La herencia de D¨ªvar

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerr¨® ayer la crisis abierta por el ¡®caso D¨ªvar¡¯ con el respaldo a Gonzalo Moliner para encabezar el Tribunal Supremo y el propio CGPJ. La elecci¨®n no se vio condicionada esta vez por intromisiones pol¨ªticas externas, aunque s¨ª hubo negociaciones internas que culminaron en el voto mayoritario a un hombre progresista desde que empez¨® a ser magistrado en las postrimer¨ªas del franquismo, cofundador de Jueces para la Democracia y actual presidente de la Sala de lo Social del Supremo.

No fueron estas caracter¨ªsticas, en cualquier caso, las m¨¢s valoradas por todos los que le aportaron ayer sus votos (12 de 20, con solo 5 en contra), sino la necesidad imperiosa de cerrar una crisis que ha debilitado al Poder Judicial lo suficiente como para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, aprovechara el interregno para anunciar una reforma vivida por los jueces como un vaciamiento de su ¨®rgano de gobierno, incluso una operaci¨®n de control del Poder Judicial desde el Ejecutivo.

En v¨ªsperas de la elecci¨®n, las asociaciones de jueces y fiscales ense?aron los dientes anunciando movilizaciones ¡ª¡°paros parciales, concentraciones, limitaci¨®n de se?alamientos, incluida, en su caso, la huelga¡±¡ª contra lo que consideran una declaraci¨®n de guerra del Ejecutivo, proclive a configurar el gobierno de los jueces de manera m¨¢s cercana a la junta de un colegio profesional que a un poder del Estado. Con un solo miembro permanente (el presidente), los 20 vocales habr¨ªan de compartir sus tareas jurisdiccionales o profesionales con la asistencia al Consejo, sin la dedicaci¨®n exclusiva que consideran necesaria y, naturalmente, sin las remuneraciones que conlleva. De ah¨ª el empuj¨®n dado a la elecci¨®n de un presidente al que le queda un mandato de poco m¨¢s de un a?o.

Ruiz-Gallard¨®n hab¨ªa ofrecido negociar su proyecto a los grupos parlamentarios, singularmente al socialista. Surge ahora otro actor en el escenario, el presidente del Supremo y del CGPJ, y el Gobierno se equivocar¨ªa si convirtiera en mera formalidad las consultas al Consejo. Por supuesto, este ¨®rgano ha de reducir los gastos a lo imprescindible y hacer de la transparencia su regla de conducta; adem¨¢s el Gobierno y, en ¨²ltima instancia, el Parlamento, tienen la capacidad de recortarle el presupuesto. Pero no es cuesti¨®n de que el Ejecutivo trate de imponer su reforma por encima de todo, ni de que los jueces lleven a cabo paros o huelgas que puedan identificarse con una defensa de intereses corporativos.

Bien acogido inicialmente por varias asociaciones de jueces y por el ministro de Justicia, el nuevo presidente tendr¨¢ un papel clave para evitar una crisis suplementaria a las graves preocupaciones que ya embargan a la ciudadan¨ªa. Aunque la tarea se anuncia dura, dado el clima de tensi¨®n entre jueces y Ejecutivo, es preciso que los contendientes enfunden las armas y empiecen a hablar.