Dinero an¨®nimo

En noviembre de 1993, inmediatamente despu¨¦s de las elecciones generales, el director del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), Luis Aguiar, convoc¨® a algunos diputados y profesores de Ciencia Pol¨ªtica y Derecho Constitucional para un debate sobre la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, dentro del m¨¢s amplio sobre regeneraci¨®n democr¨¢tica que el nuevo Gobierno socialista quer¨ªa proponer. El CEC pidi¨® a cuatro de los invitados que presentaran sendas ponencias: Enrique ?lvarez Conde, Roberto Blanco, Pilar del Castillo (experta en el tema y luego ministra de Educaci¨®n y Cultura con Aznar) y yo mismo. Me referir¨¦ a estas dos ¨²ltimas ponencias porque expresan los dos principales sistemas de financiaci¨®n de partidos que hay en los pa¨ªses occidentales.

La propuesta de Del Castillo miraba al modelo de Estados Unidos: basar la financiaci¨®n de los partidos en las contribuciones privadas, liberaliz¨¢ndolas y desgrav¨¢ndolas fiscalmente. Por mi parte, propuse exactamente lo opuesto, es decir, el modelo europeo (continental) m¨¢s extendido: financiaci¨®n preferentemente p¨²blica, porque nadie da importantes sumas de dinero a cambio de nada, especialmente las grandes empresas. Y dije algo m¨¢s. Destaco lo que fue mi propuesta n¨²mero 5: ¡°prohibici¨®n de toda aportaci¨®n an¨®nima¡± (CEC, Madrid, 1994, p¨¢gina 72). Y es que la Ley 3/1987, entonces vigente, y que se hab¨ªa aprobado en su d¨ªa con unanimidad parlamentaria, permit¨ªa las donaciones a los partidos sin obligaci¨®n de que fueran nominativas, dentro de unos m¨¢rgenes. As¨ª se mantuvo, desgraciadamente, hasta 2007.

El caso Filesa, de financiaci¨®n irregular del PSOE ¡ªque empez¨® en 1991 y culmin¨® judicialmente en 1995, y que se sald¨® con un alto precio pol¨ªtico para la izquierda¡ª hab¨ªa puesto de manifiesto que la democracia espa?ola necesitaba una ley de financiaci¨®n de los partidos que estableciera algo b¨¢sico: la publicidad de las contribuciones privadas, punto de partida esencial para evitar la corrupci¨®n. Sin embargo, los Gobiernos de Aznar (1996-2004) no quisieron modificar la ya inservible Ley 3/1987.

Creo que esa deficiente regulaci¨®n ¡ªel anonimato de la entrega de dinero¡ª es uno de los puntos que explican hoy el caso G¨¹rtel y los llamados ¡°papeles de B¨¢rcenas¡±.

Los partidos conservadores, en Espa?a y fuera de Espa?a, han recibido tradicionalmente una importante financiaci¨®n de los poderes econ¨®micos. Seg¨²n ha se?alado J. M. Irujo (EL PA?S, 4-2-2013), el PP declar¨® al Tribunal de Cuentas haber recibido en donativos an¨®nimos, entre 1992 y 2007, 28 millones de euros. Si lo sumamos a los ingresos por ese concepto de los partidos conservadores nacionalistas catalanes y vascos, resultan m¨¢s de 80 millones de euros en ese periodo. Comp¨¢rese con el PSOE + PSC: 7 millones de ingresos. No hay proporci¨®n. De forma natural, la financiaci¨®n que nace de las corporaciones privadas se dirige muy mayoritariamente a los partidos del espectro del centro-derecha.

La aportaci¨®n de las empresas se inclina hacia los partidos del centro derecha

Pero el fondo de la cuesti¨®n es la relaci¨®n patol¨®gica y estructural que se ha dado entre los intereses de una parte del sector de la construcci¨®n residencial y otros sectores econ¨®micos, y algunos dirigentes de la derecha pol¨ªtica espa?ola. Una relaci¨®n que se estrecha en los a?os de la burbuja inmobiliaria (que es, a su vez, la causa central de la grav¨ªsima crisis econ¨®mica que sufrimos, y de millones de parados) y que da lugar al caso G¨¹rtel. Todo ello aprovechando que la ley de 1987 no pon¨ªa dificultades a las contribuciones privadas, porque eran an¨®nimas. Por su opacidad y secretismo, constitu¨ªan una gran tentaci¨®n para, en parte declararlas al Tribunal de Cuentas, y en parte no, como podr¨ªa deducirse de los apuntes de la contabilidad atribuida a B¨¢rcenas.

Esa contabilidad paralela, hecha p¨²blica por EL PA?S, y que Rajoy ha sido hasta ahora incapaz de explicar, finaliza en 2008. Es precisamente la fecha en que acababa de entrar en vigor la nueva Ley 8/2007 de Financiaci¨®n de Partidos, que estos d¨ªas no ha sido citada y que es decisiva.

Esta ley, de la primera legislatura de Zapatero, realiza un cambio sustancial, que muestra que el Partido Socialista hab¨ªa aprendido la lecci¨®n de su pasado: proh¨ªbe las donaciones privadas an¨®nimas a los partidos. Es una reforma legal que significaba el fin ¡ªo, al menos un obst¨¢culo muy potente¡ª para un modelo G¨¹rtel o un modelo B¨¢rcenas. Adem¨¢s, obliga a los partidos a abrir en las entidades de cr¨¦dito cuentas espec¨ªficas y exclusivas para ingresar todas las donaciones privadas.

No solo eso. La regulaci¨®n de 2007 extiende el control del Tribunal de Cuentas, y la obligada transparencia de las contribuciones privadas, a las fundaciones de los partidos.

La Ley de 2007 no es perfecta, pero constituye un instrumento v¨¢lido para evitar o para luchar contra la corrupci¨®n en la financiaci¨®n de los partidos, porque dificulta la acci¨®n de los ¡°corruptores¡±, los que suministran ilegalmente el dinero a los ¡°corrompidos¡±. Esto es especialmente injusto para los militantes de los partidos, que desconocen las pr¨¢cticas de unas pocas personas en las c¨²pulas.

A mi juicio, a¨²n falta dar capacidad controladora al Tribunal de Cuentas para que pueda investigar tambi¨¦n las cuentas de las personas jur¨ªdicas que hayan dado cantidades de cierta entidad a aquellos. M¨¢s a¨²n. Creo que habr¨ªa que prohibir las donaciones de las empresas a los partidos pol¨ªticos. En realidad, solo se deber¨ªan permitir aportaciones por personas f¨ªsicas. Este debate hay que abrirlo.

Pues bien, la ley que dio transparencia, por fin, a las donaciones a los partidos fue debatida y votada en el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 2007. ?Saben qu¨¦ vot¨® el Partido Popular? El Partido Popular de Rajoy perdi¨® una gran oportunidad y vot¨® en contra. El ¨²nico grupo que vot¨® en contra.

Ese mismo d¨ªa, el Congreso vot¨® otra importante reforma legal del Gobierno socialista: la Ley del Suelo, que derog¨® la nefasta ley que hab¨ªa hecho posible la crisis inmobiliaria (la Ley del Suelo de Rodrigo Rato). ?Qu¨¦ hizo el PP cuando se puso a votaci¨®n la derogaci¨®n de la ley que hab¨ªa permitido la mayor especulaci¨®n inmobiliaria de la historia de Espa?a? El PP vot¨® en contra.

Diego L¨®pez Garrido es diputado del PSOE y catedr¨¢tico de Derecho Constitucional.