Un nuevo clavo en la desconfianza en la Justicia

?Qu¨¦ lleva a un pol¨ªtico a despreciar la opini¨®n de absolutamente todo el mundo y a seguir adelante con un proyecto que multitud de expertos en el tema consideran no solo perjudicial, sino peligroso? ?Qu¨¦ lleva al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, a despreciar la opini¨®n de la oposici¨®n en pleno, del Consejo General del Poder Judicial, de pr¨¢cticamente todos los Colegios de Abogados de Espa?a y de innumerables asociaciones del mundo del derecho que le han pedido que reconsidere el proyecto de ley de tasas judiciales por temer que la nueva normativa afecte irreparablemente a la capacidad de los ciudadanos menos favorecidos a reclamar justicia?

Se dir¨ªa que es un asunto grave, fundamental en un Estado democr¨¢tico, algo que merece reposo, debate y la clara intenci¨®n de lograr el mejor texto legislativo posible. Pero el ministro ha decidido justo lo contrario. El proyecto de ley fue aprobado a toda prisa en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, a la que de buenas a primeras se concedi¨® capacidad legislativa plena, sin pasar por el pleno, y se encuentra ya en el Senado. En pocas semanas entrar¨¢ en vigor. La nueva ley, una ley que afecta al important¨ªsimo derecho de los ciudadanos a pedir justicia y a combatir las decisiones incorrectas de las administraciones, ha sido aprobada en una sala semivac¨ªa del Congreso porque los diputados de todos los grupos de oposici¨®n se marcharon de sus esca?os, expresando as¨ª su enojo por lo que consideran el desprecio a los usos parlamentarios.

?Se pueden aprobar leyes de tal calado sin sosiego, sin calma, sin debate? Si de lo que se trata, seg¨²n el ministerio, no es de recaudar m¨¢s impuestos, sino de hacer frente al problema de un exceso de litigiosidad, es decir, de un recurso excesivo a los tribunales, salta a la vista que es un tema muy delicado y que es importante lograr un equilibrio que permita atacar ese problema sin perjudicar un derecho fundamental y sin crear, por activa o por pasiva, la impresi¨®n de que existe una justicia a la que solo tienen acceso los ricos y poderosos. Ya est¨¢n suficientemente deterioradas las instituciones en este pa¨ªs, como para que la arrogancia de un ministro apresurado sume una nueva sospecha.

Pero as¨ª va a ser, porque Ruiz-Gallard¨®n no ha dado su brazo a torcer y ha preferido la velocidad a cualquier otro argumento. La nueva ley de tasas judiciales nace, no bajo la desconfianza de los ciudadanos de a pie, sino bajo la clara consideraci¨®n de norma abusiva por parte de muchos de quienes la tienen que aplicar. ¡°Esta ley es uno de los recortes de los derechos ciudadanos m¨¢s graves de la democracia¡±, clam¨®, por ejemplo, el presidente del Consejo de la Abogac¨ªa Gallega.

?Realmente cree el ministro que merece la pena imponer as¨ª su criterio? ?C¨®mo cree que van a reaccionar los ciudadanos al saber que se imponen tasas judiciales, por primera vez, en la jurisdicci¨®n social, de manera que recurrir un despido puede costar ahora m¨¢s de 500 euros y que ese medidas se le han ocurrido al Gobierno justo en el momento en que hay m¨¢s personas que nunca, centenares de miles, expulsadas de sus trabajos? ?Y que entre los eximidos de pagar las nuevas tasas est¨¢n los deudores, es de suponer que los bancos o entidades financieras que reclamen pr¨¦stamos o cr¨¦ditos no abonados?

El ministro asegura que el sistema judicial est¨¢ colapsado y que en Espa?a existe un ¨ªndice de litigiosidad superior a la media europea. Es cierto. Y seguramente hay que reformar el sistema para aliviar ese problema. La cuesti¨®n es c¨®mo. ?De la forma brutal que propone la ley? ?O de la que defienden desde hace tiempo expertos de medio mundo para quienes los incrementos de tasas tienen que tener en cuenta que no son lo mismo los ciudadanos de a pie que reclaman, equivocadamente o no, su derecho a la justicia, que las grandes empresas, que son realmente las principales usuarias del sistema judicial? El informe elaborado por el CGPJ (e ignorado por el ministro) explica que el primer objetivo de la nueva ley de tasas es claramente ¡°reforzar la financiaci¨®n de la justicia¡± y, solo de manera secundaria, reducir la litigiosidad. Para eso lo que hay que establecer es un sistema de soluci¨®n extrajudicial de conflictos, con procedimientos como la conciliaci¨®n o la transacci¨®n. Pero de eso no se habla en la ley.