No se pod¨ªa esperar m¨¢s

El Gobierno y el principal partido de la oposici¨®n, el PSOE, han llegado a un acuerdo para reformar urgentemente la legislaci¨®n relativa a los desahucios por impago de hipotecas. La intenci¨®n es frenar un proceso que ha llevado desde 2008 a la ejecuci¨®n de cerca de 350.000 desalojos o expulsiones y que amenaza con afectar a otros 100.000 casos. A la espera de conocer la letra peque?a, es una noticia tranquilizadora que acoge con alivio la sociedad, cada d¨ªa m¨¢s angustiada por la calamidad social que suponen esos desahucios.

Importa resaltar que el pacto anunciado responde a una decisi¨®n pol¨ªtica, no t¨¦cnica ni estrictamente econ¨®mica. La resistencia del mundo econ¨®mico y financiero, que alega que cualquier modificaci¨®n legislativa encarecer¨¢ el cr¨¦dito y aumentar¨¢ los tipos, ha sido soslayada por la imperiosa necesidad de poner fin a una situaci¨®n que se percibe como injusta. Ha sido la rama pol¨ªtica de oposici¨®n y Gobierno la que ha llegado a la conclusi¨®n de que no es posible esperar m¨¢s y de que es la pol¨ªtica la que debe encontrar salida a situaciones sociales insoportables.

Primero IU y el PSOE (que ha presentado un proyecto de ley para cambiar cinco leyes) y finalmente el PP y el propio Gobierno han dado los pasos necesarios para atacar el problema en donde hay que hacerlo: con acuerdos pol¨ªticos que se plasman en acuerdos parlamentarios.

Es justo tambi¨¦n recordar que la reacci¨®n de los partidos (salvo excepciones) ha llegado despu¨¦s de que los movimientos sociales consiguieran agitar a la opini¨®n p¨²blica exigiendo que los bancos que han recibido miles de millones de dinero oficial aceptaran, entre otras cosas, la entrega de la vivienda hipotecada como pago de la deuda total. El progresivo enfado social lleg¨® tambi¨¦n a los juzgados, donde, en algunos casos, se empezaron a aplicar normas creativas para matizar la dureza de la ley. Los 46 jueces decanos de toda Espa?a han denunciado los abusos e irregularidades que se cometen, adem¨¢s, en el cobro de deudas hipotecarias. Sus conclusiones llegaron un d¨ªa antes de que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE dictaminara sobre una denuncia presentada por un cliente de Catalunya Caixa y declarara que la ley de desahucios vulnera la normativa europea sobre protecci¨®n de los consumidores ante posibles cl¨¢usulas abusivas en los contratos bancarios.

Ojal¨¢ el acuerdo a que han llegado Gobierno y PSOE sea un indicio de que, confrontados con la realidad social que denuncian los informes independientes, es posible todav¨ªa encontrar un espacio para un di¨¢logo que mitigue sus efectos m¨¢s lacerantes, como reclama buena parte de la sociedad.