Voto del destierro vasco

Un grupo de expertos constitucionalistas seleccionados, a instancias del Gobierno, por el Centro de Estudios Pol¨ªticos y Constitucionales ha presentado una propuesta de reforma de la ley electoral que permita votar en su comunidad de origen a los vascos y navarros que perdieron el derecho a hacerlo al abandonar su tierra bajo la presi¨®n de ETA. Otras veces se ha suscitado este problema, pero siempre se ha considerado dif¨ªcil encontrar una soluci¨®n con encaje legal. Tras el cese de ETA, sin embargo, el debate abierto sobre la reparaci¨®n debida a las v¨ªctimas ha llevado a plantear la obligaci¨®n moral de, como m¨ªnimo, tratar de evitar la perpetuaci¨®n de situaciones injustas provocadas por la banda.

Por ello, ser¨ªa l¨®gico esperar de los partidos democr¨¢ticos que, al margen de la viabilidad que concedan al intento, reconocieran de entrada que ser¨ªa un acto de justicia devolver ese derecho a las personas que lo perdieron bajo amenaza. Partiendo de ese acuerdo de principios, no deber¨ªa ser imposible consensuar f¨®rmulas para solventar los problemas planteados. El primero, que se introducir¨ªa una excepci¨®n en un asunto tan sensible como la normativa electoral, que vincula el lugar de residencia con el ejercicio del derecho de voto. Es cierto que ser¨ªa una excepci¨®n, pero ya existe otra con relaci¨®n al voto de los nacionales residentes en el extranjero. ?No es absurdo que los que se fueron bajo amenaza puedan conservar el derecho a votar en su tierra si residen en Hamburgo, pero no si viven en Alicante?

Los nacionalistas objetan que la reforma supone una manipulaci¨®n del censo. Esa reticencia se ve favorecida por especulaciones fabulosas e inciertas sobre la cifra de afectados (los c¨¢lculos m¨¢s atinados hablan de unos pocos miles), que incluyen personas que lo hicieron por otras causas, sobre todo econ¨®micas. Pero tampoco puede ignorarse que la mayor manipulaci¨®n del censo fue la provocada por ETA, que ahora se intenta paliar.

Se ha cuestionado que baste la declaraci¨®n jurada para que se reconozca que la causa de salida fue la presi¨®n de ETA. Por supuesto que es posible el fraude, pero la alternativa, tener que presentar pruebas objetivas, dejar¨ªa fuera a muchas m¨¢s personas realmente perseguidas que los posibles defraudadores. Para reforzar las garant¨ªas ser¨ªa conveniente que el proyecto fuera examinado por el Consejo de Estado. Y siendo un asunto que afecta a las reglas del juego, ser¨ªa condici¨®n un consenso que como m¨ªnimo abarcase a los dos principales partidos. Se trata de una causa leg¨ªtima que requiere una f¨®rmula que no distorsione la l¨®gica de la legislaci¨®n electoral; algo que merece la pena intentar.