Una receta, un euro
El PP, que critic¨® la tasa cuando se instaur¨® en Catalu?a, la aplica ahora en Madrid
La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, se propone introducir la tasa de un euro por receta. Es una medida que va a afectar fundamentalmente a los jubilados y a los enfermos cr¨®nicos y que sigue la estela de Catalu?a, pionera en la introducci¨®n de esta modalidad impositiva criticada en su momento por la expresidenta madrile?a Esperanza Aguirre. Su heredero pol¨ªtico, Ignacio Gonz¨¢lez, no solo considera ahora que es una medida id¨®nea para disuadir y ahorrar, sino que la lanza una vez que el gobierno de Rajoy ya ha puesto en marcha el medicamentazo que termin¨® con la gratuidad de los f¨¢rmacos para los pensionistas. Intentar racionalizar un sector tan importante como este tiene sentido, pero hay que hacerlo extremando las precauciones para no penalizar a los sectores m¨¢s d¨¦biles.
La aplicaci¨®n de la medida se realiza a partir de c¨¢lculos que requieren apoyo documental: asegura Ignacio Gonz¨¢lez que los madrile?os acumulan en sus casas 45 millones de medicamentos, un dato que se queda sin la justificaci¨®n adecuada. Afirma tambi¨¦n que la nueva medida no tiene af¨¢n recaudatorio, sino disuasorio, para reducir el consumo ¡ªy el abuso¡ª; su consejero de Salud, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, no concreta el efecto de tal disuasi¨®n. El consejero s¨ª calcula que se recaudar¨¢n 83 millones de euros adicionales cada a?o y se defiende: el coste m¨¢ximo para los ciudadanos ser¨¢ de seis euros al mes.
Esperanza Aguirre era la punta de lanza de las pol¨ªticas m¨¢s liberales del partido de Rajoy. Esta medida demuestra que su sucesor desea seguir marcando el camino. Junto a este copago y mientras se descarta restituir el impuesto de patrimonio, Gonz¨¢lez presenta un ambicioso plan privatizador de la gesti¨®n de la sanidad p¨²blica madrile?a. Seis hospitales pasar¨¢n a la iniciativa privada argumentando que su administraci¨®n es m¨¢s eficiente que la p¨²blica. Hay razones para la inquietud. La primera y m¨¢s evidente es que las empresas a las que se adjudica la construcci¨®n y gesti¨®n de los establecimientos sanitarios tienen ¨¢nimo de lucro. La segunda es que estas funcionan en r¨¦gimen de oligopolio ¡ªCapio y Ribera Salud, formadas por constructoras y aseguradoras, son las m¨¢s importantes¡ª. La tercera es que la propia Comunidad de Madrid tuvo que elevar en 2010 la dotaci¨®n presupuestaria fijada para los primeros hospitales privados lanzados por Aguirre.
La privatizaci¨®n de servicios p¨²blicos esenciales requiere en todo caso una estricta y transparente supervisi¨®n p¨²blica que hasta ahora no se ha acabado de establecer. Al mismo tiempo, si no hay informaci¨®n y explicaciones suficientes, se concluir¨¢ razonablemente que con este tipo de medidas se hace recaer el precio de la crisis en el ciudadano de a pie y en los m¨¢s vulnerables ¡ªjubilados y enfermos¡ª a los que adem¨¢s se les presenta como responsables de abusar del sistema.
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