Intervenci¨®n bancaria

La difusi¨®n del Memorandum of Understanding (MoU) define las condiciones exigidas a las autoridades espa?olas por la disposici¨®n de la l¨ªnea de cr¨¦dito con fondos europeos para la recapitalizaci¨®n del sistema bancario espa?ol. Se trata de una intervenci¨®n en toda regla: a cambio de esa recapitalizaci¨®n, la capacidad de decisi¨®n del Gobierno y el Banco de Espa?a queda muy seriamente limitada a las estipulaciones de ese MoU y, en ¨²ltima instancia, a las decisiones de la Comisi¨®n Europea, el BCE y el FMI. Ese documento no solo establece la cesi¨®n de competencias que el Ministerio de Econom¨ªa ha de hacer al Banco de Espa?a, sino que ambos est¨¢n obligados a consultar a las tres instituciones cualquier decisi¨®n sobre el sistema bancario que se salga del estricto guion del rescate. Ni que decir tiene que toda la legislaci¨®n nueva al respecto queda supeditada a la aprobaci¨®n de esa troika.

La condicionalidad impuesta sobre los bancos ayudados es igual de exigente. Someter¨¢n decisiones esenciales de su gesti¨®n a las pautas establecidas en ese documento. Desde la desinversi¨®n en activos no consideradas esenciales al negocio bancario hasta la participaci¨®n de accionistas y acreedores en los quebrantos que se identifiquen antes de recibir fondos de ayuda, sin dejar al margen las pol¨ªticas de dividendos y de retribuci¨®n de los directivos. Queda igualmente detallada la hoja de ruta que habr¨¢n de seguir en los pr¨®ximos doce meses los distintos grupos de bancos clasificados seg¨²n las ayudas necesarias. No quedan fuera de las estipulaciones las relativas a la condicionalidad macroecon¨®mica: a las exigencias de cumplimiento de los compromisos de saneamiento de las finanzas p¨²blicas y de aplicaci¨®n de reformas estructurales.

Uno de los aspectos que sin duda revestir¨¢n mayor complejidad es la constituci¨®n de un ¡°banco malo¡± al que se transferir¨¢n los activos bancarios problem¨¢ticos, aquellos objeto de mayor erosi¨®n en su calidad; los inmobiliarios, mayoritariamente. Sobre el car¨¢cter de esa sociedad de gesti¨®n de activos (SGA), el documento deja lugar a dudas. Tampoco est¨¢n suficientemente especificados los criterios de valoraci¨®n con que los bancos traspasar¨¢n sus activos a la SGA. La normativa al respecto habr¨¢ de estar concluida al final de agosto, y esa sociedad deber¨¢ estar en funcionamiento en noviembre. Lo que s¨ª est¨¢ claro es que esa sociedad ser¨¢ la encargada de realizar, ya sea mediante venta o esperando a su vencimiento, los activos segregados. Del ritmo y de las condiciones de precio con que las venda depender¨¢ el impacto que esas operaciones tengan en los mercados correspondientes. En la medida en que la amplia mayor¨ªa de esos activos son inmobiliarios, este mercado quedar¨¢ expuesto a las decisiones que adopte el nuevo ¡°mayorista¡±. Ese ritmo de venta marcar¨¢ tambi¨¦n la desaparici¨®n de la incertidumbre que el sector transmite no solo al conjunto de las entidades bancarias, sino a las propias familias espa?olas propietarias de viviendas.

Con todo, si las inconcreciones hoy existentes se despejan adecuadamente, se podr¨¢ considerar que el sistema bancario queda rodeado por una especie de cintur¨®n de seguridad, limitando significativamente su potencial contaminador a la econom¨ªa y a las finanzas p¨²blicas. Esto depender¨¢ tambi¨¦n de la bondad de la gesti¨®n que todas las instituciones implicadas lleven a cabo. J