El impresionante rastro del fraude fiscal

En 2007, previo al estallido de la crisis, las empresas obtuvieron, seg¨²n la Central de Balances del Banco de Espa?a, beneficios r¨¦cords. Aumentaron un 14,9% respecto al a?o anterior. Incluso en el primer trimestre de 2008 (ya instalada la crisis) los resultados de las empresas no financieras subieron un 8%, mientras que las financieras los disminuyeron, por primera vez, en un 1,5%. Con esos datos en la mano, Hacienda esperaba una recaudaci¨®n en el impuesto de sociedades superior a la de 2006 o, como m¨ªnimo, similar. Pero no fue as¨ª: el impuesto sobre sociedades experiment¨® una brusca ca¨ªda del 18%.

Son datos que hicieron p¨²blicos los inspectores de Hacienda ya en septiembre de 2008. La ¨²nica explicaci¨®n posible a ese fuerte descenso en la recaudaci¨®n, aseguraron, era el incremento del fraude fiscal.

Sucede que la reforma penal, que permitir¨¢ a Hacienda proseguir con el embargo ejecutivo sin esperar a la sentencia definitiva, est¨¢ retrasada

En solo dos a?os, 2008 y 2009, el impuesto de sociedades y el IVA cayeron m¨¢s de 46.000 millones de euros. El IVA se recuper¨®, pero el impuesto de sociedades no, seg¨²n ha asegurado esta misma semana Francisco de la Torre, secretario de la Organizaci¨®n Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE).

La primera explicaci¨®n que se suele dar a la espectacular ca¨ªda en la recaudaci¨®n fiscal, insiste De la Torre, es que resulta inevitable porque en Espa?a se han destruido millones de empleos y porque la parte de la econom¨ªa sumergida ha aumentado. Pero eso no explicar¨ªa lo sucedido en 2008. Adem¨¢s, la destrucci¨®n de empleo no disminuye los ingresos empresariales, sino los del IRPF y las cotizaciones sociales.

En definitiva, en Espa?a, el fraude fiscal ha aumentado y se concentra, seg¨²n los expertos, en grandes grupos empresariales, empresas transnacionales y en grandes fortunas personales. Las profesiones liberales o de servicios, en las que tan frecuentemente se centra la desconfianza de los ciudadanos, son responsables de entre un 20% y un 10% aproximado de ese fraude, lo que no es poco, pero que resulta menos relevante.

El por qu¨¦ la legislaci¨®n espa?ola en la lucha contra el fraude fiscal ha sido siempre tan t¨ªmida e ineficiente es una pregunta que deber¨ªan responder los sucesivos Gobiernos que han ocupado La Moncloa. ?Por qu¨¦ Espa?a dedica a¨²n menos medios a la inspecci¨®n tributaria que cualquier otro pa¨ªs de nuestro entorno? ?Por qu¨¦ se ha podido acumular una cantidad tan enorme (unos 50.000 millones de euros) de deuda tributaria pendiente de cobro sin que nadie reformara las leyes que lo permit¨ªan?

La respuesta a algunos de estos datos est¨¢ en la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal, que fue aprobada el pasado mi¨¦rcoles en el Senado. Lamentablemente, la nueva normativa incluye reformas necesarias, solicitadas desde hace tiempo por los inspectores fiscales, pero deja sin resolver algunos problemas.

Por ejemplo, el cobro de deudas tributarias pendientes. Es cierto que corresponde a una reforma del C¨®digo Penal evitar la sorprendente situaci¨®n actual, seg¨²n la cual Hacienda cobra una deuda tributaria de 1.000 euros v¨ªa ejecutiva mientras que una deuda de cientos de miles pasa al limbo del ¡°pendiente de cobro¡± durante a?os, mientras se resuelve todo el proceso.

Sucede que la reforma penal, que permitir¨¢ a Hacienda proseguir con el embargo ejecutivo sin esperar a la sentencia definitiva, est¨¢ retrasada. Y, por supuesto, no afectar¨¢ retroactivamente a esos famosos 50.000 millones que ¡°duermen¡± ahora, empapelados, en los grandes despachos de abogados.

La ley tampoco va a resolver un problema que trae de cabeza a los inspectores: la obligaci¨®n de cerrar, con car¨¢cter general, cualquier investigaci¨®n fiscal en un plazo de 12 meses. Es evidente que el delito fiscal es complicado de investigar, pero o los inspectores encuentran pruebas en el plazo de un a?o, o deben cerrar el expediente. La investigaci¨®n de la red china descubierta en Madrid llev¨® tres a?os, pero porque se inici¨® como una investigaci¨®n policial y no fiscal. Si los inspectores de Hacienda hubieran revisado las cuentas de las empresas implicadas en ese fraude, hubieran tenido que abandonarla sin resultados.