El pacto fiscal como excusa

El debate sobre el reparto de los recursos financieros es, con toda seguridad, el m¨¢s com¨²n en todos los pa¨ªses donde existe una distribuci¨®n territorial del poder pol¨ªtico. En un entorno de intensa escasez presupuestaria a nadie deber¨ªa extra?ar que esa discusi¨®n sea ahora intensa e, incluso, que se exacerbe entre nosotros. Sin embargo, la reclamaci¨®n lanzada por el nacionalismo catal¨¢n en los ¨²ltimos tiempos, y los t¨¦rminos en los que se est¨¢ planteando, tiene poco o nada que ver con ese tipo de controversias.

Desde 1986 la financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n ha estado regulada por una serie de acuerdos del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, un ¨®rgano en el que est¨¢n representadas todas las Comunidades Aut¨®nomas y la Administraci¨®n General del Estado. Los sucesivos gobiernos catalanes han sido no solo firmantes sino generalmente los impulsores principales de sus contenidos. La participaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas en el 15% de la recaudaci¨®n del IRPF, establecida por primera vez en 1993, fue la expresa cesi¨®n de un gobierno socialista en minor¨ªa a las demandas del presidente Pujol y cont¨® con la fuerte oposici¨®n de Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, entonces presidente extreme?o, entre otros.

En 1996 un gobierno popular impuls¨® un nuevo acuerdo que preve¨ªa la cesi¨®n de cierta capacidad normativa sobre algunos elementos esenciales de ese porcentaje. Fue el primer paso decidido hacia la muy reclamada corresponsabilidad fiscal y el protagonismo de la Generalitat qued¨® tambi¨¦n patente. Las Comunidades Aut¨®nomas entonces gobernadas por el PSOE rechazaron de plano este segundo acuerdo y optaron por mantenerse en el de 1993, al tiempo que recurr¨ªan al Tribunal Constitucional la nueva norma por considerarla insolidaria.

Por fin, en el a?o 2001, se alcanz¨® un acuerdo un¨¢nime en torno a un modelo que se present¨® como definitivo y que llev¨® a la retirada de todos los contenciosos jur¨ªdico-constitucionales que estaban pendientes de resolver.

S¨®lo una burda manipulaci¨®n permite hablar de expolio en la situaci¨®n actual

Recordar la reacci¨®n de los partidos pol¨ªticos catalanes tras el acuerdo alcanzado hace apenas una d¨¦cada resulta hoy clave para entender el origen de su postura actual en torno al pacto fiscal. El manifiesto entusiasmo del Gobierno convergente de la Generalitat con el modelo de financiaci¨®n de 2001 le llev¨® a proclamar su triunfo en la negociaci¨®n y a rotular el acuerdo como ¡°el mejor de la historia¡±; al mismo tiempo, CiU se lanz¨® a explotar la evidente contradicci¨®n que se hab¨ªa puesto de manifiesto entre la postura cr¨ªtica del socialismo catal¨¢n y el respaldo un¨¢nime que el PSOE hab¨ªa dado al pacto en toda Espa?a. Pasqual Maragall, sin embargo, se vio con fuerza suficiente para marcar distancias con la direcci¨®n federal socialista y aprovechar as¨ª la oportunidad de aproximar su posici¨®n a la de quienes ser¨ªan sus futuros socios de gobierno en la Generalitat, ERC e ICV. Sin duda, ese paso es el antecedente pol¨ªtico m¨¢s importante de lo que despu¨¦s ser¨ªa el Pacto del Tinell, el gobierno tripartito y, finalmente, el proyecto de nuevo Estatuto catal¨¢n. Para completar el c¨²mulo de contradicciones, en el a?o 2009 el gobierno del president Montilla alcanz¨® un nuevo acuerdo de financiaci¨®n con el de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Fue entonces cuando los socios del tripartito vieron contestado su pretendido ¨¦xito por la contundente oposici¨®n de Convergencia y Uni¨®.

Es innegable que cualquier criterio de equidad utilizado para establecer el nivel de redistribuci¨®n m¨¢s adecuado para una sociedad es susceptible de ser debatido en t¨¦rminos pol¨ªticos. No existe una f¨®rmula de justicia financiera irrefutable, todas son fruto del debate y del compromiso entre intereses confrontados. Resulta menos leg¨ªtimo, sin embargo, hacer una enmienda a la totalidad de los resultados de un sistema de financiaci¨®n que en todo momento ha sido voluntariamente aceptado por quienes han tenido la responsabilidad de dirigir los destinos de la Generalitat. Dejando al margen detalles concretos de su aplicaci¨®n, el modelo de financiaci¨®n vigente arroja los saldos que se derivan de la existencia de impuestos iguales para todos los espa?oles con independencia de su lugar de residencia, servicios equivalentes y unas Comunidades Aut¨®nomas que los administran con los recursos que libremente han negociado. S¨®lo una burda manipulaci¨®n permite hablar de expolio para referirse a la situaci¨®n actual.

Cuando se habla de dinero, los conceptos de igualdad y solidaridad, tan manoseados por el progresismo, exigen la previa definici¨®n del grupo humano sobre el que se predican: ?igualdad de quienes? ?Solidaridad entre quienes? Aunque desde el PSC se pretenda disfrazar, pedir ¡°el reconocimiento nacional de Catalu?a a partir de un trato bilateral preferente¡± y proponer l¨ªmites a la solidaridad entre los espa?oles residentes en unas u otras Comunidades Aut¨®nomas, son planteamientos que sit¨²an a la izquierda espa?ola frente a la m¨¢s profunda de sus contradicciones.

Les sobran buenas razones a los actuales dirigentes andaluces para poner pies en pared ante los planteamientos de sus colegas catalanes, pero confunden el destino de sus quejas cuando en lugar de reclamar a las puertas de Ferraz pretenden hacerlo en la calle G¨¦nova. La responsabilidad de todos, socialistas y populares, es forjar acuerdos entre quienes podemos compartir una idea de Espa?a, atenta a otras sensibilidades pero fundada en la base firme de una naci¨®n com¨²n. Pero antes, la responsabilidad de cada uno es poner orden dentro de la propia casa y generar los consensos internos imprescindibles para afrontar un di¨¢logo constructivo con los adversarios pol¨ªticos.

El oportunismo y la inmediatez se han impuesto a la coherencia y a la prudencia

La posici¨®n a la que se ha visto arrastrada la sociedad catalana es la consecuencia de un juego meramente t¨¢ctico ¡ªy profundamente irresponsable¡ª entre unas fuerzas locales obsesionadas por controlar el espacio pol¨ªtico, una pugna en la que se han rebasado todas las barreras de la sensatez. El oportunismo y la inmediatez se han impuesto a la coherencia y a la prudencia, y los resultados no pueden ser m¨¢s desastrosos.

Desde antes de alcanzar el gobierno, Artur Mas ha formulado su exigencia de un pacto fiscal no como un ajuste financiero, sino como el primer paso de una transici¨®n nacional, como el inicio de la construcci¨®n de una nueva realidad estatal; en definitiva, como un instrumento de desbordamiento constitucional capaz de superar en potencia al previo desaf¨ªo estatutario que protagoniz¨® el tripartito. Para la actual direcci¨®n convergente, impugnar de plano el sistema de financiaci¨®n de la Generalitat de Catalu?a, tal y como se est¨¢ haciendo, es una forma c¨®moda de eludir responsabilidades al tiempo que arrincona al PSC en sus innegables contradicciones, pero ese peligroso juego es tambi¨¦n el que ha puesto la direcci¨®n pol¨ªtica del nacionalismo en manos de sus miembros m¨¢s radicales.

Todos los gobiernos espa?oles, socialistas o populares, se han sentado para negociar competencias, para compartir recursos, para renunciar una y otra vez a una parte del poder pol¨ªtico en la b¨²squeda de los consensos m¨¢s amplios. Pero lo que ning¨²n gobierno har¨¢ nunca, cualquiera que sea su signo pol¨ªtico, es dar satisfacci¨®n a las demandas que expresamente buscan la disgregaci¨®n del Estado y, en definitiva, la desintegraci¨®n nacional de Espa?a.

Gabriel Elorriaga Pisarik es presidente la Comisi¨®n de Hacienda y Administraciones P¨²blicas del Congreso de los Diputados y forma parte de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.