John Wayne, Salander y Espa?a

Aunque suene ir¨®nico en estos tiempos de desconfianza ciudadana may¨²scula hacia nuestras instituciones, los espa?oles creemos demasiado en el Estado. En la cr¨ªtica feroz hacia la clase pol¨ªtica que todos hacemos estos d¨ªas subyacen unas expectativas muy altas sobre lo que nuestras administraciones son capaces de hacer. Da igual la ideolog¨ªa. Se da por descontado que, con los pol¨ªticos adecuados, los recursos adecuados y las pol¨ªticas adecuadas, el Estado ser¨¢ capaz de quitarnos de encima todo lo malo (pobreza, crimen, corrupci¨®n, fraude fiscal) y darnos todo lo bueno (crecimiento econ¨®mico, educaci¨®n, sanidad, vivienda, lo que quer¨¢is). Desde luego, el Estado es muy importante para el bienestar de cualquier sociedad, pero necesita la participaci¨®n activa de los ciudadanos en aspectos clave. Esta involucraci¨®n es la gran ausente en el debate actual sobre la "regeneraci¨®n" de las instituciones en Espa?a. La creencia latente en el poder demi¨²rgico del Estado se nota en las propuestas para luchar contra la corrupci¨®n que se apremian a presentar todos los partidos. Ya sean unidades policiales, fiscal¨ªas o tribunales destinados a la lucha contra la corrupci¨®n, los sujetos de estas acciones son agentes p¨²blicos. La sociedad queda al margen.

Existe evidencia de que estas estrategias, si bien necesarias, no son suficientes. Hay, de hecho, una literatura especializada en por qu¨¦ fracasan muchas iniciativas anti-corrupci¨®n. Ni que decir tiene que los pol¨ªticos reformistas espa?oles andan demasiado ocupados en lanzar propuestas como para detenerse a leer esos trabajos. Los estudios muestran que la corrupci¨®n no se puede combatir s¨®lo con legislaciones punitivas. Con estados que regulan cada vez m¨¢s actividades humanas y manejan casi la mitad de la riqueza nacional, existen millares de decisiones p¨²blicas que pueden corromperse para beneficio de unos pocos. Las leyes, por muy detalladas que sean, no pueden prever ex ante todas estas instancias que pueden dar lugar a comportamientos inapropiados. Adem¨¢s, los potenciales corruptores, desde empresarios locales a multinacionales, son tambi¨¦n cada d¨ªa m¨¢s poderosos.

Se han de hacer reformas que introduzcan mecanismos de pesos y contrapesos en las instituciones

El camino m¨¢s acertado para minimizar ¡ªnunca se puede eliminar del todo¡ª la corrupci¨®n pasa, en primer lugar, por reformas institucionales que introduzcan mecanismos de pesos y contrapesos dentro de las instituciones y as¨ª no haya que depender en exclusiva de la atenci¨®n, siempre limitada, de los organismos auditores. Utilizando una famosa met¨¢fora en ciencia pol¨ªtica, la corrupci¨®n ser¨ªa como el fuego: se detecta mejor con ¡°alarmas de incendios¡± colocadas estrat¨¦gicamente que desplegando costosas ¡°patrullas policiales¡± por todo el territorio.

Adem¨¢s, es necesaria la implicaci¨®n activa de la sociedad. La experiencia internacional ofrece dos f¨®rmulas interesantes para incentivar esa participaci¨®n. Por un lado, tenemos lo que podr¨ªamos llamar el modelo John Wayne: el cazarrecompensas que entrega el criminal a la justicia a cambio de una parte del bot¨ªn incautado. Es el sistema aplicado por las pragm¨¢ticas autoridades americanas cuando no controlan un territorio, ya fuera el Lejano Oeste en el pasado o los mercados financieros globalizados hoy d¨ªa.

Conscientes de la dificultad creciente para detectar el crimen de cuello blanco, varios organismos p¨²blicos americanos est¨¢n invirtiendo recursos en proteger, asesorar y dar recompensas a whistleblowers (en principio, no me gusta la traducci¨®n usual de 'delator' o 'chivato', por sus connotaciones peyorativas); es decir, individuos que revelan actividades delictivas o inapropiadas. Por ejemplo, la agencia reguladora del mercado de valores cre¨® en 2011 la Oficina del Whistleblower con el objetivo de conseguir informaci¨®n sobre malas pr¨¢cticas en grandes corporaciones antes de que puedan dar lugar a un nuevo desastre financiero. Asimismo, la agencia tributaria americana ofreci¨® el a?o pasado una recompensa de 104 millones de d¨®lares a un whistleblower a cambio de informaci¨®n que permiti¨® recuperar una ingente cantidad de millones evadido a trav¨¦s de cuentas suizas.

Como el fuego, el abuso se detecta mejor con ¡®alarmas de incendios¡¯ que con ¡®patrullas policiales¡¯

Este modelo John Wayne no est¨¢ en nuestra agenda pol¨ªtica, algo incre¨ªble dados los casos de corrupci¨®n y fraude con los que nos levantamos cada d¨ªa. Pero es que, adem¨¢s, el gobierno, con la amnist¨ªa fiscal, ha seguido m¨¢s bien la filosof¨ªa opuesta para atraer dinero a las arcas p¨²blicas. La recompensa no va a los cazarrecompensas sino a los forajidos, que son los que se quedan con una parte (muy grande) del bot¨ªn. En nuestra pel¨ªcula no gana John Wayne. Ganan los malos. Un mensaje moralmente muy edificante.

Tenemos tambi¨¦n un segundo modelo de implicaci¨®n ciudadana en el control de lo p¨²blico. En este caso no se trata de favorecer a los cazarrecompensas, sino a los cazadores de informaci¨®n como, por ejemplo, el periodismo de investigaci¨®n. Como es propio de las sociedades del norte de Europa, lo llamar¨¦ modelo Salander, en honor a la entrometida hacker de las novelas de Stieg Larsson. Es bien sabido que los estados n¨®rdicos son grandes y efectivos, pero ello es en parte posible gracias a una contribuci¨®n ciudadana que se suele pasar por alto en la mayor¨ªa de an¨¢lisis, ya que los cient¨ªficos sociales tendemos a fijarnos, sobre todo, en la contribuci¨®n v¨ªa impuestos. Me refiero a la existencia de un impl¨ªcito contrato social por la transparencia. No s¨®lo de las instituciones, sino de los individuos. Y no s¨®lo de los que ocupan un puesto p¨²blico, sino de todos los ciudadanos.

El modelo Salander, por ejemplo, permite tener acceso a las declaraciones de renta de todos los ciudadanos. Esto puede parecer una violaci¨®n inadmisible de la privacidad, pero tiene l¨®gica que nuestras contribuciones a la cosa p¨²blica sean p¨²blicas. Tenemos as¨ª un control social efectivo sobre defraudadores potenciales, que se lo pensar¨¢n dos veces antes de declarar una d¨¦cima parte de sus ingresos si saben que cualquiera ¡ªun periodista o su vecino¡ª puede observar la discrepancia entre sus actividades y sus impuestos.

No parece que la ley

Las sociedades verdaderamente transparentes no lo son porque sus organismos p¨²blicos se dediquen a volcar toneladas de informaci¨®n en su p¨¢gina web ¡ªpor cierto, presentada por lo general de forma antiest¨¦tica y usando una jerga ininteligible para el com¨²n de los mortales¡ª que es lo que suelen hacer nuestras instituciones. Son transparentes porque hay un acceso r¨¢pido y sencillo a informaci¨®n clave, dando al periodista o al ciudadano un estatus de observador privilegiado de lo que ocurre en las administraciones p¨²blicas y en las relaciones de ¨¦stas con los ciudadanos. Por ejemplo, un cargo p¨²blico tendr¨¢ cinco d¨ªas para ense?ar los movimientos de su tarjeta de cr¨¦dito profesional al periodista que se lo pida. Dudo que la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno, en estos momentos en tramitaci¨®n parlamentaria, acabe adoptando esta visi¨®n de la transparencia. S¨®lo hace falta ver las lagunas del anteproyecto de ley agudamente detectadas por Jes¨²s Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en Espa?a, en su p¨¢gina web. No parece que la ley vaya a facilitar mucho el periodismo de investigaci¨®n en nuestro pa¨ªs.

Si queremos aumentar la calidad de nuestros gobiernos, los ciudadanos debemos estar dispuestos a contribuir. Ello acarrea sacrificios. El modelo Salander implica renunciar a una parte de nuestra privacidad y el modelo John Wayne requiere cabalgar en solitario por terrenos inh¨®spitos. Como subrayan los expertos, hay soledad, sudor y l¨¢grimas detr¨¢s de cada valiente que denuncia una mala pr¨¢ctica de alguien de su entorno m¨¢s cercano.

En resumen, toda pol¨ªtica efectiva en la lucha contra el abuso de lo que es de todos necesita convertir a los ciudadanos en actores principales. Nuestros John Waynes y Salanders son las mejores ¡°alarmas de incendios¡± contra la corrupci¨®n. Eso no quiere decir que no haya que invertir en ¡°patrullas policiales¡±. Por ejemplo, nuestra administraci¨®n tributaria necesita sin lugar a dudas una inversi¨®n notable en recursos humanos. Pero estos servidores p¨²blicos no van a poder sin nuestra ayuda. Es el momento de que les echemos una mano.

V¨ªctor Lapuente es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.