Assange y Pinochet
Hemos le¨ªdo el 22 de agosto, con asombro, en el diario que usted dirige, el art¨ªculo de Ana de Palacio sobre el asilo diplom¨¢tico de Julian Assange, que equipara al caso Pinochetafirmando que el juez Garz¨®n, en 1998, mantuvo una posici¨®n distinta sobre el asilo pol¨ªtico.
La se?ora Palacio olvida que Espa?a ¡ªm¨¢s exactamente su Poder Judicial¡ª solicit¨® la extradici¨®n de Pinochet al Gobierno Blair porque el general chileno hab¨ªa ordenado la tortura, secuestro, muerte y desaparici¨®n de miles de seres humanos ¡ªalgunos de ellos espa?oles¡ª en una operaci¨®n de exterminio que nuestro pa¨ªs ten¨ªa la obligaci¨®n y la potestad de perseguir y juzgar.
A todas luces es descabellado comparar la conducta de quien ejerci¨® la violencia masiva para la eliminaci¨®n de la disidencia pol¨ªtica, con los hechos atribuidos a Assange en Suecia. Los cr¨ªmenes contra la humanidad que perpetr¨® la dictadura chilena son imprescriptibles, es decir, no susceptibles de ¡°olvido¡±, frente a los que no caben asilo ni inmunidad diplom¨¢tica. As¨ª lo se?alamos en EL PA?S los firmantes de esta carta (La humanidad contra Pinochet, publicada el 20 de octubre de 1998).
La se?ora Palacio olvida tambi¨¦n que la actitud de Reino Unido s¨ª fue entonces diferente a la que sostiene con Assange. Ha respondido, primero, il¨ªcitamente, amenazando con violar una legaci¨®n diplom¨¢tica, amenaza no retirada ¡ªlo que la Uni¨®n Europea, a la que apela Palacio, no puede aceptar ni endosar¡ª y, segundo, l¨ªcitamente, tratando de extraditar a Assange a Suecia. Sin embargo, entonces, exactamente el 11 de enero de 2000, Jack Straw, ministro brit¨¢nico, decidi¨® no extraditar a Espa?a a Pinochet por su ¡°deterioro en el estado de salud¡±.
El Gobierno espa?ol ¡ªsu ministro de Exteriores era en aquel momento Abel Matutes, predecesor de Ana de Palacio¡ª, despu¨¦s de mostrar muy poco entusiasmo por conseguir la extradici¨®n, tampoco aleg¨® contra ni se opuso a la decisi¨®n del Gobierno Blair de liberar a Pinochet, un criminal contra la humanidad.¡ª Diego L¨®pez Garrido, diputado y catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, y Mercedes Garc¨ªa-Aran, catedr¨¢tica de Derecho Penal.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
