Espa?a: Estado registral

La privatizaci¨®n del Registro Civil contenida en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros es solo la punta del iceberg de un prop¨®sito de mayor calado. La g¨¦nesis y el contenido del anteproyecto revelan una ambici¨®n inaudita de controlar la vida de los ciudadanos.

Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y qui¨¦n sea beneficiario del mismo, si somos socios de una asociaci¨®n o somos fundadores o patronos de una fundaci¨®n¡­ En fin, todos los datos de nuestra vida, los m¨¢s ¨ªntimos, vinculados al ejercicio de derechos fundamentales y de derechos constitucionales, quedar¨¢n en manos de un cuerpo de funcionarios que, adem¨¢s, se cuida de evitar cualquier control p¨²blico. ?Su responsabilidad? Solo ante la Historia.

Para conocer la g¨¦nesis del anteproyecto basta hacer una consulta a la web de la poderosa asociaci¨®n de registradores, Arbo (http://www.arbo.org.es/), que desvela c¨®mo los beneficiarios del espl¨¦ndido regalo se han encargado de prepararlo, ejerciendo funciones de promoci¨®n legislativa propias del Ministerio de Justicia. Coincidiendo con las primeras noticias acerca del anteproyecto, el director del Centro de Estudios del Colegio de Registradores se ha dirigido a todos los registradores para que env¨ªen al colegio las enmiendas, con texto alternativo y breve justificaci¨®n. Los registradores, convertidos en legislativo. Si esto sucediese en un pa¨ªs cuyo Gobierno estuviese presidido por un registrador de la propiedad, y cuyo ministro de Justicia estuviese emparentado con registradores, ?estar¨ªamos ante un esc¨¢ndalo tercermundista?

El anteproyecto atribuye a los registradores la llevanza de todos los registros jur¨ªdicos. En concreto, sumar¨ªan a la llevanza del Registro de la Propiedad y del Mercantil, el Registro Civil, el de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, el de Actos de ?ltima Voluntad, el de Asociaciones y el de Fundaciones de ¨¢mbito estatal, entre otros. Se crea un monstruo, un gran registro, al estar todos interrelacionados.

El anteproyecto parte de una falacia y privatiza registros ya pagados con nuestros impuestos

?A qu¨¦ obedece este af¨¢n acaparador? En primer lugar obedece a motivos econ¨®micos. As¨ª se ha reconocido en las respuestas del Ministerio de Justicia a las primeras cr¨ªticas; aludiendo a las maltrechas econom¨ªas de los registradores, golpeados por el estallido de una burbuja inmobiliaria que contribuyeron a crear, con demoledoras consecuencias para las econom¨ªas de los ciudadanos. Recu¨¦rdese que el debate sobre los desahucios tiene uno de sus focos en la reforma de la Ley Hipotecaria.

La exposici¨®n de motivos del anteproyecto afirma expresamente que esta profunda reforma aspira a lograr un incremento a¨²n mayor de las econom¨ªas organizativas, de gesti¨®n y de escala, as¨ª como una mayor eficacia, homogeneidad y celeridad en el funcionamiento de los sistemas registrales.

Para ello se atribuyen al Colegio de Registradores funciones esenciales de coordinaci¨®n, cooperaci¨®n, vigilancia e inspecci¨®n. Corporaci¨®n a la que se califica como un ¨®rgano permanente y soberano en el que participan democr¨¢ticamente los registradores. Reflejo n¨ªtido de la m¨¢xima aspiraci¨®n de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial: ser independientes y hacerse con una important¨ªsima parcela de poder real sobre los ciudadanos. Un Estado dentro del Estado. Ya quisieran los independentistas tama?o reconocimiento de soberan¨ªa.

El anteproyecto parte de una falacia: ¡°¡­ las faltas a las confianzas subjetivas, inevitables en un tr¨¢fico despersonalizado y escasamente moral¡­¡±. Descansa todo el entramado en la calificaci¨®n registral, decisi¨®n final de un procedimiento donde la voluntad de las personas no es sino un elemento m¨¢s. Dicho procedimiento despliega sus efectos con cierta autonom¨ªa, y se manifiesta con cierto poder de redenci¨®n: ¡°factor esencial de cooperaci¨®n al completo desarrollo jur¨ªdico de la persona individual o colectiva¡±. Los efectos de la inscripci¨®n son contundentes: ¡°los hechos inscritos existen y los actos son v¨¢lidos y exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley¡±; ¡°la inscripci¨®n constituye prueba plena¡±; ¡°los hechos inscribibles no perjudican a tercero de buena fe, sino a partir de su inscripci¨®n¡±. Todo ello implica una importante alteraci¨®n del sistema de garant¨ªas judiciales.

En Espa?a existen registros de muy diferente cu?o. As¨ª, sin ¨¢nimo de exhaustividad, mencionar¨ªamos los siguientes: el Registro Civil, el de la Propiedad, el Mercantil, el de la Propiedad Intelectual, el de la Oficina espa?ola de Patentes y Marcas, el de entidades del Banco de Espa?a, el de entidades aseguradoras, el de mediadores de seguro, el de resoluciones concursales, el de seguros de vida, el de empresas que llevan a cabo actividades de contrataci¨®n de pr¨¦stamos o cr¨¦ditos hipotecarios, los registros de la CNMV, o los diferentes registros auton¨®micos ¡ªe incluso municipales¡ª de parejas.

Este conjunto se traduce en un modelo complejo. Pese a sus diferencias, un registro es la oficina p¨²blica a la que el ciudadano necesariamente debe acudir para lograr los efectos, las garant¨ªas y la tutela que el derecho condiciona a la formalidad de la inscripci¨®n. Pese a sus diferencias, todos los registros obedecen a un inter¨¦s p¨²blico en el tr¨¢fico jur¨ªdico, inmobiliario, mercantil, financiero, industrial o intelectual. Nadie objetar¨ªa el car¨¢cter p¨²blico de la funci¨®n registral. Pero esa funci¨®n se desempe?a por los Registradores de la Propiedad de manera singular, pues en ning¨²n otro pa¨ªs son al tiempo funcionarios y profesionales, que el anteproyecto convierte en una especie de jueces, sin dependencia jer¨¢rquica. Unos funcionarios que cobran por inscribir y por consultar lo inscrito, que mercantilizan la informaci¨®n del registro mediante el artificio de la publicidad formal, autodenominados controladores ¡ªgatekeeper¡ª de los mercados y ¨¢rbitros de la legalidad en una sociedad que se atreven a calificar de despersonalizada y escasamente moral.

Grave es agredir a los ciudadanos con descalificaciones como estas y sumar privilegios a su ya privilegiada posici¨®n. Privatizan registros pagados con nuestros impuestos (como el Civil o el de Asociaciones), para explotarlos en beneficio propio. Pero lo m¨¢s grave es que est¨¢n en juego derechos fundamentales y libertades civiles. Atado y bien atado, Espa?a se convertir¨¢ en un Estado registral, que entrega a los registradores el derecho a la privacidad, el derecho a contraer matrimonio, el derecho de asociaci¨®n, el derecho de fundaci¨®n. Un Estado en que los registradores carecer¨¢n de l¨ªmites para interferir en la vida de las personas y controlar¨¢n el ejercicio de derechos civiles y de derechos pol¨ªticos, como el de asociaci¨®n y el de fundaci¨®n. Un Estado en el que el marco de las libertades civiles deja de referirse al Estado constitucional, para referirse al Estado registral. Una invenci¨®n cuasi m¨ªstica de poder frente al ciudadano. ?Qu¨¦ tienen que decir a esto el legislativo y el judicial?

Pilar Blanco-Morales Limones es catedr¨¢tica de Derecho Internacional privado. Directora General de los Registros y del Notariado entre 2004 y 2009.