No al unilateralismo
CiU y ERC quieren romper la legalidad y usar la consulta para ratificar lo que ya tienen decidido
Poco han tardado los partidos que apoyan a Artur Mas en subrayar su voluntad de constituir Catalu?a como ¡°nuevo Estado¡± sobre la base de un choque de legitimidades. Frente a la Constituci¨®n, que proclama: ¡°La soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol, del que emanan los poderes del Estado¡±, CiU y ERC pretenden que el Parlamento catal¨¢n declare al pueblo de Catalu?a como ¡°sujeto pol¨ªtico y jur¨ªdico soberano¡±. Lo que est¨¢n planteando no solo rompe con la legalidad constitucional, sino que convierte en papel mojado el derecho a decidir: porque es una posici¨®n previa a una secesi¨®n que parece decidida y que simplemente se tratar¨ªa de ratificar por v¨ªa de consulta, a tenor del proyecto de declaraci¨®n que se quiere hacer aprobar a la c¨¢mara.
Parece incre¨ªble que en Europa, y en pleno siglo XXI, haya partidos pol¨ªticos responsables que se propongan iniciativas unilaterales de esta naturaleza. Artur Mas se encuentra en abierto conflicto con el Gobierno central desde que Mariano Rajoy rechaz¨® el ¡°pacto fiscal¡± que le propuso, pero eso no justifica saltarse la legalidad. No hay ninguna circunstancia violenta ni excepcional que pueda alegarse para quemar etapas a la velocidad que lo pretenden los partidos que soportan al Gobierno de la Generalitat. Se entiende a¨²n menos cuando suman 71 diputados del nuevo Parlamento catal¨¢n (tres m¨¢s si se a?adieran los de CUP), frente a los 84 que aprobaron la declaraci¨®n por el derecho a la consulta en septiembre pasado, lo cual evidencia su fragilidad. El PSC, que se abstuvo, e ICV, que estaba a favor de la consulta, rechazan ahora una declaraci¨®n unilateral de independencia; y el PP y Ciutadans, que no apoyaban la consulta, han aumentado su fuerza parlamentaria tras las ¨²ltimas elecciones. El ala soberanista de CiU pretende forzar la ruptura de siglos de historia y convivencia en com¨²n con el resto de los espa?oles, tratando as¨ª de ocultar la p¨¦rdida de apoyos sufrida en las urnas del 25 de noviembre, donde los votos a CiU y ERC no alcanzaron la mitad de los emitidos.
Es posible que una declaraci¨®n de soberan¨ªa unilateral se quede en un acto pol¨ªtico, sin efectos jur¨ªdicos, pero eso no reducir¨¢ el abismo de desconfianza que semejante actitud acentuar¨¢ entre el conjunto de los espa?oles, y de los europeos, frente a unas autoridades que no se sienten concernidas por el Estado de derecho y quieren fabricarse otro a su gusto. La Espa?a constitucional es el fruto de muchos pactos y ese ha sido tambi¨¦n el m¨¦todo comunitario, la base que explica la Uni¨®n Europea. Romper con los principios b¨¢sicos de la negociaci¨®n y de la b¨²squeda de consensos es un camino a ninguna parte.
Cuesti¨®n distinta es que pueda existir una fuerte mayor¨ªa de catalanes que quiere decidir sobre su relaci¨®n con el resto de Espa?a. Desde luego, las reglas de juego de cualquier consulta con trascendencia constitucional tienen que ser acordadas en el marco de la legalidad. Si Artur Mas pretende visitar al Rey y al jefe del Gobierno simplemente para presentarles una declaraci¨®n unilateral de soberan¨ªa, puede ahorrarse el viaje porque quedar¨ªa en evidencia la ausencia de toda voluntad negociadora por su parte y el deseo de ir al enfrentamiento. Los ciudadanos de Catalu?a deben ser informados plenamente de las consecuencias de tama?a decisi¨®n, sin subterfugios ret¨®ricos para encubrir el rupturismo ni agitar ante ellos la zanahoria de un inexistente apoyo europeo: suficientes problemas tiene la UE como para ilusionarse con una secesi¨®n en la eurozona. A su vez, el Gobierno de Rajoy sabe que los partidos estatales est¨¢n en contra del unilateralismo de nacionalistas e independentistas, lo cual le da base suficiente para no caer en provocaciones ni cerrarse a hablar de lo que sea necesario. Las sociedades civilizadas se distinguen de las que no lo son por privilegiar la negociaci¨®n, frente a los actos de fuerza.
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