Avanzar al pasado: la sanidad como mercanc¨ªa

La obtenci¨®n del derecho a la atenci¨®n sanitaria ha sido una de las conquistas sociales m¨¢s importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien p¨²blico equiparable al derecho al voto, la educaci¨®n o tener una pensi¨®n. Un referente hist¨®rico de los pa¨ªses con sistemas sanitarios p¨²blicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service brit¨¢nico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para ¡°todo ciudadano sin excepci¨®n¡±. Junto a Reino Unido, los pa¨ªses n¨®rdicos y otros pa¨ªses europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios seg¨²n los principios de financiaci¨®n p¨²blica, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posici¨®n social o lugar de residencia.

En Espa?a ese proceso fue tard¨ªo. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la poblaci¨®n ten¨ªan alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constituci¨®n estableci¨® el derecho a la protecci¨®n de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sent¨® las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que ampli¨® la cobertura y provey¨® atenci¨®n sanitaria de mayor calidad para casi toda la poblaci¨®n. En esos mismos a?os, sin embargo, el sector sanitario p¨²blico se situ¨® bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmac¨¦uticas, seguros, tecnol¨®gicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presi¨®n para mercantilizar la sanidad. La raz¨®n es f¨¢cil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducci¨®n de beneficios, la atenci¨®n sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atenci¨®n sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios p¨²blico y privado son como ¡°vasos comunicantes¡±: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o ¡°parasitar¡± al p¨²blico.

Para que la privada pueda lucrarse hay que desprestigiar, debilitar o ¡°parasitar¡± a la p¨²blica

En 1991, el Informe Abril se convirti¨® en el primer intento serio de promover la mercantilizaci¨®n del sistema sanitario en Espa?a. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separaci¨®n de la financiaci¨®n p¨²blica de la provisi¨®n de servicios o la instauraci¨®n de conceptos como la ¡°prestaci¨®n adicional¡± y ¡°complementaria¡± cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideol¨®gicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector p¨²blico es ¡°insostenible¡± y ¡°burocr¨¢tico¡±, el sistema privado es ¡°m¨¢s eficiente¡± que el p¨²blico, ¡°la salud pertenece al ¨¢mbito personal¡±, los usuarios son responsables de ¡°abusar de la sanidad¡±. Ni la investigaci¨®n cient¨ªfica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad p¨²blica es m¨¢s equitativa (sobre todo cuando tiene financiaci¨®n suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atenci¨®n primaria) y tiene m¨¢s calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).

A finales de la d¨¦cada de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerar¨¢. En 1997, bajo el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, el PP aprob¨® (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permit¨ªa la entrada de entidades privadas en la gesti¨®n de los centros sanitarios p¨²blicos, y en 1999, con la construcci¨®n y gesti¨®n del hospital de La Ribera en Alzira, se abri¨® el camino a la mercantilizaci¨®n de la sanidad y el fomento a ¡°modelos de negocio¡± privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gesti¨®n sanitaria), Adeslas (aseguradora m¨¦dica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora).

En Madrid, la cesi¨®n en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirti¨®, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcci¨®n de centros privados.

En las autonom¨ªas se ha producido un goteo constante de estrategias de privatizaci¨®n

En Catalu?a se configur¨® hist¨®ricamente un sistema de gesti¨®n sanitaria mixto donde junto a los hospitales p¨²blicos hay una extensa red de centros semip¨²blicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesi¨¢sticos, y un modelo p¨²blico con una concepci¨®n empresarial. En 1995 se acept¨® el ¨¢nimo de lucro en la gesti¨®n de la sanidad p¨²blica, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron a¨²n m¨¢s el llamado ¡°modelo catal¨¢n¡±. La reforma del Institut Catal¨¤ de la Salut de 2007 y la llamada ley ?mnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales p¨²blicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quir¨®fanos que dejaran de operar por las tardes.

A lo largo del proceso hist¨®rico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros p¨²blicos, cerr¨¢ndose camas, consultas y quir¨®fanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de pol¨ªticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad p¨²blica a su ¡°n¨²cleo b¨¢sico¡± manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema p¨²blico, este se debilitar¨¢ y convertir¨¢ b¨¢sicamente en un sistema de y para los pobres.

Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber ¡°vivido por encima de nuestras posibilidades¡± y con una poblaci¨®n en shock por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres d¨¦cadas atr¨¢s. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiaci¨®n de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atenci¨®n sanitaria universal excluyendo a los sectores m¨¢s d¨¦biles de la sociedad espa?ola: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir a¨²n, lo que apunta a una reducci¨®n de las prestaciones b¨¢sicas y la generaci¨®n de un sistema de beneficencia que ¡°arrastrar¨¢¡± a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya econom¨ªa raya en la subsistencia, deber¨¢n realizar ¡°repagos¡± (un ¡°impuesto sobre la enfermedad¡±) seg¨²n su nivel de renta (una gesti¨®n que es compleja e injusta), y pagar por f¨¢rmacos que sirven para ¡°s¨ªntomas menores¡±. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el ¡°nuevo¡± sistema acarrear¨¢ problemas de salud p¨²blica con la saturaci¨®n de los servicios de urgencias y la probable aparici¨®n de epidemias. Adem¨¢s, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producir¨¢ graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos cr¨®nicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa ¡°avanzar¡± hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadan¨ªa y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud.

Los sistemas de sanidad p¨²blicos, accesibles, con organizaci¨®n y gesti¨®n esencialmente p¨²blicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario p¨²blico pueda mejorar su eficiencia (con m¨¢s atenci¨®n primaria y menos gasto farmac¨¦utico), calidad (con m¨¢s atenci¨®n en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la poblaci¨®n) no puede ser excusa para que las fuerzas econ¨®micas y pol¨ªticas que favorecen la mercantilizaci¨®n sanitaria destruyan un modelo conseguido a trav¨¦s de largas luchas sociales. La atenci¨®n sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condici¨®n social y el lugar donde se viva y no una mercanc¨ªa que solo consuman los ¡°clientes¡± que puedan pagarla.

Joan Benach es profesor de Salud P¨²blica y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su ¨²ltimo libro publicado es La sanidad est¨¢ en venta (Icaria). Firman tambi¨¦n este art¨ªculo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.