Revisar las cesant¨ªas

El Consejo General del Poder Judicial tiene previsto responder hoy a la petici¨®n de su expresidente y del Tribunal Supremo, Carlos D¨ªvar, que se considera acreedor a una indemnizaci¨®n por dejar la presidencia de esos ¨®rganos, despu¨¦s de desempe?arlos durante m¨¢s de dos a?os. Tras el esc¨¢ndalo provocado por las semanas caribe?as, D¨ªvar da que hablar otra vez, si bien su aspiraci¨®n a la cesant¨ªa se apoya en argumentos legales. Seg¨²n las normas que desde 1980 rigen en Espa?a para las personas que ocupan altos cargos p¨²blicos, completadas con otras posteriores, el cese de miembros del Gobierno, secretarios de Estado, presidentes del Congreso, del Senado o de altos tribunales ¡ªentre otros¡ª da derecho a seguir cobrando el 80% de la retribuci¨®n que se percib¨ªa, a lo largo de 24 meses.

En el caso de D¨ªvar, esa cesant¨ªa equivale a 208.000 euros, es decir, 8.666 euros brutos por mes. La noticia ha soliviantado a asociaciones de jueces, sindicatos de funcionarios de Justicia y algunos partidos pol¨ªticos ¡ªUPyD, IU¡ª, que tachan de vergonzosa y escandalosa esta regal¨ªa, en medio de exigencias de austeridad y un r¨¦cord de parados. Si el Consejo satisface a su expresidente, lo primero que ha de hacer es ponerse a buscar el dinero: algo m¨¢s de 43.000 euros para pagar a D¨ªvar en lo que queda de a?o y 103.000 en el pr¨®ximo, con cargo a fondos p¨²blicos, por supuesto.

M¨¢s all¨¢ del Poder Judicial, las normas en cuesti¨®n le han salido caras al erario espa?ol. Cada vez que cambia el titular de uno de los ¨®rganos con derecho a ello, los contribuyentes tienen que pagar la retribuci¨®n del alto cargo entrante, m¨¢s el 80% de la del saliente durante dos a?os. Tal compensaci¨®n se ha pagado tambi¨¦n a personas que contaban con otros ingresos, p¨²blicos o privados, aunque esa compatibilidad ha dejado de existir a partir de un decreto ley dictado por el Gobierno a mediados de julio ¡ªlo cual va a afectar a personas de la Administraci¨®n de Zapatero¡ª. Los diputados y senadores con m¨¢s de dos a?os de esca?o, que tambi¨¦n reciben compensaciones cuando dejan de serlo, a partir de septiembre habr¨¢n de elegir entre esa paga de exparlamentario y la n¨®mina o pensi¨®n de otro tipo. Las mesas de ambas c¨¢maras han vedado el cobro simult¨¢neo.

La crisis econ¨®mica y financiera est¨¢ incrementando la cr¨ªtica a los modos de ejercer las funciones p¨²blicas, a lo cual se ha adherido un viento de fronda contra los costes que supone pagar a los altos cargos. Hay que rechazar la pulsi¨®n populista de negar una retribuci¨®n justa a la persona que sirve al Estado desde una elevada responsabilidad. Pero es hora de revisar otros gastos que, si tuvieron sentido en la ¨¦poca en que la democracia echaba a andar, se han convertido en algo parecido a prebendas o canonj¨ªas. Sobre todo cuando las indemnizaciones al cargo en paro no est¨¢n ligadas a exigencia alguna de buena gesti¨®n.