Juego sucio

Las elecciones convocadas para ma?ana en Catalu?a tienen el valor de una primera consulta sobre el soberanismo reivindicado por CiU y por su candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, que ha pedido una ¡°mayor¨ªa excepcional¡± para llevar a cabo sus planes. Solo a partir de la huelga del 14 de noviembre han aparecido en la campa?a asuntos relacionados con el paro, los recortes al gasto sanitario y educativo o si es viable una Catalu?a separada de Espa?a y fuera de la UE. Apenas esos debates comenzaban a abrirse paso, el terreno de juego electoral se ha visto s¨²bitamente embarrado por la utilizaci¨®n de un presunto informe policial sobre cuentas secretas atribuidas a personas importantes en CiU, entre ellos Artur Mas y Jordi Pujol, as¨ª como pagos en efectivo que ¡°podr¨ªan corresponder¡± a Felip Puig. En plena campa?a electoral, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, ha dado por hecho que tales cuentas existen y ha pedido explicaciones a sus tenedores en vez de contar lo que ¨¦l pueda saber.

Los ciudadanos tienen derecho a conocerlo todo sobre la evasi¨®n de impuestos por parte de los pol¨ªticos. Pero lo que no tiene pase en un Estado de derecho es que delitos supuestamente descubiertos por cuerpos policiales o por la Agencia Tributaria se mantengan en secreto, discurran por canales irregulares o sean hurtados a la justicia. No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Lo que la polic¨ªa y la Agencia Tributaria hayan indagado a partir del llamado caso Palau tiene que hacerse dentro de la legalidad. Resulta insoportable que un Gobierno emanado de las urnas se sit¨²e en el terreno de la ambig¨¹edad respecto a la realidad o no de investigaciones practicadas bajo su responsabilidad, en vez de obligar a explicarse al director de la Polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®, y desde luego al ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz.

Tampoco es peque?a irregularidad la forma y el momento en que ese papel ha sido comunicado al juez del caso Palau: lo ha llevado a cabo un sindicato policial, el SUP, tras una semana de intensa explotaci¨®n del contenido que afectaba a CiU (no as¨ª a otros) en los medios de comunicaci¨®n, a partir de su filtraci¨®n. El jefe de la unidad policial a la que pertenece el membrete del documento niega que haya sido elaborado en su departamento, mientras el SUP lo atribuye a ¡°polic¨ªas indignados¡± de que sus investigaciones caigan en saco roto. El texto en cuesti¨®n no detalla nada sobre el presidente de la Generalitat, sino que se limita a una colecci¨®n de datos an¨®nimos e insinuaciones sobre el ¡°padre de Artur Mas¡± o familiares del expresidente, Jordi Pujol, adem¨¢s de una comisi¨®n supuestamente entregada a la fundaci¨®n FAES (presidida por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar). La copia del supuesto informe distribuida a la prensa por el SUP tambi¨¦n es an¨®nima: carece de sello, fecha y firma del autor.

La utilizaci¨®n de tal documento en campa?a tensiona a los electorados del nacionalismo catal¨¢n y del Partido Popular. Pero m¨¢s all¨¢ de los efectos que tenga ma?ana en las urnas, es inaceptable que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior hayan intentado sostener que no saben nada. Sobre todo despu¨¦s de que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, diera ayer por bueno un informe policial del que nadie se hace responsable. El PP vet¨® las peticiones para que los ministros de Interior y Hacienda se explicaran urgentemente en el Congreso, lo cual deja clara su nula voluntad de aclarar el esc¨¢ndalo antes de la votaci¨®n. No sabemos de las intenciones de quienes han decidido intervenir de este modo en la campa?a catalana, pero todo parece indicar que el Estado se sienta sobre una cloaca incompatible con la democracia.