Pagar tasas a la justicia

Ya est¨¢ en tramitaci¨®n parlamentaria, y se pretende que entre en vigor el pr¨®ximo 1 de enero, un espeluznante y manifiestamente inconstitucional proyecto de ley que pretende imponer unas tasas judiciales a todos los ciudadanos y empresas en casi todas las jurisdicciones, unas tasas que llegan a varios miles de euros por demandar o apelar. Verdaderamente est¨¢ en juego el propio Estado de derecho, cuya misma esencia es disponer de la protecci¨®n de los tribunales.

Ni como ciudadanos ni como juristas podemos quedarnos impasibles ante un proyecto que tiene como efecto directo e inmediato la imposibilidad de control contra la arbitrariedad del Estado y de los poderosos, el fin del derecho del consumo y, en definitiva, que triunfe la ley del m¨¢s fuerte.

Este proyecto de ley liberticida, obra del intervencionista ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n, traiciona todos los principios program¨¢ticos con los que se present¨® el Partido Popular a las elecciones generales. Adem¨¢s, traiciona la propia Constituci¨®n espa?ola, ya que impedir¨¢ el acceso a la tutela judicial efectiva que la Carga Magna consagra como derecho fundamental de todos los ciudadanos. Y traiciona, finalmente, el concepto mismo de tasa que estable la propia Ley General Tributaria y que la define como el pago que una persona realiza para sufragar los gastos que ocasiona por el uso de un servicio p¨²blico. Ni jueces ni fiscales, ni abogados ni procuradores, ni secretarios judiciales ni peritos, ni oficiales ni auxiliares de justicia entienden esta ley. Pero el ministro les ha dado la espalda.

?Se habr¨¢ planteado el ministro el ahorro que supondr¨ªa para las arcas p¨²blicas que las comunidades aut¨®nomas devolvieran sus competencias en materia de justicia? Es otro ejemplo m¨¢s de lo alejada que est¨¢ la clase pol¨ªtica de la realidad. Nefasto.¡ª Antonio Mart¨ªnez Alcalde. Abogado y perito judicial.