Pensiones pol¨ªticas

La subida de los precios en septiembre ha llevado la tasa de inflaci¨®n medida por el IPC al 3,5%, un aumento de ocho d¨¦cimas en un solo mes. La inflaci¨®n no es el principal problema de la econom¨ªa espa?ola, pero una subida tan acusada de los precios deber¨ªa provocar alguna reflexi¨®n en las autoridades econ¨®micas. La m¨¢s inmediata es que las empresas no han absorbido en sus cuentas de resultados parte de la subida tributaria; la han trasladado casi ¨ªntegramente a los precios. La estructura de las redes comerciales, mal liberalizada y con costes de transformaci¨®n impropios en muchos casos de una econom¨ªa de mercado, ha jugado tambi¨¦n a favor de una subida inmoderada del IPC.

La escalada de precios tiene un efecto secundario perjudicial. Si el Gobierno se decide a reconocer la p¨¦rdida de poder adquisitivo de las pensiones causada por la inflaci¨®n, el IPC de septiembre se?ala que ese reconocimiento, que deber¨¢ calcularse con el IPC de noviembre, costar¨¢ a las arcas p¨²blicas en torno a 5.000 millones (en dos a?os) para las contributivas. Aunque no sea agradable decirlo, el coste es inasumible. As¨ª como en periodos de prosperidad debe defenderse la revalorizaci¨®n de las pensiones por m¨ªnima que sea la p¨¦rdida de poder adquisitivo, en la situaci¨®n presupuestaria actual ser¨ªa contraproducente aplicarla. Distorsionar¨ªa la asignaci¨®n de recursos, forzar¨ªa un recorte a?adido en otras partidas y apenas producir¨ªa un alivio m¨ªnimo en las rentas de los pensionistas, da?adas por otras decisiones mal explicadas, como el copago de los f¨¢rmacos.

El Gobierno est¨¢ gestionando este problema con ¨ªnfulas de astucia pol¨ªtica. No precisa si revalorizar¨¢ o no las pensiones, pero la ambig¨¹edad en este caso est¨¢ mal calculada; los ciudadanos advierten con claridad meridiana que se trata tan solo de tomar la decisi¨®n despu¨¦s de las elecciones gallegas, cuando no tenga que pagar coste pol¨ªtico alguno. Pero este tipo de gesti¨®n ya no es cre¨ªble. Al contrario, define las intenciones del Ejecutivo como poco transparentes y encaminadas a ocultar las consecuencias de la crisis.

As¨ª pues, ser¨ªa una decisi¨®n err¨®nea revalorizar las pensiones en funci¨®n del IPC; como es una equivocaci¨®n autorizar una subida de las pensiones en el 1% para el ejercicio de 2013. Era posible aplicar una pol¨ªtica econ¨®mica que hubiera minimizado el impacto de la recesi¨®n sobre las pensiones o sobre otros costes sociales; pero esa no es la que ha elegido el Gobierno. La que s¨ª ha elegido reclama austeridad. No es coherente, ni siquiera recomendable, presentar un programa de estabilidad en Europa en el que se acepta contener el gasto en prestaciones sociales (pensiones y desempleo, sobre todo) en un porcentaje del PIB y despu¨¦s, por razones electorales o de p¨¢nico a la opini¨®n p¨²blica, proponer una subida de las pensiones cuyo coste equivaldr¨¢ a una subida del gasto. As¨ª no se gana credibilidad, ni ante los espa?oles ni en Europa.