M¨¢s transparencia

Nadie puede negar a Mariano Rajoy la capacidad de tomar decisiones muy duras, como ha hecho durante su primer a?o en el poder. Pero hace falta algo m¨¢s cuando buena parte de esas decisiones no estaba recogida en la oferta electoral que le llev¨® a la victoria en las urnas. Rajoy carga la responsabilidad en el debe de la herencia recibida de los socialistas y parece que piensa seguir as¨ª, habida cuenta de la frecuencia con que recurre a una explicaci¨®n de la que hab¨ªa prometido no abusar. El Gobierno precedente dej¨® las finanzas p¨²blicas en una situaci¨®n indudablemente mala, pero ese no puede ser el ¨²nico argumento tras el que justificar la falta de transparencia con la que trabaja La Moncloa.

Nada explica por qu¨¦ se legisla tanto a golpe de decreto ley en vez de tramitar proyectos para que se debatan en el Congreso, sobre todo porque la mayor¨ªa absoluta pone al Gobierno al abrigo de cualquier derrota; ni por qu¨¦ se reitera la promesa de revalorizar las pensiones hasta pocos d¨ªas antes de anunciar que no es posible hacerlo, como si hubiera sido un descubrimiento repentino. Es contradictorio reclamar la ayuda del PSOE para oponerse a los planes separatistas del nacionalismo catal¨¢n, al tiempo que el Ejecutivo hace poco o nada por atraer a los socialistas a la tarea de salir de la crisis.

La primera v¨ªctima institucional de este procedimiento es el Parlamento, cuyo papel se reduce en demasiadas ocasiones a una mera formalidad. No hay nada que justifique la falta de aportaci¨®n de datos y documentos en los que se apoyan las medidas m¨¢s duras, ni la ausencia de detalles sobre las ayudas a la banca o el porqu¨¦ del bloqueo a la investigaci¨®n parlamentaria sobre el sector financiero nacionalizado. Los ciudadanos necesitan informaci¨®n fiable y transparencia, no un ucase detr¨¢s de otro. En su ahorro de los procedimientos propios de la democracia representativa, el Gobierno tampoco parece mostrar excesivo inter¨¦s en resolver los problemas pol¨ªticos en las instituciones. Tanto es as¨ª que el Tribunal Constitucional se ha convertido de nuevo en una suerte de tercera C¨¢mara, encargada de arbitrar las disputas entre pol¨ªticos.

El escaso apego a la cultura de la negociaci¨®n y del pacto se extiende a los colectivos afectados por recortes presupuestarios y reformas varias, de manera que desde los m¨¦dicos a los profesores, los jueces, los fiscales, los cient¨ªficos o los funcionarios, a ninguno les queda pr¨¢cticamente otro ¨¢gora que la protesta extramuros de las instituciones, con el riesgo de que esa din¨¢mica excite sentimientos antisistema. La democracia representativa se basa en un juego de mayor¨ªas y minor¨ªas, de Gobierno y oposici¨®n, de contrapesos, no en la dial¨¦ctica de la calle contra el Gobierno.

Una de las consecuencias de todo esto es la p¨¦rdida de solidez pol¨ªtica. Tanto la evaluaci¨®n de la labor del presidente como la confianza que inspira han descendido a lo largo del a?o, sobre todo a partir de las medidas anticrisis de julio (subida del IVA, ahorro de 65.000 millones de gasto en dos a?os y medio, entre otras), porque ha calado la impresi¨®n de que el Gobierno carece de plan, improvisa y se limita a cumplir ¨®rdenes recibidas desde el exterior, lo mismo que sucedi¨® con Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

En descargo del inquilino de La Moncloa hay que anotar el contexto de crisis en la zona euro y la dificultad de negociar con las autoridades europeas. Si los sacrificios que exige se tradujeran en una reactivaci¨®n econ¨®mica, tendr¨ªa un balance que ofrecer. Pero el presidente deber¨ªa encarar su segundo a?o de Gobierno poniendo punto final a la opacidad, engrasando los mecanismos de la democracia representativa y esforz¨¢ndose para mantener la cohesi¨®n social.