El desaf¨ªo de Garo?a

El cierre de la central nuclear de Garo?a, decidido por la empresa Nuclenor (propiedad de Iberdrola y Endesa) en contra de los deseos del Gobierno muestra con toda claridad la inconsistencia de una pol¨ªtica energ¨¦tica incapaz de superar el desaf¨ªo impl¨ªcito de las compa?¨ªas propietarias contra los impuestos aprobados en la reforma elaborada por el Ministerio de Industria. Recu¨¦rdese, para entender en toda su importancia el desaire que supone el cierre de Garo?a, que el PP, desde la oposici¨®n, hizo bandera pol¨ªtica de la reapertura de la central; que despu¨¦s de las elecciones se dio un plazo hasta septiembre de este a?o para solicitar la pr¨®rroga de funcionamiento de la central, ignorado por Nuclenor; y que el domingo continu¨® la estrategia de la empresa propietaria con el inicio de la desconexi¨®n de la central.

Se mire como se mire, la decisi¨®n de Nuclenor es un desaf¨ªo a la reforma energ¨¦tica del ministro Soria que, entre otras decisiones, gravaba con una carga impositiva de 2.190 euros cada kilogramo de uranio quemado por una nuclear. El caso de Garo?a refleja por una parte la incapacidad del Gobierno, como regulador, para imponer sus tesis a los regulados (las empresas) y la irracionalidad latente de la pol¨ªtica energ¨¦tica seguida hasta ahora. En t¨¦rminos de suministro de electricidad apenas tiene importancia, porque su producci¨®n no es decisiva y menos en un periodo de hundimiento de la demanda.

No hay l¨®gica econ¨®mica, financiera e industrial en la decisi¨®n de Nuclenor. Garo?a es una instalaci¨®n sobreamortizada (funciona desde 1971) y las cargas impositivas aprobadas por el Gobierno pod¨ªan ser perfectamente trasladables a los precios finales del kilovatio. Precisamente esta traslaci¨®n a los precios que paga el usuario es lo que convierte la reforma energ¨¦tica en otro paso m¨¢s para cargar el d¨¦ficit de tarifa sobre los bolsillos de los ciudadanos y elimina cualquier ilusi¨®n de reparto equitativo entre usuarios y empresas.

Por estas razones, el cierre de Garo?a no tiene argumentos estrictamente econ¨®micos; la relaci¨®n anunciada de aumentos de costes (impuestos y efecto Fukushima) en relaci¨®n con los beneficios esperados de Garo?a tropieza con la dudosa credibilidad de las cuentas ofrecidas por las compa?¨ªas. Se trata de un desaf¨ªo pol¨ªtico de las empresas, que exigen la rectificaci¨®n de la reforma energ¨¦tica y probablemente la concesi¨®n de otras ventajas regulatorias a Garo?a y al resto de las nucleares. El desaf¨ªo puede tener consecuencias graves a medio plazo si el Gobierno no sabe o no puede imponerse. La oferta energ¨¦tica espa?ola no puede prescindir a medio plazo de una producci¨®n nuclear estrictamente controlada. No se trata tanto de construir m¨¢s grupos nucleares, cuyo coste no puede ser soportado por las el¨¦ctricas y menos en una fase de depresi¨®n econ¨®mica y ca¨ªda de la demanda, sino de mantener en funcionamiento los reactores construidos y amortizados.