios casi sin l¨ªmite, salarios por debajo del m¨ªnimo interprofesional, pagos en especie o bajas por enfermedad no retribuidas. El nuevo sistema mejora sus condiciones, pero no solo no supone una integraci¨®n completa ¡ªlas empleadas siguen sin tener derecho a paro¡ª, sino que est¨¢ generando nuevos problemas en el sector. El m¨¢s importante es la imposibilidad de que las personas que trabajan por horas en varios domicilios tramiten por s¨ª mimas su cotizaci¨®n. Sobre el papel, parece justo que sean los empleadores los que paguen proporcionalmente la cuota que les corresponde y desde la primera hora trabajada. En la pr¨¢ctica, tal tramitaci¨®n a cargo de personas que apenas contratan a una empleada unas pocas horas a la semana ha resultado ser un obst¨¢culo casi insuperable, adem¨¢s de hurtar a la empleada la posibilidad de controlar su propia cotizaci¨®n y, por ende, su situaci¨®n legal.

Es una buena noticia que el Gobierno planee elaborar un informe con medidas para simplificar los tr¨¢mites y corregir esos efectos secundarios que amenazan con lograr el resultado contrario al deseado por el legislador. En todo caso, el Ejecutivo deber¨ªa tener en cuenta que la irregularidad de la situaci¨®n en un colectivo mayoritariamente inmigrante est¨¢ ahora doblemente penalizada con la p¨¦rdida de la tarjeta sanitaria.