Obligado a retroceder

El proyecto soberanista de Artur Mas recibi¨® el jueves un nuevo rev¨¦s. La gran patronal catalana, Fomento del Trabajo, se pronunci¨® en contra de la declaraci¨®n de soberan¨ªa que CiU y ERC quieren votar en el primer pleno de la legislatura. Su presidente, Joaquim Gay de Montell¨¤, se opuso alegando que el plan conduce a un choque de trenes con Espa?a y a una fractura interna en la sociedad catalana. La realidad se est¨¢ imponiendo sobre el espejismo con el que CiU y ERC pretend¨ªan abrir la nueva etapa parlamentaria. El contenido de la declaraci¨®n unilateral de soberan¨ªa ha sido ya notablemente rebajado y CiU ha podido comprobar lo dif¨ªcil que es sumar aliados para su envite.

CiU y ERC han cometido el error de intentar convertir lo que inicialmente se hab¨ªa planteado como una declaraci¨®n en favor del derecho a decidir en una declaraci¨®n a favor de la independencia. El texto propuesto prefiguraba esa consulta como un paso hacia la construcci¨®n de un Estado propio. La reacci¨®n del resto de fuerzas pol¨ªticas ante esta maniobra ha obligado a la coalici¨®n gubernamental a retroceder. Y a pesar de que ya ha desaparecido del texto la referencia a un Estado propio, la reuni¨®n celebrada ayer entre los cinco partidos que coinciden en apoyar la celebraci¨®n de una consulta ¡ªCiU, ERC, PSC, ICV y CUP¡ª termin¨® sin acuerdo.

De las negociaciones de los ¨²ltimos d¨ªas se desprende que el mayor consenso llega, como mucho, a reclamar el derecho a decidir, y ni siquiera hay acuerdo; y esto es determinante en c¨®mo debe ejercerse ese derecho. El PSC mantiene su objeci¨®n a que la declaraci¨®n incluya expresiones como ¡°soberan¨ªa jur¨ªdica y pol¨ªtica del pueblo catal¨¢n¡±, pues ello implica que solo los ciudadanos de Catalu?a tendr¨ªan derecho a decidir en una eventual consulta. Y sigue exigiendo que esta sea legal.

CiU parece ya resignada a que la consulta no sea vinculante. Pero incluso una votaci¨®n de car¨¢cter consultivo amparada en una nueva ley del Parlamento catal¨¢n parece problem¨¢tica. En cualquier caso, en la exigencia de respeto a la legalidad los socialistas no est¨¢n solos: entre otros, coinciden nada menos que con uno de los miembros del pacto de legislatura, Uni¨®, que, por otra parte, sintoniza m¨¢s con los postulados del empresariado que con los del socio republicano.

Si en alg¨²n momento Mas se hab¨ªa hecho la ilusi¨®n de que podr¨ªa arrastrar a los dem¨¢s a sus posiciones, ahora est¨¢ comprobando que no lo tiene f¨¢cil. Para que la declaraci¨®n tenga fuerza pol¨ªtica ¡ªya se sabe que jur¨ªdica no la tiene¡ª necesita sumar al PSC. Pero el PSC tiene otra agenda, y har¨¢ bien en no dejarse seducir por los cantos de sirena de tan temerarios timoneles y mantenerse firme en una v¨ªa que puede parecer m¨¢s dif¨ªcil, si el PP no se mueve, pero que a la larga puede resultar m¨¢s factible y realista: pactar con el resto de Espa?a una reforma de la Constituci¨®n que permita acordar un modelo, por ejemplo federal, en el que Catalu?a pueda sentirse c¨®moda.